CARTA ABIERTA DE LAS PRISIONERAS POLÍTICAS DE GUERRA: A PROPÓSITO DEL "ENFERMERO" Y LOS ABORTOS

Carta abierta de las prisioneras políticas de guerra
A propósito del “enfermero” y los abortos

El año arrancó con la noticia del pedido de repatriación de un supuesto enfermero de las Farc acusado por unas desmovilizadas de haber practicado más de 500 abortos. Desde La Habana negaron tenerlo en su censo. Entonces por los medios reacomodaron la noticia: está bien, no es un guerrillero pero varias organizaciones insurgentes lo han contratado para estos fines. En la penitenciaria de Jamundí comentamos este enredo, con una mezcla de desdén e indignación.

La propaganda negra es una conocida táctica de guerra que busca desprestigiar al adversario a punta de infundios, aprovechando el poder y el cuasi-monopolio de los medios de comunicación, que se concentran en un pequeño sector privilegiado, en que una mentira mil veces repetida puede convertirse en verdad. En estos 50 años de lucha revolucionaria, contra las Farc se han hecho cientos de montajes y se han inventado las más absurdas acusaciones. Es particularmente llamativo que esta nueva difamación se realice en una etapa tan avanzada del proceso de paz. Lo interpretamos como un rastrero intento de imputarle cargos a las Farc de delitos contra el DIH y frenar los acuerdos. Ya quisiéramos que los guerreristas mostraran el mismo celo y preocupación por los niños que mueren diariamente por desnutrición, abandonados en las calles o por falta oportuna de atención médica ¡Pero eso sería pedirles demasiado!

No deseamos ser contestatarias, sin embargo, ante este hecho particular como mujeres y como combatientes farianas, queremos hacer algunas precisiones desde nuestra experiencia. En primer lugar, consideramos que los hechos deben contextualizarse. Una mujer no emplea el aborto como método de planificación. ¡Eso no sucede! Es su última alternativa. Una decisión personal a la que en ocasiones recurre cuando los métodos anticonceptivos fallan o por razones de fuerza mayor. Una opción difícil y no exenta de contradicciones.

Millares de mujeres en el mundo se ven obligadas a practicarlo. Muchas han muerto porque tienen que acudir a lugares clandestinos que no siempre cuentan con las condiciones de asepsia requeridas. Aunque en nuestro país recientemente se legalizó la interrupción del embarazo en tres casos específicos, no resulta fácil acceder a este servicio. El derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo es una decisión que aún no ha terminado.

En segundo lugar, la lucha armada revolucionaria es una vida de muchas privaciones, de zozobra constante ante la inminencia del combate, de largas jornadas de marcha en terreros difíciles en las que, como el caracol, hay que llevar la casa a cuestas. Por lo tanto, por elemental sentido común, es fácil comprender que en estas condiciones, la decisión más sensata es la de evitar el embarazo. No obstante, el instinto de reproducción –como cualquier otro instinto regulado por la cultura– en ocasiones transgrede las normas y termina imponiéndose.

A todo combatiente fariano se le dan a conocer sus derechos y deberes consagrados en los estatutos de la organización. Uno de ellos es la obligación de planificar cuando se decida asociarse o tener pareja afectiva. En todos los frentes, la enfermería lleva un control riguroso y la mayoría de la militancia es muy disciplinada. Sin embargo, ningún método es cien por ciento seguro y también, por qué negarlo, hay guerrilleras que junto a su pareja deciden tener hijos y asumir las sanciones establecidas: realizar trabajo físico e intelectual y dejar al bebé al cuidado de sus parientes más cercanos. Aunque, la verdad, unas cuantas deciden quedarse con su hijo y abandonan la lucha armada.

En tercer lugar, es preciso señalar que no es fácil para algunas mujeres renunciar a tener hijos o a vivir alejadas de ellos, viéndolos solo de vez en cuando. Tener hijos es una forma simbólica de no morir creyendo perpetuarse en ellos. Quizá las personas de escasos recursos económicos son más proclives a tener familiar numerosas porque excluidos de todo, los hijos son lo único que tienen realmente suyo.

La conclusión es clara. El deber de planificar establecido en las Farc no es más que un ejercicio consecuente de una “ma-paternidad” responsable y no por una política de violencia de género, como de manera malintencionada pretende mostrarse. En las Farc el aborto es la excepción y no la regla.
Confiamos en que pronto la historia, no la oficial sino la que reconstruiremos todos los actores sociales, develará esta y otras realidades que se presentan en el contexto de la guerra. Quizás también podrán oírse los testimonios de los hijos de las farianas que se convirtieron en un incentivo más para sus padres para continuar luchando por un país justo e incluyente. Por ahora no es posible.

Prisioneras políticas de Guerra FARC-EP
Jamundí, Valle del Cauca. Colombia
Marzo de 2016

Denuncia Pública: asesinado en Buenaventura líder de CONAFRO

DENUNCIA PÚBLICA

LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL MOVIMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL MARCHA PATRIÓTICA VALLE DEL CAUCA

DENUNCIA ANTE LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

ASESINATO DE LÍDER COMUNITARIO, INTEGRANTE DE LA PLATAFORMA ANTORCHA CIUDADANA, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ORGANIZACIONES Y COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES - CONAFRO Y AL MOVIMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL MARCHA PATRIÓTICA.


HECHOS

18 de marzo de 2016, Buenaventura-Valle del Cauca

Cerca de las 8:00 de la noche, en el barrio Bella Vista del Distrito Especial de Buenaventura, mientras el señor ADRIÁN QUINTERO MORENO salía de una tienda es interceptado por reconocidos paramilitares autodenominados “Los Urabeños”, propinándole tres impactos de bala en la cabeza que acabaron con su vida en el lugar de los hechos.


SEÑALANDO QUE

El Distrito Especial de Buenaventura atraviesa una aguda crisis humanitaria, caracterizada por sistemáticos asesinatos, desplazamientos, desapariciones forzadas, amenazas y hostigamientos contra la población por parte de grupos paramilitares que tienen bajo su control amplias zonas del territorio, entre ellas el barrio Bella Vista –donde sucedieron los hechos– y zonas aledañas. Todo esto en el marco del desarrollo de megaproyectos y de inversión de capital transnacional –como la promovida por la Alianza del Pacífico– motivados por la condición estratégica en términos geopolíticos del municipio de Buenaventura.

El asesinato de ADRIÁN QUINTERO MORENO se produce en un contexto nacional de persecución sistemática por parte del aparato estatal y paramilitar contra el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, que ha producido a la fecha 117 integrantes de nuestro movimiento asesinados, además de cientos de amenazas y más de 300 prisioneros y prisioneras políticas.


RESPONSABILIZAMOS

Al Estado colombiano en cabeza del presidente JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN, a la gobernación del departamento del Valle del Cauca en cabeza de DILIAN FRANCISCA TORO, a la Alcaldía del Distrito Especial de Buenaventura en cabeza de ELIÉCER ARBOLEDA TORRES, y en particular al Coronel CAMILO ERNESTO ALVAREZ OCHOA, comandante departamento de Policía Valle del Cauca y al Brigadier General LUIS FERNANDO ROJAS ESPINOSA, comandante de la III División del Ejército, por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) que se presentan en la zona de operaciones de las unidades policiales y militares que dirigen.


EXIGIMOS

Responsabilidad estatal frente a los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, a la libre movilidad de los integrantes de la Coordinación Nacional de Organizaciones y Comunidades Afrodescendientes - CONAFRO y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, que se están viendo afectados por la acción de grupos armados irregulares.

A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, A LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA Y A LA ALCALDÍA DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA

·         Tomar las medidas correspondientes para garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, a la libre movilidad de los integrantes de la Coordinación Nacional de Organizaciones y Comunidades Afrodescendientes - CONAFRO y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, que se están viendo afectados por la acción de grupos armados irregulares así como la desarticulación definitiva de los grupos paramilitares que operan en Buenaventura, cuya existencia constituye un riesgo inminente para la población y especialmente para quienes tienen un ejercicio político activo como parte del movimiento social y popular.

·         Desarrollar las acciones necesarias para garantizar el respeto a los derechos humanos de la población, prestando especial atención a los líderes y lideresas de los procesos comunitarios.

A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

·         En cumplimiento de las funciones establecidas en la ley, llevar a cabo la investigación exhaustiva de los hechos que produjeron el asesinato de ADRIAN QUINTERO MORENO, con el fin de identificar, investigar y judicializar a los directos responsables de este asesinato, así como a sus autores intelectuales.

A LA PERSONERÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA Y A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

·         Que en cumplimiento de sus funciones constitucionales, garanticen los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, a la libre movilidad de los integrantes de la Coordinación Nacional de Organizaciones y Comunidades Afrodescendientes - CONAFRO y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica y en general del conjunto de la población del Distrito Especial de Buenaventura, especialmente de los líderes y lideresas sociales, que se están viendo afectados por la acción de grupos armados irregulares.

·         Avanzar en las acciones legales necesarias que logren determinar las responsabilidades colectivas e individuales por las violaciones el Derecho Internacional de los Derechos Humanos que están expuestos en esta Denuncia Pública.


SOLICITAMOS

AL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS

·         Brindar acompañamiento a las comunidades de Buenaventura que se encuentran en zonas controladas por grupos paramilitares, con el fin de garantizar sus derechos humanos.

A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y DE DERECHOS HUMANOS

·         Visibilizar la grave crisis humanitaria que atraviesa Buenaventura y las violaciones a los derechos humanos de las que están siendo víctimas sus pobladores.

Agradecemos enviar comunicación a las siguientes instituciones con copia al correo: vallemarchaderechoshumanos@gmail.com y derechosmarcha@gmail.com.

Valle del Cauca, marzo 23 de 2016


INSTITUCIONES A DONDE SE DEBEN DIRIGIR

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Cauca Bogotá

GERMAN VARGAS LLERAS
Vicepresidente de la República
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.
Conmutador (57 1) 562 9300

LUIS CARLOS VILLEGAS
Ministro de la Defensa
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.

JUAN FERNANDO CRISTO
Ministro del Interior
Carrera 9a. No. 14-10 - Bogotá, D.C.
PBX (+57) 444 31 00 Ext. 1820

YESID REYES ALVARADO
Ministro de Justicia y del Derecho
Calle 53 No. 13 - 27 - Bogotá, D.C.
PBX: (+57) 444 3100 Ext. 1820. Línea de Atención al Usuario: 01-800-09-11170

LUIS EDUARDO MONTEALEGRE
Fiscal General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01 - Bogotá, D.C.
Teléfonos: 570 20 00 - 414 90 00

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Calle 55 # 10-32, Bogotá
Fax: (+571) 640.04.91

ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO
Procurador General de la Nación
Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.

OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS
Calle 114 No. 9-45 Torre B Oficina 1101
Edificio TeleportBussines Park – Bogotá, Colombia
Teléfono PBX (57-1) 629 3636 (57-1) 629 3636 Fax (57-1) 629 3637

DILIAN FRANCISCA TORO
Gobernadora del Valle del Cauca
Carrera 6 entre calles 9 y 10 Edificio Palacio de San Francisco. Cali, Valle del Cauca
Conmutador: (57-2) 620 00 00 - 886 00 00

ELIÉCER ARBOLEDA TORRES
Alcalde del Distrito Especial de Buenaventura
Edificio CAD Calle 2 Cra 3 Centro, Buenaventura Valle del Cauca Colombia
Teléfono: (57) 2 2410929 - (57) 2 2410990
Correo: alcalde@buenaventura.gov.co