Jornada de Protesta en La Cárcel De Cómbita-Boyacá
La Corporación Solidaridad Jurídica
respalda la jornada de protesta de los presos recluidos en la penitenciaria de
alta seguridad de Combita-Boyacá, y exige a las autoridades tomar las medidas
necesarias para garantizar los derechos de la población carcelaria, así como
alerta ante cualquier represalia a la que puedan ser sometidos los
internos que vienen adelantando esta jornada de movilización.
Comunicado
a la opinión publica
Los presos de la penitenciaria de alta
seguridad de Combita-Boyacá comunicamos a la opinión publica nacional e
internacional que desde el día de hoy nos lanzamos en una huelga de hambre,
cese de actividades y desobediencia civil pacifica, esto debido a las
condiciones degradantes e inhumanas que padecemos los presos de esta
penitenciaria, en una nula asistencia a la salud, debido a esto la muerte
de unos compañeros, la estafa en la nueva contratación de asignación de
alimentación para los presos, por su pésima calidad y su reducción en el
gramaje en nuestras comidas, sometiendo al preso a aguantar física hambre, la
nula clasificación de los presos en la fase de mediana seguridad vulnerando su
derecho a los beneficios administrativos. Igualmente el INPEC esta hacinando
esta penitenciaria metiendo de a tres presos por celda trasladando el
problema de otros penales a este, ósea mas tortuoso el remedio que la
enfermedad. También por el maltrato a nuestros visitantes mediante el sistema
de ingreso al penal.
Demandamos de este estado de cosas
incosntitucionales violatorios de todos nuestros derechos en nuestra
condición de presos y personas privadas de la libertad, exigimos la
presencia de un delegado del ministerio de interior y de justicia, la dirección
general del INPEC, la defensoría del pueblo, la procuraduría general de la
nación y contraloría, así como también de la fiscalía general de la nación para
que se investigue la muerte de los compañeros que por falta de asistencia
medica ya no están, así como la violación de la ley.
Queremos desde ya responsabilizar a las
autoridades penitenciarias por lo que pueda ocurrir, pues nuestra justa
protesta es en pro de nuestras reivindicaciones sociales y derechos legales
todo de acuerdo al articulo 37 y 56 de la constitución política de Colombia.
Por una vida digna
Reclusos penitenciaria nacional de
Combita-Boyacá
Noviembre 19 de 2013
Argentina: Libertad Para Huber Ballesteros!
NO MÁS CRIMINALIZACIÓN
DE LA PROTESTA SOCIAL EN COLOMBIA!
Argentina, Agosto 28 de
2013
Desde la Asociación de
Derechos Humanos Justicia Social por Colombia y la Campaña Traspasa los Muros
Capítulo Argentina rechazamos contundentemente la detención y judicialización
de nuestro compañero Hubert Ballesteros el pasado domingo 22 de agosto en la ciudad
de Bogotá, Colombia.
Hubert Ballesteros ha
sido un luchador incansable del movimiento popular colombiano desde los años 80
y actualmente es miembro del comité ejecutivo de la Central Unitaria de
Trabajadores-CUT, vicepresidente de la Federación Nacional Sindical Unitaria
Agropecuaria-FENSUAGRO, vocero de la Mesa de Interlocución y Acuerdo-MIA e
integrante de la Junta Patriótica Nacional del Movimiento Político y Social
Marcha Patriótica.
La detención de Hubert
Ballesteros se da en el marco del Paro Nacional Agrario y Popular iniciado
desde el 19 de agosto, que ha logrado movilizar a lo largo y ancho de Colombia
a miles de mujeres y hombres que reclaman justicia y dignidad. En estos días el
Estado colombiano ha agudizado su estrategia de represión y estigmatización de
la protesta social, desplegando las más brutales medidas contra la población
civil, que a la fecha dejan 5 personas asesinadas, más de 250 personas
detenidas y judicializadas y cerca de 200 personas heridas.
Paradójicamente el
gobierno de Juan Manuel Santos, mientras habla de paz en los medios masivos de
comunicación, avanza con decisión en la ya acostumbrada tendencia a catalogar
como terrorista a todo aquel o aquella que se oponga al régimen imperante y
luche para transformarlo. La alarmante cifra de 9.500 prisioneras y prisioneros
políticos en Colombia sigue en aumento; las cárceles siguen alimentando su
hacinamiento con estudiantes, sindicalistas, campesinos y obreros cuyo delito
es tener la firme convicción de que otra Colombia es posible. Cabe recordar que Colombia es el país más
peligroso del mundo para ejercer el sindicalismo: de 2002 a lo que va de este
año han sido asesinados 791 sindicalistas. En este contexto, FENSUAGRO ha
estado desde su origen en 1976 en la mira de la persecución estatal, con más de
1000 afiliados asesinados y cerca de 70 miembros encarcelados.
Esta detención, además
de ser expresión de la persecución contra Marcha Patriótica, es otra
manifestación de las impunes estrategias del Estado para deslegitimar un Paro
que ha puesto en jaque su política de “prosperidad para todos”. Viendo
frustrados sus intentos por invisibilizar y contener la movilización social, el
gobierno colombiano no encuentra otra salida que recurrir a absurdos montajes
judiciales para encerrar en sus cárceles de miseria a quienes representan un
obstáculo para su proyecto de entregar el país a la dominación extranjera.
Desde Argentina enviamos
nuestro apoyo incondicional a Hubert Ballesteros y a las prisioneras y
prisioneros que como parte del Movimiento Nacional Carcelario se han declarado
en desobediencia pacífica en apoyo al Paro Nacional agrario y Popular.
No más montajes
judiciales, no más presos por luchar!
La lucha social no es un
delito, es un paso hacia la libertad!
Etiquetas:
Prisioneros políticos,
Traspasa los muros
Palmira: 64 Prisioneros de la Cárcel Palmira en huelga de hambre
2013/ JUNIO 7/
PALMIRA/ Campaña Traspasa
los Muros/
DENUNCIA:
64 prisioneros de la cárcel Villa de las Palmas (Valle) en huelga de hambre por
privación de la visita familiar por parte del INPEC
Desde la Campaña Traspasa los Muros difundimos la
siguiente denuncia pública de los prisioneros del pabellón A de alta seguridad
de la cárcel Villa de las Palmas (Palmira, Valle) en huelga de hambre:
64 prisioneros
del pabellón A de alta seguridad de la cárcel de Villa de las Palmas en
Palmira (Valle) nos encontramos en huelga de hambre desde ayer por la tarde ya
que el director de la cárcel ha declarado que no habrá visita familiar este
domingo a causa de una epidemia de viruela en los patios de la penitenciaria.
Los
prisioneros del pabellón A afirmamos que en este pabellón no hay ningún caso de
viruela y que este pabellón no tiene nada que ver con los patios de la
penitenciaria, ya que este es un pabellón de alta seguridad. Por estos motivos,
desde ayer por la tarde nos hemos negado a recibir alimento y estamos pidiendo
tener un diálogo con el director de la cárcel para que se reconsidere la
decisión de privarnos de la visita familiar de este domingo.
EXIGIMOS AL
INPEC:
*Evaluar
esta decisión para no violar el derecho de los prisioneros a la visita
familiar.
*Que una
delegación se reúna con los prisioneros del pabellón A para dialogar sobre la
presente situación.
*Respetar
el derecho a la protesta pacífica de los prisioneros.
*Adecuada
atención médica a los prisioneros de esta cárcel con viruela.
Ideas sueltas para una posible propuesta de Régimen Penitenciario en Colombia
2013/ JUNIO
6/ CAMPAÑA TRASPASA LOS MUROS/
 |
| Cárcel de Bellavista. Foto: Manuel Saldarriaga/El Colombiano. |
Desde la
Campaña Traspasa los Muros difundimos este artículo del prisionero político de
guerra Jairo Antonio Fuentes, recluido en la cárcel de Bellavista en Medellín y en ruptura
judicial:
Comienzo diciendo que es
bastante irónico y contradictorio, que un prisionero y más aún, alguien que se
ha alzado en armas contra el actual régimen, se ponga en la tarea de dar ideas
para un proyecto de régimen penitenciario. Suena algo así como si Espartaco, se
hubiera tomado la molestia de diseñar la cruz en la que sería colgado por
haberse revelado contra el imperio Romano. De manera que desde mi lugar, la
propuesta que encuentro más conveniente es que las cárceles sean abolidas,
dando este sistema “correccional” como superado, debido a que a lo largo de su
existencia ha demostrado su ineficacia para los objetivos propuestos, no solo
por el capitalismo, si no por cualquier otro sistema social.
Sin embargo y dado que como
dijo José Martí, estoy dentro del monstruo y conozco sus entrañas, me he
tomado el atrevimiento de expresar algunas ideas sueltas para la elaboración de
una posible propuesta de régimen penitenciario en Colombia, con el ánimo de
contribuir a la discusión tendiente al análisis, formulación u elaboración de
una política criminal, que responda a las realidades de nuestra sociedad,
convulsionada por múltiples factores de violencia.
Como la idea no es
profundizar en el tema de la criminología, aspecto que de todas maneras habrá
que discutir, puesto que es lo fundamental para determinar el tratamiento
penitenciario, dado que este es uno de sus derivados, me centraré en este de
manera más puntual.
INGRESO
Partimos de que la persona
ha sido enviada a un establecimiento carcelario, bien sea porque ha sido
condenada o se encuentra sindicada por algún delito, para el que el estatuto
procesal penal, no contempla la excarcelación o el juez considera que la
persona no es merecedora de la medida sustitutiva.
A pesar de que en el actual
régimen, se establece que los sindicados estarán separados de los condenados,
en la práctica eso no es posible, dada la estructura de las cárceles y el alto
índice de hacinamiento. Desde el momento del ingreso, el confinamiento se hace
de manera indiscriminada sin importar la situación jurídica del ingresado.
Las celdas primarias o de
recepción, más conocidas como jaulas o perreras, con mucha razón por parte de
los presos, son eso: jaulas para perros. Donde lo que le importa al guardián de
turno es que todo el que llega permanezca encerrado en ellas, a no ser que sea
una persona perteneciente a la clase en el poder, las que son tratadas con toda
deferencia y considero que eso está bien. Lo que está mal, es que el resto sean
tratados como perros rabiosos, negándose de entrada la dignidad que es
inherente a todo ser humano y que además está constituida como derecho
fundamental en la carta política.
Es necesario entonces que en
un nuevo régimen, las cárceles tengan las suficientes celdas de recepción;
donde se puedan mantener separados a los presos según su situación jurídica, su
perfil psicosocial y su grado de vulnerabilidad o agresividad según sea el caso
y de esa manera evitar los robos, enfrentamientos y abusos de los presos más
avezados, sobre los más débiles.
PABELLONES
De igual manera, en cada
centro de reclusión se debe garantizar la existencia de pabellones que permitan
la separación de los internos e internas, según su situación jurídica y su
perfil psicosocial. La convivencia debe ser promovida pero no obligada, como
sucede actualmente. Según el argumento falaz esgrimido por las directivas del
INPEC, guerrilleros y paramilitares “deben” convivir en los mismos pabellones
para que aprendan a tolerarse y como muestra de reconciliación. Cabe hacerse la
pregunta: ¿a un condenado por homicidio, se le recluiría en el mismo pabellón
donde por ejemplo se encuentre un familiar de la víctima? Si la respuesta es
positiva, entonces, al mejor estilo socrático surge la siguiente cuestión: ¿por
qué el ordenamiento jurídico contempla, que uno de los impedimentos para
otorgar la detención o prisión domiciliaria, es que el lugar de reclusión
no sea el mismo del domicilio de la víctima?
SISTEMA PROGRESIVO
Dentro del tratamiento
penitenciario se contempla como método el sistema progresivo, complementado con
el PASO (Plan de Acción y Sistema de Oportunidades). En este sistema se establecen
las fases de seguridad, alta, mediana y mínima. Actualmente las mismas están
determinadas por el cumplimiento de una parte de la pena impuesta, por ejemplo:
para acceder a la fase de mediana seguridad, se debe haber cumplido la tercera
parte de la condena, contado entre tiempo físico de detención y tiempo de
redención reconocido por el juez, siempre y cuando el consejo de evaluación y
tratamiento estime que ha logrado los objetivos propuestos para esa etapa del
tratamiento.
La propuesta es que al
momento del ingreso, se evalúe el tipo de delito, la condena y el perfil
psicosocial de la persona condenada, pues no todas merecen el mismo tratamiento
ni las mismas medidas de seguridad. Además, teniendo en cuenta que un buen
número de condenas son por delitos menores, cuya permanencia en prisión es de
apenas unos meses y en las que ni siquiera alcanzan a ser evaluadas y
clasificadas en fase.
REDENCIÓN DE PENA
Actualmente se contemplan
varias actividades válidas para redención de pena: Estudio y enseñanza,
actividades deportivas, artísticas y literarias, y trabajo. Este último es el
más estimulado con el tiempo de redención en algunas actividades como el
rancho, el aseo y el reciclaje, por lo que son más apetecidas por los presos,
dado que otorgan hasta 15 días de redención al mes; mientras que el estudio y
la enseñanza, solo alcanzan los 10 días, cuando no hay días festivos.
La certificación de las
horas se hace por asistencia y se adiciona un concepto que determina si el
alumno o el trabajador desempeñaron la labor satisfactoriamente, por lo que la
mayoría de los que asisten sobre todo a las actividades de estudio, lo hacen
simplemente para responder al llamado a lista, sin interesarse en absoluto por
las actividades académicas.
La propuesta es que se incentive más el estudio, estimulándolo con más tiempo de redención, que no se otorgaría solo por asistencia si no por logros académicos. Por ejemplo: si alguien ingresa a la cárcel sin saber leer ni escribir y se dedica a aprender, se le otorgará un porcentaje de tiempo válido para redención de pena. El porcentaje se irá incrementando conforme se vaya avanzando en los grados y los niveles académicos, siendo sí que el que termine una carrera universitaria debidamente certificada por una institución educativa, obtendrá un porcentaje mucho mayor que el que termine la primaria. Los costos académicos serán totalmente subsidiados por el estado.
En el caso de los
drogadictos, implementar el programa ya existente de comunidad terapéutica,
asignando los profesionales que realmente se necesiten para el tratamiento. La
redención de pena, además de la asistencia al programa, se otorgará por el
grado de rehabilitación que alcance, certificado por un equipo médico
interdisciplinario.
JUECES DE EJECUCIÓN DE PENAS
Los jueces de ejecución de
penas, tendrán su despacho en las instalaciones del centro penitenciario o
carcelario para que los condenados puedan acceder con más facilidad al momento
de elevar sus peticiones.
Se debe resolver la
dicotomía entre algunas funciones que aparentemente están separadas o
complementadas, pero que en la realidad se encuentran en colisión entre los
cuerpos colegiados de la cárcel y el juez de ejecución de penas. Por ejemplo:
Al momento de resolver las peticiones de beneficios administrativos, el consejo
de evaluación y tratamiento o el consejo de disciplina, emiten un concepto
favorable que en muchos casos no es tenido en cuenta por el juez. Entonces, o
se validan los conceptos de los cuerpos colegiados de los establecimientos
carcelarios, o se eliminan y se dota a cada juzgado de ejecución de penas de un
equipo asesor para que este sea el que haga el estudio que permita emitir el
concepto para los beneficios administrativos y la libertad condicional.
REGIMEN DISCIPLINARIO
A pesar de que en la
Constitución está contemplado el derecho de libre expresión, asociación y
reunión, dentro de las cárceles este no es respetado; comenzando porque en el
código penitenciario se contempla como falta grave, la protesta pacífica y de
facto, se sanciona el acto de expresarse, pues cuando se ejerce la consecuencia
casi inmediata es el traslado.
Nadie debe ser sancionado
con pérdida de visitas, por ser estas el mayor aliciente psicológico dentro de
las prisiones. Las sanciones se aplicarán con la reducción de un porcentaje en
la redención de pena.
COMUNICACIONES
Se debe permitir el uso de
celulares, ya que al igual que en la vida en libertad, la mayoría no los usa
para cometer delitos, si no para comunicarse con sus familiares, amigos y
conocidos. Para el control, se puede establecer un registro donde conste el
nombre del dueño del equipo, que puede ser vendido por el mismo INPEC o por una
empresa mediante comodato. Si es el caso el sistema no permitiría las sim card.
La prohibición de estos
aparatos viene siendo aprovechada por algunos miembros del cuerpo de custodia y
vigilancia para cobrar altas sumas de dinero por su ingreso y luego recibir
sobornos por no decomisarlos o por no pasar el informe de la incautación,
configurándose así un negocio que da ganancias por todo lado.
VISITAS
Se deben estandarizar los reglamentos para las visitas, independientemente de que se esté en una cárcel de alta o de mediana seguridad. Para que las mismas se garanticen, las personas privadas de la libertad deben estar en un lugar cerca al domicilio de su familia.
Las visitas íntimas se deben
garantizar en el mismo dormitorio del recluso, sin la presión de un cronómetro
y de tener que hacer el acto sexual en el mismo lugar donde minutos antes lo
han hecho otros.
Para el caso se las parejas
cuyos dos miembros se encuentren privados de la libertad, se debe garantizar su
permanencia en un establecimiento mixto, a fin de facilitar sus encuentros y su
contacto íntimo. En España, por ejemplo, existen cárceles para parejas con
hijos menores de edad.
SALUD
Todo centro de reclusión
debe contar con un hospital de tercer nivel, para garantizar la atención
oportuna y eficaz a la población interna. El personal médico y administrativo
debe ser de planta del INPEC o de la entidad que se encargue de las cárceles.
ALIMENTACIÓN
En el momento, los contratos
de alimentación solo han beneficiado a los dueños de los consorcios que han
resultado ganadores de las licitaciones, gracias a la mala calidad de los productos
que compran para la preparación de los alimentos y la maquila que ejercen el
gramaje que se debe suministrar a cada uno de los internos.
Los únicos presos de los que
se podría decir que reciben algún beneficio por el actual régimen de alimentación,
son los llamados rancheros, que en medio del trabajo extenuante que deben
iniciar desde las 2 ó 3 de la madrugada, pueden disfrutar de una comida
preparada exclusivamente para ellos y por ellos mismos, a parte del salario
mínimo que reciben por parte del consorcio y los 15 días de redención por cada
mes laborado.
La propuesta es que se
instalen restaurantes en cada uno de los pabellones, donde los internos puedan
comprar su alimentación, de acuerdo a un menú que se les ofrecerá con
anticipación y con varias opciones. El pago se hará mediante una tarjeta débito
a la cual se le cargará un subsidio estatal correspondiente al monto que se le
paga al consorcio por la alimentación suministrada a cada interno, más los
aportes que hagan los familiares o amigos, como funciona hoy el sistema de
expendio. El expendio funcionará a la par con el servicio de restaurante.
CUERPO DE CUSTODIA Y
VIGILANCIA
El cuerpo de custodia y
vigilancia no puede ser únicamente el encargado de abrir, cerrar rejas y
candados y evitar que los presos se fuguen. Cada uno de sus miembros debe
entender que se encuentra con la responsabilidad de atender a un grupo de
personas en un proceso de reflexión sobre sus vivencias y a lo mejor, en
búsqueda de un verdadero proyecto de vida. Por lo tanto, cada guardián debe
como mínimo estar estudiando o haber aprobado una carrera académica en
cualquier área de las conocidas como ciencias humas y sociales.
La labor más que policiva
debe ser psicológica, por lo que los militares y policías en actividad o en
retiro, no son los más llamados a ocupar ningún cargo dentro de la institución
que se encargue de administrar las cárceles, haciéndose necesario que a estos
cuerpos accedan únicamente personas que hayan hecho la carrera penitenciaria.
EPÍLOGO
Ratifico nuevamente que la
solución es que se encuentre una manera de prevenir el delito y si
definitivamente este se cometió, se vea la manera de corregirlo y reparar el
daño causado, sin necesidad de privar de la libertad al responsable y menos si
es aislándolo de la sociedad, de su núcleo social y de su ambiente cultural; a
no ser que sea considerado un enfermo mental, para lo cual no se requiere una
cárcel sino un sanatorio.
Como no soy abogado ni
criminólogo, el anterior escrito solo es un modesto aporte a la discusión sobre
el asunto, esperando que a alguien le interese y sirva de base mínima para
ordenar una propuesta seria y bien estructurada con el aporte de muchas otras
personas incluidas las que se encuentran privadas de la libertad y de las que
no pero que se preocupan por el alto índice de delincuencia existente en
nuestra sociedad y la manera irracional e inhumana como esta es tratada,
respondiendo más a un sentimiento instintivo de venganza que al deseo por la
recuperación del infractor de la ley.
Para esto es necesario que
se revise la costumbre del Congreso nacional de querer convertir todo en
conducta delictiva, aumentando el problema, sin centrarse en la búsqueda de la
solución.
Violación de Derechos Humanos a los prisioneros políticos y de guerra
2013/ FEBRERO 8/ Campaña Traspasa los Muros/
Denuncia Pública: el INPEC arrecia represión contra los Prisioneros Políticos y de Guera en Colombia.
La Campaña Traspasa los Muros comparte ante la comunidad nacional e internacional, organismos defensores de derechos humanos y ante el movimiento social y popular la siguiente DENUNCIA PÚBLICA emitida por el prisionero político y de guerra TULIO MURILLO AVILA:
Denuncia Pública: el INPEC arrecia represión contra los Prisioneros Políticos y de Guera en Colombia.
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| Cárcel La Picota. Foto: UTF-INPEC. |
La Campaña Traspasa los Muros comparte ante la comunidad nacional e internacional, organismos defensores de derechos humanos y ante el movimiento social y popular la siguiente DENUNCIA PÚBLICA emitida por el prisionero político y de guerra TULIO MURILLO AVILA:
En
representación de las y los Prisioneros Políticos y de Guerra de las FARC-EP,
recluidos en el Establecimiento Penitenciario más conocido como COIBA-IBAGUÉ,
en el departamento del Tolima, denunciamos ante la comunidad nacional e
internacional, que el INPEC viola sistemáticamente nuestros derechos a la
seguridad, la vida y el conjunto de derechos que el D.I.H. reconoce a los
Prisioneros de Guerra, de acuerdo a los siguientes:
HECHOS
·
A nivel nacional y de manera particular en el complejo carcelario de Ibagué,
recibimos constantemente todo tipo de sabotajes, provocaciones, requisas
vandálicas donde roban pertenencias y elementos que son vendidos en los
expendios como tarjetas para llamadas telefónicas, gaseosas y comestibles que
normalmente se tienen para atender a nuestras familias y visitantes cada 15
días, como también las artesanías, etc., etc. Cuando no son hurtadas, son
regados los líquidos o destrozados y pisoteados junto con la ropa y los útiles
de aseo, según los cuadros de mando y dragoneantes, tienen que hacerlo para
incautar armas, drogas y elementos prohibidos que guardamos supuestamente en
ellos.
Pero
como si esto fuera poco, destrozan, botan o hurtan nuestras copias de los
procesos, las agendas telefónicas con los números de nuestros familiares y
abogados, al igual que los registros que se tienen sobre los abusos, las
violaciones a nuestros derechos y denuncias hechas por las fechorías y requisas
vandálicas a las que nos hemos visto sometidos.
·
Es usual la violación de nuestras cartas y correspondencia que entra y sale
para los juzgados, procuraduría, defensoría del pueblo y de manera especial la
de los abogados, familiares y compañeros recluidos en otras cárceles del país,
al punto que primero les sacan fotocopias a algunas para entregarlas. Por
información sabemos que varias de esas fotocopias reposan en la base de datos
de la oficina de la inteligencia militar junto con las fotos nuestras y las de
los visitantes. El monitoreo e intercepción de teléfonos y llamadas con los
abogados, fundaciones y ONG´s defensoras de Derechos Humanos es constante, así
como el seguimiento por agentes secretos de seguridad cada vez que nos visitan.
El
sabotaje, el seguimiento y el asedio es constante contra nuestros familiares y
amigos visitantes por parte del INPEC, con requisas morbosas, pasando por
manoseos que sobrepasan los límites de una requisa decente, cuando no son
devueltas porque argumentan que el canino antidrogas les dio positivo, sin más
elementos probatorios, cuando con todo tipo de tecnología como rayos X,
escáner, sillas detectoras de metales, etc., elementos por los cuales son
pasadas hasta 4 y 5 veces para poder autorizar la entradas a las áreas de
visita hacia donde son conducidas para ponerlas a esperar por largo tiempo sin
sacarnos del patio. Al ser solicitado por los visitantes, los dragoneantes
sostienen que el preso no estaba listo, que se estaba bañando porque no
esperaba visita hoy. Son tan cínicos que en ocasiones responden que no queremos
salir, o simplemente los hacen ir de patio en patio para evitar que los
visitantes tengan más contacto con los internos, así como lo han hecho con los
abogados a quienes persiguen como si fuera un delito asistir jurídicamente a
los presos políticos y defendernos en los tribunales.
·
Para los Prisioneros Políticos (de Guerra y de Conciencia) en Colombia nos
queda claro que el verdadero delito que el Estado y su clase política no nos
puede aceptar, no son los hecho en sí, sino el ser revolucionario consecuente
con la causa y ser defensor de la moral y los principios revolucionarios, tener
dignidad y no aceptar sus repugnantes propuestas de traición, o negarse a
acusar y atestiguar como un falso testigo en contra de otros luchadores
populares a quienes quieren silenciar en las cárceles, pagando enormes condenas
por ser no más que opositores a la clase oligárquica en el poder y al Estado.
·
El INPEC tampoco nos saca en ocasiones a los juicios supuestamente por
seguridad, ya que dicen haber detectados planes de rescate o fuga, juicios que
no son más que pantomimas legalizadas por un juez, un fiscal simulando un
auténtico juicio con la participación, en algunos casos, de supuestos abogados
de defensoría pública, pagados por el mismo Estado o designados reconocidos
abogados que trabajan con o para la inteligencia militar, por lo que no van a
defender a un Prisionero Político sino a hacer un trabajo de espionaje, excepto
que se comprometa a trabajar para ellos y todo se da en las narices de la
Procuraduría que no cumple su función de garantizar un juicio correcto, porque
es más carcelera que los mismos carceleros y jueces, convirtiéndose en
legalizadora de estos juicios amañados y tendenciosos, donde hacen equipo con
la Defensoría del Pueblo en muchos casos, por lo que cuando somos llevados al
banquillo ya estamos pre-juzgados y solo se cumple su legalización, pues todos
son sencillamente cuotas políticas en esas instituciones oficiales, por lo que
obedecen a un o unos patrones encabezados por el Estado para el cual trabajan,
excepto nuestros abogados de confianza y ONG´s defensoras de Derechos Humanos.
·
El Estado Social de Derecho no es más que una norma decorativa de la
Constitución Política, porque en la práctica los presos políticos y opositores
al régimen constitucional no tenemos ninguna garantía en los juicios porque a
ellos llegamos pre-juzgados.
Desde
el complejo carcelario de Ibagué, lanzamos un S.O.S. ante la comunidad nacional
e internacional para que intervengan ante el Estado colombiano y el presidente
Juan Manuel Santos Calderón, exigiéndole que ordene la suspensión inmediata del
plan que está en marcha por parte de la inteligencia militar y algunos
funcionarios del INPEC en cabeza de su director general, Gustavo Adolfo
Ricaurte, General activo de la Policía Nacional e Imelda López Solórzano,
directora del complejo de Ibagué, para atentar contra Prisioneros Políticos y
de Guerra de las FARC-EP recluidos en éste establecimiento, a través de
dragoneantes y algunos reclusos que también se encuentran en este complejo
protegidos por la guardia, quienes desde el mes de noviembre del año 2012
vienen hostigando y buscando la forma de atentar contra nuestros combatientes
prisioneros como ocurrió el día 30 de noviembre en el pabellón 5 del bloque 5,
donde se les pidió a los pabelloneros que nos sacaran del patio porque habíamos
sido atacados y los pabelloneros nos obligaron a permanecer exponiéndonos a ser
eliminados.
Para
tal fin fueron utilizados algunos jibaros que querían montar el imperio del
cacicazgo en el patio, con la bendición de la guardia, junto a unos
homosexuales para lavar un crimen político con el argumento del INPEC de que se
trataba de simples peleas entre jibaros que se disputan el control de las
drogas en los patios a los que se le suman los problemas pasionales entre
homosexuales, buscando desprestigiar a los revolucionarios prisioneros.
·
Hoy por hoy continúan con su hostilidad, ya no solo en el pabellón 5, sino en
el uno del bloque 5 y en el pabellón B del bloque 3, donde hay Prisioneros de
Guerra que nos negamos a renuncia a nuestra lucha revolucionaria.
El
señor General Ricaurte, director general del INPEC, durante su administración
abandonó sus funciones gerenciales para dedicarse a cumplir labores policiales,
persiguiendo, amenazando, expiando, chuzando llamadas para perseguir a nuestros
abogados, familiares y visitantes de todos los reclusos, convirtiendo al INPEC
en un departamento de inteligencia y contrainteligencia al servicio de la
Policía Nacional, quienes de la mano de la corrupción y el clientelismo
político tienen en completa ingobernabilidad a la institución, al abandonar el
Estado sus funciones y obligaciones constitucionales y administrativas para con
los reclusos de todo el país, poniendo en peligro la integridad física y la
vida de nuestros hombres y mujeres en prisión.
Es
por ello que para poder hacerle el seguimiento y perseguir a todos los familiares
y amigos de los reclusos el INPEC -cumpliendo funciones de espionaje- ordenó a
todos los reclusos del país entregar un listado de cinco personas que estén
registradas en el sistema de los diez visitantes que cada recluso puede tener,
para que puedan hacer las consignaciones de dineros en el banco, con destino al
interno para poder comprar en los expendios de cada establecimiento, medida que
afecta directamente a los reclusos, ya que ningún particular le podría
consignar sino son de los 5 autorizados agravando aún más el estado de vida de
los reclusos porque el INPEC no cumple su obligación de mantenimiento ni
dotación del mínimo vital que requiere cada prisionero o prisionera para
sobrevivir en prisión, dejando en total desamparo a los reclusos, sin tener en
cuenta que algo más del 90% de los reclusos vivimos en total estado de
calamidad económica, por lo que la mayoría sobrevive de la caridad que le
brindan familiares y amigos. Pero los más grave es que esta medida dictatorial
y represiva tiene como fin el seguimiento simétrico y policiaco contra nuestros
familiares y amigos, en un país que dice llamarse democrático y donde el
presidente se ufana al pregonar en sus discursos ante organismos
internacionales que “en Colombia se respeta el Estado Social de Derecho y los
principios democráticos”, que falso es todo esto.
·
La Doctora Imelda López Solórzano, directora del Penal, incomoda con nuestras
denuncias y para silenciarnos de forma marrullera y vengativa, junto al General
Ricaurte, hábilmente a través de la seccional de salud de Ibagué, ordenaron
internarme en un calabozo de la U.T.E. del bloque 2 como castigo y no por
medidas preventivas de salud como los manifestaron al ser preguntado el motivo,
ocultando que la verdadera razón era poder impedir que tuviera comunicación
fluida con los compañeros Prisioneros Políticos y miembros del Movimiento
Nacional Carcelario que para ese entonces coordinaba la protesta pacífica en 23
cárceles del país. Así fue que desde el día 28 de agosto al 20 de septiembre del
2012 fui incomunicado en los calabozos supuestamente de máxima seguridad, los
señores pabelloneros encargados de esa sección, de manera sospechosa y violando
todas las medidas de seguridad, vulnerando mi seguridad, debido a que le
entregaban las llaves del calabozo y del pasillo donde me encontraban (puerta
número12) a un interno de su confianza que se desempeñaba como ordenanza para
que abriera la puerta y sacará a los internos, insistiéndome que saliera a la
hora del sol con ellos; al investigar si este comportamiento irresponsable de
la guardia era una constante me doy cuenta que jamás ha sido así, pero tampoco
después, porque son calabozos de seguridad, que rara coincidencia...
·
Posteriormente al ser recluido en el bloque 5, pabellón 5, del mismo complejo,
desde el 4 de octubre del 2012 hasta el día de hoy 25 de enero del 2013, en más
de diez (10) oportunidades me ha aparecido la puerta de la celda número 29,
donde vivo solo, sin seguro después de haber sido cerrada igual que las demás.
En una ocasión, 20 de enero del 2013, como es de rutina a las 16 horas 10
minutos, hora promedio de encerrada en las celdas, me dejan por fuera en el
patio con unos pocos internos, 5 o 7, entre ellos 3 desconocidos, cuando exijo
que me ingresen a la celda y la aseguren, me dan la misma explicación que las
otras veces: “que pena Don Tulio, eso fue una falla del auxiliar que se le
olvidó”, olvidos tendenciosos y programados, porque en el libro de minutas y
control que llevan los pabelloneros, están las recomendaciones de máximas
medidas de seguridad resaltadas con mi nombre y foto, junto al número de
puerta, olvido que jamás ocurre con otros internos. Otras coincidencias…
·
La directora y el comandante de vigilancia del complejo tienen igualmente
hostigados y sometidos al peligro a los compañeros Prisioneros Políticos y de
Guerra en el bloque 3, sección B de alta seguridad, y a los del patio uno (1)
del bloque 5, por lo que responsabilizamos ante la comunidad nacional e
internacional de lo que pueda pasar con la integridad física y con la vida de
nuestros guerrilleros y guerrilleras prisioneros en COIBA – Picaleña; a la
señora Ministra de Justicia, Doctora Ruth Stella Correa Palacio; al señor
director general del INPEC, General Gustavo Adolfo Ricaurte; y a la señora directora
del complejo, Imelda López Solórzano, y a sus cuadros de mando porque nos están
brindando en bandeja ante otros reclusos que están protegidos por el INPEC para
quienes trabajan como cooperantes y desestabilizadores de la sana convivencia
en los patios, para impedir que la unidad de los reclusos en el Movimiento
Nacional Carcelario sea una realidad, prefiriendo al contrario traer nuevamente
la guerra a los patios para que se les haga más factible aplicar la violencia y
la represión, y de esta manera tener el control absoluto.
·
La directora del complejo no cumple con sus funciones administrativas, tan solo
se limita a obedecer órdenes del General Policía así como de su jefe político,
del cual es cuota en el INPEC, Álvaro Uribe Vélez. De ahí la negativa de manera
especial para que nuestros y nuestras camaradas sean atendidos de manera
oportuna por sus graves quebrantos de salud, sin importar que estos estén
lisiados por heridas de guerra o por haber sido raptados de clínicas,
hospitales o lugares en donde se recuperaban por parte de los organismos de
seguridad del Estado, para ser lanzados a los más convulsionados patios, en
muchos casos despojándolos de muletas, sillas de ruedas, bastones de apoyo o
destrozándoles las prótesis para deteriorar su estado de vida. Asunto que
podemos demostrarle a cualquier ente veedor que nos quiera escuchar y
acompañar, no solo en este complejo, sino también a nivel nacional, ya que la
Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las Personerías,
han hecho oídos sordos porque no pueden o no quieren comprometer al Estado que
es su patrón, por lo que hacen unidad de cuerpo en la impunidad con los otros
organismos gubernamentales.
·
Somos conscientes del riesgo que corremos y de las represarías que nos aplican
cada vez que denunciamos las aberraciones, no solo contra los Prisioneros
Políticos, sino, contra toda la población reclusa en Colombia por parte del
INPEC. A pesar de esto consideramos una obligación moral denunciar ante el
mundo y ante las comisiones de DD.HH. de Cámara y Senado de la República, así
como ante las comisiones de Paz de las FARC-EP y del Gobierno Nacional que se
reúnen en La Habana-Cuba, para buscar por vía política y civilizada la solución
definitiva del grave conflicto social, económico y político que ha desembocado
en la confrontación armada entre colombianos, pues el problema carcelario
también tiene sus orígenes en lo económico, en lo social y en lo político, el
mismo origen de la guerra. Ante ello los Prisioneros Políticos de Guerra y de
Conciencia, en unión con el Movimiento Nacional Carcelario, esperamos del
Gobierno Nacional no temerle al diálogo hasta no definir una hoja de ruta
conjunta que guie el destino de nuestra patria por medios diferentes a la de la
guerra.
·
No entendemos por qué el Gobierno del Doctor Santos se contradice al aceptar
que en Colombia hay un conflicto de carácter político, social y armado, razón
por la cual se ha sentado a dialogar en el exterior con las FARC-EP para
explorar por vía diplomática y política una solución definitiva a la guerra,
pero a la vez niega que hayan Prisioneros Políticos y de Guerra en Colombia,
mientras que más de 10.000 hombres y mujeres hemos caído en prisión como
producto de esta confrontación armada y política entre Estado, Insurgencia y
sectores sociales de oposición política al régimen actual.
Consideramos
que esa política sórdida con la cual desconocen y niegan caprichosamente
nuestro estatus de Prisioneros Políticos y de Guerra, sumado a la represión
vengativa y sistemática contra nuestros combatientes, así como a nuestros
hermanos de otras organizaciones revolucionarias. Es una política peligrosa
porque tienen el alma y el musculo antagónico que caracteriza a los
guerreristas en todo el mundo, por ello alertamos que de no corregirse estarían
volcando nuevamente la guerra a las cárceles, puesto que quedaríamos obligados
a defendernos. Es así como en nombre y en representación de las y los
Prisioneros Políticos y de Guerra de las FARC-EP dejamos constancia histórica
que eso no es lo que queremos, pero que si es a lo que el Estado nos está
obligando con el accionar desmedido del INPEC (órgano represivo), que día tras
día arrecia con su atropello sin tener en cuenta que además de estar
prisioneros, tenemos a varios y varias combatientes lisiadas en total estado de
indefensión.
Por
lo anterior expuesto y en nombre de los Prisioneros Políticos y de Guerra de
las FARC-EP desde el complejo carcelario de Ibagué, hacemos las siguientes
peticiones:
1)
Que la oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
DD.HH. escuche a los voceros del Movimiento Nacional Carcelario y delegados de
los Prisioneros Políticos en Colombia, para que verifiquen que nuestras
peticiones y el estado en que viven los reclusos en todo el país.
2)
Solicitamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que intervengan ante
el Estado colombiano para que suspendan la represión, la persecución y el
accionar desmedido en contra de los Prisioneros Políticos y demás presos de
todo el país, así como la invitamos a verificar nuestras denuncias.
3)
Solicitamos a la comunidad nacional e internacional su acompañamiento y
exigencia ante el Estado colombiano, en particular al Gobierno del Doctor Juan
Manuel Santos, para que respete y aplique los derechos que el D.I.H. reconoce a
las y los prisioneros de guerra, así como reconocer nuestro estatus de
Prisioneros Políticos.
4)
Que las Comisiones de Derechos de Humanos de la Cámara y el Senado intervengan
ante el Ministerio de Justicia y ante la dirección general del INPEC, para que
sus directores regionales y locales, como los demás funcionarios, actúen con
imparcialidad ideológica y política y que respeten nuestra condición de
Prisioneros Políticos y de Guerra, suspendiendo el asedio vengativo por nuestra
condición de rebeldes.
Desde
el pabellón 5, bloque 5, del Complejo Carcelario de Ibagué (Coiba-Picaleña).
TULIO
MURILLO AVILA
