Persecución Y Hostigamiento Contra Familiares Del Prisionero Político Oliver Jascue Calambas, Recluido En La Cárcel De Santander De Quilichao.



DENUNCIA PÚBLICA



LA CORPORACIÓN COLECTIVO DE ABOGADOS SUYANA

DENUNCIA

Ante la comunidad nacional e internacional

Persecución Y Hostigamiento Contra Familiares Del Prisionero Político Oliver Jascue Calambas, Recluido En La Cárcel De Santander De Quilichao.


La señora Nancy Secue esposa del prisionero político  Oliver Jascue Calambas recluido desde el  20 de marzo de 2013 en la cárcel de Santander de Quilichao,  campesino víctima de montaje judicial, denuncia persecución y hostigamiento en contra de ella y de sus hijas menores de edad.

La corporación Colectivo de abogados Suyana presenta a continuación la denuncia expuesta por la señora Nancy Secúe identificada con c.c 1061428605 del municipio de  Caloto,  a la que la corporación le está  realizando acompañamiento.


HECHOS

Desde el momento de la captura de Oliver Jascue, mis hijas y yo nos  fuimos a vivir al corregimiento de Toes, municipio de Caloto, departamento del Cauca, allí hemos  tenido que padecer la persecución y hostigamiento por parte de  agentes del Estado, así como visitas intimidatorias de  manera constante  de desconocidos en nuestra  casa.

Los hechos mas recientes ocurrieron la semana pasada, el día martes 20 de agosto, cuando un desconocido llegó a preguntar en varias ocasiones por alguien a quien  no conocemos, ese mismo día en horas de la noche llegaron dos personas a la casa e intentaron abrir la puerta, aprovechando que las niñas se encontraban solas.

El pasado sábado  24 de agosto aproximadamente a las 10:00 p.m en el marco de un evento que se estaba realizando en el caserío, desconocidos llegaron al vecindario preguntando  a varias personas  por mi, pidieron información sobre donde vivía y que hacía.

Este ya es un hecho repetitivo, constantemente hay personas rondando la casa de civil, generalmente en moto de alto cilindraje y sin placa. En este momento siento mucho temor por mi integridad física, pero sobre todo por la de mis tres hijas menores de edad, ya que la mayor parte del tiempo ellas permanecen solas porque yo tengo que salir a rebuscarme para sobrevivir.


CONTEXTO:

Es importante resaltar, que el corregimiento en el que habita doña Nancy esta ubicado en una zona fuertemente militarizada y enmarcada dentro de la estrategia militar denominada “zona de consolidación”, estrategia caracterizada por un importante incremento de la fuerza pública, así como  por el señalamiento de sus habitantes como miembros o auxiliadores de grupos insurgentes y cuyos resultados han sido el incremento de falsos positivos y  capturas sustentadas  en montajes judiciales.  

ANTECEDENTES

Mi esposo Oliver Jascue Calambas fue capturado el pasado 20 de marzo de 2013 a las 5:30 de la mañana, cuando un grupo de uniformados llegó  a nuestra casa tumbando la puerta y causando destrozos en la propiedad. Sin importar la presencia de menores de edad, golpean, insultan y destrozan todo lo que encuentran en la casa.

En el allanamiento que se realiza de forma arbitraria y en el que no nos permiten verificar el procedimiento, llegan a revisar solo algunas habitaciones, es de anotar que los cuartos estaban a oscuras, nos advirtieron que no fuéramos a prender luces, para nuestra sorpresa uno de los integrantes de la policía le dijo a su superior  que había encontrado unas bolsas.

Como mi familia es numerosa mis otros niños estaban durmiendo en habitaciones de la casa contigua, allí llegaron azotando la puerta y tumbaron una de ellas, gritando hijueputas hijos de guerrilleros, apuntándole con armas a los niños en la cabeza y preguntando por munición, armas y cosas que no teníamos.  Mi bebe de seis meses dormía en una colchoneta en el suelo, sin ninguna consideración la levantaron con violencia y lo arrojaron contra la pared golpeándolo.

Mi esposo es detenido y llevado a la cárcel de Santander acusándolo de un delito en el que nada tiene que ver, él es un campesino, que lo único que hace es trabajar la tierra para lograr el sustento de su familia, de eso puede dar fe mucha gente de los sitios en los que hemos vivido, esto no es más que otro falso positivo.


EXIGIMOS

Al Estado Colombiano, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, se garantice la vida y la integridad de la Señora Nacy Secue, así como de su familia

SOLICITAMOS

A la DEFENSORÍA DEL PUEBLO que cumpla con su deber constitucional de verificar el respeto de la vida, la integridad física y la tranquilidad  de doña Nancy Secué y su familia.

A NACIONES UNIDAS, CRUZ ROJA INTERNACIONAL, realizar seguimiento constante a la situación denunciada sobre el presente caso.

A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES: Respaldar la presente Denuncia enviando sus cartas a las siguientes direcciones:

Juan Manuel Santos
Presidente de la República
Cra. 8 # 7-26, Palacio de Nariño.
Santa Fe de Bogotá. Fax:+57.1.566.20.71

Angelino Garzón
Vicepresidente de la República
Tels. (+571) 334.45.07,(+573) 7720130,
E-mail: hernanulloa@presidencia.gov.co

Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional
Humanitario.
Calle 7 N° 5-54 Santafé de Bogotá
TEL: (+571) 336.03.11
FAX: (+57 1) 337.46.67
E- mail: cefranco@presidencia.gov.co

Eduardo Montealgre Lynett
Fiscal General de la Nación
E-mail: fibarra@presidencia.gov.co
Fiscalía General de la Nación
Diagonal 22 B No.52-01
Santa fe de Bogotá.
Fax: (+571) 570 20 00
E-mail: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co

Fernando Carrillo Flórez
Ministro del Interior
Carrera 9ªN. 14 -10 Bogotá D.C
e-mail ministro@minjusticia.gov.co

Ruth Stella Correa
Ministra de Justicia
Carrera 9 Nº 12c-10 Bogotá D.C
Fiscal General de la Nación
Diagonal 22b Nº 52-01 - Bogotá D.C
Teléfonos: 5702000 - 414 90 00
contacto@fiscalia.gov.co




Seguridad Ciudadana Y Justicia: En El Marco Del Paro Nacional Agrario Y Popular



Por: Lucas Restrepo Orrego
Agosto de 2013


Que el tridente represivo constituido por la ley 1453 de 2011, el fuero militar y la propaganda militarista generara una respuesta bárbara contra las movilizaciones de agosto no es extraño. Tampoco lo es que fiscales y jueces se plieguen a las necesidades y exigencias de las fuerzas militares y de policía. Pero la complicidad de funcionarios de la Fiscalía y de jueces de control de garantías con la represión y el militarismo en la judicialización ilegal de líderes campesinos, periodistas alternativos y grupos solidarios con el paro nacional agrario y popular, es la bancarrota de la justicia.

Todos hemos sido testigos de la violencia oficial e ilegal que se ha ensañado contra los manifestantes en las carreteras de Antioquia, Boyacá, Cauca y Valle: robo de comida, golpes injustificados, exceso de la fuerza, ataques con arma de fuego, privación de garantías judiciales, etc. Hemos sido testigos también del servilismo judicial con la injusticia: judicialización de los líderes campesinos al tiempo que se desangraban algunos manifestantes por heridas de bala y golpes de macana.


Empero, ni un solo policía ha sido investigado por los excesos de fuerza con que se ha respondido a las justas exigencias del movimiento campesino colombiano. Es así de sencillo: el abandono y el engaño oficial ha criado un monstruo llamado indignación, inconformismo, rabia que se despliega en las carreteras nacionales exigiendo justicia. Y la respuesta de la justicia ha estado al nivel del engaño: reprimir al más débil, congraciarse con el poder ilegal y mentiroso. ¿Cuántos estímulos esperan recibir estos fiscales y estos jueces de garantías por la judicialización de líderes sociales y periodistas alternativos? De seguro ninguno proveniente de una política de protección al campo o de un esfuerzo por incrementar la renta personal del campesino. Al final, el contraste es aberrante: mientras jueces civiles y agrarios brillan por su eficiencia ejecutando a ciudadanos empobrecidos para satisfacer el hambre del capital financiero, pequeños agricultores aún esperan retornar a sus tierras invadidas por empresas multinacionales, esperan ser atendidos para mejorar sus condiciones de trabajo o esperan ser valorados como productores del 70% del mercado de alimentos en Colombia.

 Lo que ocurrió con la justicia en Buga este 22 de agosto supera los límites de la indignación: como en los tiempos de la colonia, los manifestantes detenidos por protestar, fueron aislados, privados de agua y alimentos, amenazados y expuestos en la picota como terroristas. No importó que el robo a sus pertenencias superara los 20 millones de pesos, no importó que algunos estuvieran heridos o hubieran sido amenazados por la Policía. Solo importaba cumplir el triste papel del juez municipal que, ciego frente a los hechos, solo escucha al verdugo a través de la manipulada visión del fiscal del caso para darle término sin dilación a la legalización de todas las injusticias cometidas en el campo.

Triste papel de un juez que puede ser grande cuando aplica su función de garantías. Triste papel la del funcionario judicial de menor rango que se hace grande justo en el momento en que puede hacer grande a la justicia enfrentando la violación flagrante de la Constitución. Pero la pequeñez y la insignificancia es el papel asignado que gustoso ha decidido aceptar, a costa de la justicia.    



Violacion De Derechos Humanos Contra Integrantes De La Asociación De Juntas Comunitarias De Los Ríos Mira, Nulpe Y Mataje– Asominuma



PERSISTEN  VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS CONTRA INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNITARIAS DE LOS RÍOS MIRA, NULPE Y MATAJE– ASOMINUMA, EN EL MARCO DEL CONFLICTO SOCIAL, POLITICO  Y ARMADO


El  día 30 de Julio del presente año, siendo aproximadamente  las 9:00 a.m. cerca de 20 unidades militares adscritas a la Brigada Nº35 pertenecientes a la Fuerza de Tarea Conjunta Pegaso, del Ejercito Nacional de Colombia, de manera arbitraria ingresaron y allanaron la vivienda de los campesinos KENEY RADA OYOLA y SELGIE ZAMBRANO,  ubicada en la vereda El Playón sector del Rio Mira, del Corregimiento de Llorente (Tumaco- Nariño).

En desarrollo de la acción irregular y según informa la comunidad, “los uniformados recogieron un cilindro viejo que se encontraba vacío y abandonado cerca del caserío, lo llevaron hasta la residencia de los campesinos antes nombrados, integrantes de la Junta de Acción Comunal de la vereda el Playón, registraron cada una de las pertenencias y demás objetos y detuvieron temporalmente a los campesinos KENEY RADA OYOLA y SELGIE ZAMBRANO, bajo el argumento que serían conducidos a la Fiscalía para su judicialización”, todo esto sin que mediara orden de allanamiento, ni de captura alguna.

Al percatarse de lo ocurrido los presidentes de las diferentes Juntas de Acción Comunal, pertenecientes a la Asociación de Juntas Comunitarias de los Ríos Nulpe, Mira y Mataje – ASOMINUMA-  se reunieron para reclamar a los uniformados el respeto por los derechos humanos, al debido proceso y la libertad de los campesinos a quienes se pretendía judicializar.

Según testimonio de las comunidades:  “las unidades militares armaron un artefacto explosivo con el cilindro que ellos mismos llevaron hacia la vivienda, amarrando alrededor de este, un cable, un paquete pequeño y finalmente lo sellaron con cinta adhesiva, tomaron luego registros fotográficos aduciendo que esta era una bomba que los campesinos tenían lista para explotar.”

Ante los reclamos de la comunidad hacia los uniformados, estos exigieron a los presidentes de las juntas de acción comunal de las veredas El Playón, Vallenato, Jardín, Aduana, Cañaveral, Tandíl, Azúcar, Montañitas, entre otras, a figurar en un video filmado por los uniformados, obligándoles a garantizar en el término de 15 días la comparecencia ante la Fiscalía General de la Nación con sede en Tumaco de los campesinos KENEY RADA OYOLA y SELGIE ZAMBRANO, sin mediar citación alguna de autoridad competente, todo esto a cambio de dejarlos en libertad, a lo cual los integrantes de ASOMINUMA accedieron. Siendo aproximadamente las 5:30 de la tarde  y después de un largo día de señalamientos e intimidaciones los militares destruyeron  el artefacto explosivo que ellos mismos armaron.

Antecedentes
La Asociación de Juntas Comunitarias de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje ASOMINUMA, de la Coordinación Departamental Nariño del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano - PUPSOC y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, al igual que varias organizaciones sociales que hacen presencia en el departamento de Nariño desde hace varios años ha sido señalados, amenazados, estigmatizados y varios de sus miembros han sido víctimas de violaciones de derechos humanos como lo muestran los antecedentes:

·        El día 26 de Abril de 2013, en medio de enfrentamientos entre un grupo armado ilegal y el Ejército Nacional resultó muerto el campesino ALVARO FERNANDO QUENGUAN, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de Mugui y fueron detenidos de manera arbitraria señalados de ser guerrilleros los campesinos ELIDERMAN GUTIERREZ RAMOS, YEHIMI JOHANA BONILLA TRUJILLO, ALVARO DE JESUS ZAMBRANO, LIBARDO ROSERO URBANO, ALBEIRO CASTAÑO, JOSE ARMANDO SANCHEZ BALDERRAMA, JOSE ERNEY ARCINIEGAS, OSCAR ALBEIRO MORALES, HECTOR ALIRIO TORO ROMO, ARGELINO OCORO ARBOLEDA, LUIS DAVID MOLINA CAIBIDO, JUAN CARLOS QUENGUAN, VICTOR JULIO SANCHEZ PINZÓN y BLAS FRANCISCO RAMIREZ HERRERA, quienes posteriormente fueron dejados en libertad por irregularidades en la captura. Estas acciones sin observar respeto por el DIH en lo que se refiere al principio de distinción.

·        El día 20 de Mayo de 2013, en la vereda Corosala, integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta Pegaso del Ejército Nacional ingresan a la casa de habitación de los campesinos CRISTIAN BURBANO y la señora ESMEDA PRECIADO y posteriormente  a la casa de LUIS JUATIN y de la señora JENIFER GARCIA, viviendas en las que se realizaron allanamientos ilegales, registro de las pertenencias,  señalando a los campesinos  de ser guerrilleros y  llevándose los alimentos de las familias antes mencionadas. Además se profirieron amenazas contra las familias advirtiéndoles que “los tenían entre ojos y que les prohibían salir de la vereda.”

·        A mediados del mes de Julio de 2013 miembros de la Brigada N° 35 del Ejercito Nacional de Colombia, detuvieron de manera arbitraria a un campesino que por razones de seguridad se reserva su identificación, quien labora en una de las fincas ubicadas en la Vereda el Azúcar, sobre el Rio Mira. El campesino fue amarrado de pies y manos con cordones, torturado, atado a un árbol, su cabeza fue atada con una capa perteneciente al Ejercito Nacional,  golpeado y señalado de ser guerrillero. Fue dejado en libertad por exigencia de varios integrantes de ASOMINUMA quienes se percataron de los hechos y acudieron rápidamente en su auxilio.

Las Unidades militares, en desconocimiento de la Constitución Política de Colombia, han usurpado funciones de policía judicial, en las acciones ilegales  procediendo a indagar personas, filmar sus rostros, proferir señalamientos y someter a tratos crueles, inhumanos y degradantes a la comunidad. Tal proceder constituye una violación al debido proceso constitucional y pone en riego a la comunidad frente a los diferentes actores armados que existen en el territorio.Es evidente el contenido intimidatorio de este proceder, por cuanto, hechos como estos en Colombia comúnmente han precedido a las ejecuciones extrajudiciales y montajes judiciales.

Las organizaciones que suscribimos el presente comunicado repudiamos las acciones arbitrarias adelantadas por miembros del Ejército Nacional de Colombia quienes actúan en representación del Estado y vienen ocasionando  afectaciones sobre la población civil, estigmatizando y poniendo en riesgo a las personas, procesos sociales que se gestan, y ante todo a la vida comunitaria que se teje en los territorios.

Responsabilizamos al Estado y a las Fuerzas Militares presentes en la zona por los perjuicios físicos, psicológicos y materiales que se ocasionen a la comunidad y a los integrantes de ASOMINUMA como resultado del proceso de militarización que se lleva a cabo en la zona.

Solicitamos a las autoridades competentes que en la menor brevedad procedan a excluir de cualquier archivo de inteligencia militar la información recaudada, con verificación de las Entidades encargadas. (Defensoría- Procuraduría)

Solicitamos a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación iniciar las correspondientes investigaciones de los militares adscritos a la Fuerza de Tarea Pegaso del Ejército Nacional de Colombia, que hacen presencia en la zona para que se esclarezcan los hechos y se adopten las sanciones que correspondan.

Solicitamos al Ejercito Nacional de Colombia, Fuerza de Tarea Conjunta Pegaso que explique su accionar arbitrario y se comprometa de manera seria con el respeto a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Solicitamos a  La Gobernación Del Nariño, adelantar las medidas necesarias para lograr garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación de los integrantes de las diferentes organizaciones sociales y políticas que existen en el territorio nariñense.

Solicitamos a La Oficina Del Alto Comisionado De Las  Naciones Unidas Para Los Derechos Humanos, pronunciarse sobre estos hechos y a realizar seguimiento constante a las investigaciones hasta que se culmine y sancione estos hechos.

MOVIMIENTO DE VICTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO – NARIÑO -MOVICENAR

COMUNIQUESE:

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá
Fax. 5662071
Fax: (+57 1) 566.20.71
E-mail: comunicacionesvp@presidencia.gov.co
ANGELINO GARZÓN
Vicepresidente de la República
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.
JUAN CARLOS PINZÓN
Ministro de la Defensa
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.
siden@mindefensa.gov.co, infprotocol@mindefensa.gov.co, mdn@cable.net.co
FERNANDO CARRILLO.
Ministro del Interior
Carrera 9a. No. 14-10 - Bogotá, D.C.
e-mail: german.vargas@mij.gov.co, ministro@minjusticia.gov.co
PBX (+57) 444 31 00 Ext. 1820
RUTH STELLA CORREA PALACIO
Ministro de Justicia y del Derecho
LUIS EDUARDO MONTEALEGRE
Fiscal General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01  - Bogotá, D.C.
Teléfonos: 570 20 00 - 414 90 00
contacto@fiscalia.gov.co, denuncie@fiscalia.gov.co
JORGE ARMANDO OTALORA
Defensor del Pueblo
Calle 55 # 10-32, Bogotá
Fax: (+571) 640.04.91
E-mail: secretaria_privada@hotmail.com, agenda@agenda.gov.co,
defensoria@defensoria.org.co
ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO
Procurador General de la Nación
Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.
anticorrupción@presidencia.gov.co, reygon@procuraduría.gov.co
OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE
NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS
Calle 114 No. 9-45 Torre B Oficina 1101
Edificio TeleportBussines Park – Bogotá, Colombia
Teléfono PBX (57-1) 629 3636 (57-1) 629 3636 Fax (57-1) 629 3637
E-mail: oacnudh@hchr.org.co


Rechazo por asesinato del Profesor Francisco Javier Ocampo



PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO


El pasado lunes 5 de Agosto como es nuestra costumbre sintonizamos los noticieros de radio en horas de la mañana, en estos difundieron la noticia que había sido abatido un delincuente en el barrio Brisas del Limonar de Santiago de Cali, la noticia decía que  dicho delincuente portaba un  arma de fuego y panfletos de los rastrojos para extorsionar a los comerciantes del sector.

¡OH sorpresa! cuando en el transcurso del día nos enteramos que la persona asesinada en este sector era el profesor FRANCISCO JAVIER OCAMPO CEPEDA, profesor del colegio Antonio José Camacho de esta ciudad.

Pacho como le decía todo el mundo, era respetado por toda la comunidad educativa, sus amigos y todos aquellos que de una y otra forma conocimos al profesor Pacho, reconocemos en él su capacidad intelectual, su don de persona solidaria su fraternidad y sobre todo su compromiso indeclinable con los derechos humanos.

En las acciones de represión de la policía contra los estudiantes, siempre encontramos en Pacho un apoyo para conjuntamente realizar acompañamiento a los estudiantes. Pacho siempre estuvo preocupado por las desigualdades sociales de nuestro país, sabíamos de su respeto y compromiso con las luchas sindicales.

Recordamos a Pacho como incondicional en temas como   el de Resolución de conflictos, entre los estudiantes, por ello se ideo el proyecto CALIBRA, para mediar entré los estudiantes de los colegios Camacho y Santa Librada; en resumen siempre nos encontramos con Pacho en los espacios de Derechos Humanos. ¿Nos preguntamos y nos resistimos a creer como una persona con una trayectoria intachable y de tantas  calidades humanas, siempre rodeado y querido por sus estudiantes, su familia, amigos  y comunidad educativa sea tratado como un delincuente.

Rechazamos con vehemencia el asesinato de Pacho, repudiamos la forma apresurada e irresponsable  como desde diferentes medios de comunicación se enlodó la imagen del profesor, exigimos se rectifique públicamente, se dignifique el buen nombre del profesor.

Exigimos que se castigue a los perpetradores de la muerte del profe. Llamamos a los estudiantes del Camacho que a pesar de ya no contar con la presencia física  y su cuerpo haya sido sepultado ayer, sus ideas y preceptos ustedes los lleven siempre.

Santiago de Cali, Agosto 8 de 2013

JUNTA DIRECTIVA DEPARTAMENTAL


La Marcha de los Condenados





Por: Lucas Restrepo Orrego [1]
Artículo publicado en el periódico Voz
del 31 de julio de 2013, página 9

En tiempos de virreyes y del derecho indiano, la marcha de los condenados constituía una parte muy importante del ritual punitivo colonial: la exposición pública del cuerpo del desgraciado, a veces a pie, a veces a caballo, vestido con el sambenito, en compañía de una guardia modesta y el pregonero de la falta cometida. El destino final: la horca en un lugar apartado o la quema del cuerpo del inmoral. La “fiesta punitiva” estaba integrada tanto por los suplicios como por la gran marcha que escenificaba de forma sangrienta, pero perfectamente racionalizada, la culpa del condenado y en la que todo el pueblo participaba con su mirada, su desprecio o su tímida simpatía.

Los tiempos cambiaron: de una parte, el humanismo liberal se impuso en los discursos jurídico-penales y, de otra, el suplicio fue paulatinamente abandonado por un castigo privado y exhaustivamente reglamentado en miras a retomar el nuevo objeto del castigo: el alma y ya no el cuerpo. Sin embargo, apareció de forma extraña a este movimiento liberal la estrategia de la prisión: una rehabilitación sin rehabilitación que terminó ocultando y aislado el suplicio, integrándolo a los pequeños mecanismos de control que constituyen las instituciones de encierro. Mientras que, ya bien entrado el siglo XIX, el mundo rechazaba los castigos físicos a través de los códigos penales clásicos, en las nuevas cárceles de Francia, Bélgica y Estados Unidos se implementaban pequeños rituales de tortura  como una parte esencial de la imposición de la disciplina interna. Desapareció la humillación pública pero emergió, en su lugar, un sinnúmero de humillaciones privadas operadas ya no por autoridades judiciales sino por agentes administradores de la prisión.

Es así como, en nuestra sociedad, la cárcel no puede funcionar si no es a condición de hacer recaer sobre el cuerpo del prisionero un sinnúmero de castigos adicionales a la sola privación de la libertad. “Intercambio” de tiempo de libertad por rehabilitación que viene acompañado de un largo suplicio y que, en Colombia, adquirió ya dimensiones brutales. Ahora bien, las importantes conquistas de los pueblos en las declaraciones de derechos contenidas en el texto constitucional de 1991 son, más que abstracciones humanistas, verdaderas reivindicaciones frente a los estados de dominación y explotación presentes en nuestra sociedad. Especialmente los prisioneros saben que el contenido de la dignidad humana trasciende cualquier discusión teórica entre un profesor de derecho constitucional y su alumno: ellos piden el control sobre sus cuerpos.

Pero ahora la brutalidad oculta ha empezado a superar la privacidad de los muros de las cárceles colombianas, especialmente de esas cárceles ilegales que son los ERON. Brutalidad perfectamente racionalizada y acompañada de una mentalidad colonial degradante. Algo así como que “si lo hacen en Estados Unidos, entonces es bueno”. Pues bien, a la insoportable situación que están viviendo los presos en todas las cárceles del país, se suma ahora una renovada “marcha de los condenados”, como en los tiempos de Carlos III. Presos que llegan a las audiencias encadenados de pies y manos, rodeados de un pequeño ejército de guardianes del INPEC, trasladados desde las jaulas de los juzgados hasta las diminutas salas de audiencias de nuestro sistema acusatorio, expuestos al escarnio y a la humillación pública.

En la ciudad de Cali, por ejemplo, con una intensidad hasta paradójica vivimos esa humillación. La nueva obra pública, el “Boulevard del rio” construido sobre la avenida Colombia, se convirtió en la ruta de nuestra contemporánea marcha de los condenados: dos cuadras de este hermoso sendero peatonal paralelo al Rio Cali  y que circunda el centro de la ciudad, son el nuevo callejón de las humillaciones: personas encadenadas de pies y manos transitan difícilmente la imponente obra, flanqueados por su azul escolta y observados no sin sorpresa por algunos transeúntes. El contraste es sorprendente: un símbolo del “renacer caleño” pareciera verse momentáneamente manchado por el lento y hasta ridículo caminar de esos sucios “malandros”. No obstante, podemos lanzar otra mirada: aquel progreso gris no puede venir si no está acompañado de la sangre y el sufrimiento. El feo espectáculo que se ofrece en tan inmaculado lugar es un recordatorio: caminarás por este boulevard libre o encadenado. Es tu decisión.

¿Y a semejante brutalidad que contestará el INPEC o la Ministra de Justicia? Que se han presentado fugas, que la guardia no tiene capacidad logística para responder a los pedidos de la justicia, que no hay recursos para ofrecer un tratamiento humanitario, que algunos presos son de alta peligrosidad. Y más allá de las respuestas obvias que cualquiera podría ofrecer (que las fugas no son responsabilidad de los presos sino del INPEC mismo, que no tienen por qué sufrir las consecuencias de la ineficiente justicia colombiana, que la peligrosidad marcada por una acusación no autoriza un tratamiento indigno, que la inocencia y la buena fe se presumen, etc.) lo cierto es que a la Ministra no le interesa seguir escarbando las minucias de la brutalidad punitiva y que al INPEC no le interesa más mala propaganda.

El caso de Cali es, pues, una incomodidad porque es inevitablemente público y, sin embargo, es el modelo que se implementará de manera generalizada. En un país donde la palabra “dignidad humana” abunda en las sentencias judiciales pero escasea en la vida real, nada mejor que hacer efectiva la función preventiva del castigo haciéndolo brutal, público y desplegando con toda intensidad esa brutalidad en los escenarios más simbólicos. Los tiempos de las masacres en la plaza pública no han terminado, solo que ahora la sutileza es el signo de la barbarie.

Este escrito es un homenaje a las prisioneras políticas de la Cárcel de Jamundí, quienes de forma valiente y arriesgándose a castigos insoportables, han decidido denunciar la nueva “marcha de los condenados”. En nombre de todos los presos del país, nos han pedido a la sociedad colombiana que acabemos con esta ignominia. Que rechacemos estos brutales encadenamientos y estas humillaciones públicas a que son sometidas. Nos han pedido también que denunciemos y exijamos el fin de la tortura llamada disciplina, porque no es solo carencia de recursos para atender a los presos sino también estrategia para someter sus deseos y sus ideas.



[1] Abogado penalista y defensor de derechos humanos, egresado de la Pontificia Universidad Javeriana Cali y Especialista en derecho público de la Universidad Externado de Colombia. Miembro de la Corporación Colectivo de Abogados Suyana y afiliado de ACADEHUM. Docente en derecho constitucional.

En Riesgo Inminente La Vida E Integridad Personal De Líder Social Integrante De La Asociación De Trabajadores Campesinos Del Valle Del Cauca-ASTRACAVA


URGENTE

A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

LA RED DE DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO
“Francisco Isaías Cifuentes”

CORPORACIÓN SUYANA

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL MOVIMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL MARCHA PATRIÓTICA.

ACCIÓN URGENTE

En riesgo inminente la vida e integridad personal de líder social integrante de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca-ASTRACAVA, de la Coordinación Departamental Valle del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano y del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica, privado de su libertad en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelaria Cali Villahermosa.

DE ACUERDO A DENUNCIAS RECIBIDAS RECIENTEMENTE:

HECHOS

Valle del Cauca, Municipio de Santiago de Cali.

Domingo 28 de Julio de 2013

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelaria Cali Villahermosa, Cerca de las 10 de la mañana, cuando la señora ROSA CAMPO, hija del Señor FÉLIX CAMPO, ingresa al centro de reclusión encuentra que su padre se encuentra muy delicado de salud, presenta síntomas como fiebre, vómito, diarrea, cefalea y demasiado dolor abdominal lo cual le ha impedido ingerir alimentos llegando a un punto de deshidratación.

Adicional a éstos síntomas el señor FELIX OCAMPO presenta desde el 2005 Osteomielitis crónica debido a una operación en su pierna derecha, la cual está presentándole un dolor intenso, solamente le fue suministrado un medicamento llamado “Dipirona”  para el dolor, el cual le causo alergia.

Al ver la grave situación que presenta su padre la señora ROSA CAMPO pide al guarda del INPEC el favor de llevarlo a enfermería ante lo cual el guarda contesta: “allá no le van a hacer nada, no hay ni medicamentos”.

Hasta el día de hoy 05 de Agosto de 2013 al señor FÉLIX OCAMPO aun no lo llevan a enfermería, ni le prestan la atención que su delicado estado de salud requiere, el alto estado de deshidratación en el que se encuentra pone en claro riesgo su vida

Señalando que:

FELIX OCAMPO es prisionero político del Movimiento campesino en el VALLE DEL CAUCA, hace parte de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca, de la Coordinación Departamental Valle del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano y del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica.

FRENTE AL FUNDADO TEMOR DEL CIUDADANO AFECTADO

RESPONSABILIZAMOS

Al Estado Colombiano en cabeza del señor JUAN MANUEL SANTOS CALDERON, a la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca en Cabeza de UBEIMAR DELGADO, y en particular a la Mayor MYRIAM AIDEE VARGAS GUTIERREZ Directora Regional INPEC Occidente, por las violaciones al Derecho a la vida y a la salud.

EXIGIMOS

Responsabilidad estatal frente a los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica y a su dignidad por sus particulares condiciones en que se encuentra el prisionero políticoFELIX OCAMPO.

SOLICITAMOS

AL ESTADO COLOMBIANO
·      El inmediato cumplimiento de las reiteradas recomendaciones que sobre el respeto y acatamiento del Derecho Internacional de  los Derechos Humanos ha formulado la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, La comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y demás organismos internacionales.
·      Con base en los artículos: 23 4,  11, 49 y 83 de la constitución nacional  se le practique en el menor tiempo posible el tratamiento médico que el prisionero político FELIX OCAMPO requiere.
·      Adelantar las medidas necesarias para lograr garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, y la dignidad del prisionero político FELIX OCAMPO
·      Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, consagrados en los hechos de esta Acción Urgente.

A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
·      Cumplir con su papel institucional de velar por la garantía y el respeto a los derechos constitucionales a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica y su dignidad a FELIX OCAMPO
·      Realizar acompañamiento en este preocupante caso que pone en riesgo la vida y la integridad física del prisionero político FELIX OCAMPO.

SOLICITAMOS

A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH)
En el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las Normas internas y externas que se ha comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas.

INSTAMOS A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y ORGANIZACIONES POPULARES A MANTENERSE ATENTOS Y ALERTA LA CRITICA SITUACION DE DERECHOS HUMANOS QUE ESTAN AFRONTANDO EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

RED DE DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO
“FRANCISCO ISAIAS CIFUENTES”

CORPORACIÓN SUYANA

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL MOVIMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL MARCHA PATRIÓTICA.

5 DE AGOSTO DE 2013

INSTITUCIONES A DONDE SE DEBEN DIRIGIR

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá
Fax. 5662071
Fax: (+57 1) 566.20.71

ANGELINO GARZÓN
Vicepresidente de la República
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.

JUAN CARLOS PINZÓN
Ministro de la Defensa
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.

FERNANDO CARRILLO.
Ministro del Interior
Carrera 9a. No. 14-10 - Bogotá, D.C.
PBX (+57) 444 31 00 Ext. 1820

RUTH STELLA CORREA PALACIO
Ministro de Justicia y del Derecho

LUIS EDUARDO MONTEALEGRE
Fiscal General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01  - Bogotá, D.C.
Teléfonos: 570 20 00 - 414 90 00

JORGE ARMANDO OTALORA
Defensor del Pueblo
Calle 55 # 10-32, Bogotá
Fax: (+571) 640.04.91

CARLOS HERNÁN RODRÍGUEZ BECERRA
Defensor del Pueblo Regional Valle del Cauca
Calle 23 A No. 2N-75 - Barrio San Vicente (Cali - Valle del Cauca)
Teléfono: (57) (2) 6615333 - 6608856 - 6609382 - Fax: (57) (2) 6683929
E-mail: valle@defensoria.org.co

MAYOR MYRIAM AIDEE VARGAS GUTIERREZ
Dirección Regional INPEC Occidente
Carrera 26 No.30-56 Barrio Prados
Teléfono: (57 + 2) 3263445 / 3263651 / 3263957

ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO
Procurador General de la Nación
Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.
anticorrupció n@presidencia.gov.co, reygon@procuraduría.gov.co

OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE
NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS
Calle 114 No. 9-45 Torre B Oficina 1101
Edificio Teleport Bussines Park – Bogotá, Colombia
Teléfono PBX (57-1) 629 3636 (57-1) 62
9 3636 Fax (57-1) 629 3637