75 Mineros Detenidos de Forma Irregular y un Número Aun No Precisado De Heridos Por Ataques De Fuerza Pública Durante Paro Minero en el Valle del Cauca



LA CORPORACIÓN SUYANA

LA RED DE DERECHOS HUMANOS DEL SUR OCCIDENTE COLOMBIANO
“Francisco Isaías Cifuentes”

  COMISIÓN NACIONAL  DE DERECHOS HUMANOS DEL MOVIMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL MARCHA PATRIÓTICA.

Comunican:

Suroccidente de Colombia, 25 de julio de 2013


La criminalización de los trabajadores que practican la minería a escala mediana, pequeña y artesanal, es uno de los puntos que motivó la realización del Paro Minero, mediante el cual se  exige la derogación de los decretos 2235 y 0933 que les trata como delincuentes, les quita el sustento para sus familias y los convierte en objeto de persecución estatal. Esta no es la única reivindicación que plantean los mineros, pues una de sus exigencias principales es la de frenar la entrega del territorio nacional a multinacionales como BHP Billiton, Xstrata, Gran Colombia Gold, Anglo American, Medoro Resources, Drummond, Eco Oro (antes conocida como Greystar Resources) y Anglo Gold Ashanti, –por mencionar solo algunas de estas empresas–; exigencia  de suma importancia del Paro Minero que actualmente se adelanta en el país, y que oficialmente inició el 17 de julio con movilizaciones en distintos lugares del país.



En el departamento del Valle del Cauca el punto de encuentro de miles de mineros fue  el Distrito Especial del Buenaventura.  El 17 de julio centenares de personas  provenientes de los departamentos del  Chocó y Valle del Cauca, salieron desde tempranas horas del corregimiento de Córdoba y la zona del Bajo Calima para realizar una marcha pacífica en apoyo al Pliego Nacional Minero.  Cuando los mineros concentrados en Córdoba se aproximaron a la carretera al mar que conduce al Puerto de Buenaventura, fueron atacados por efectivos del Esmad con gases lacrimógenos y balas de goma, situación que se prolongó  durante aproximadamente dos horas entre las cuatro y seis de la mañana del día 17 de julio, y posteriormente a las dos de la tarde de ese mismo día. En este hecho resultaron 11 personas heridas, tres de gravedad,  presentando diversos tipos de fracturas, y heridas en la cabeza.

El día 19 de julio a las 00:00 horas, se registraron nuevamente ataques indiscriminados contra los manifestantes que se encontraban concentrados en una bomba de gasolina ubicada entre Córdoba y el  Bajo Calima, en un operativo desmesurado efectivos del Ejército, el ESMAD, la Infanteria de Marina y grupos especiales de la Policía Nacional, quienes  atacaron a los manifestantes desde helicópteros y por via terrestre comenzaron a disparar gases, balas de goma y otros elementos con armas no convencionales.

Los mineros reportan uso indiscriminado de la fuerza, ataque y disparos contra la población en general. Ante los ataques y disparos, la gente corrió hacia la zona boscosa con el fin de buscar refugio. Como resultado de este ataque, fueron heridas decenas de personas, cuyo   número   aún no ha  podido precisarse y  fueron detenidas 75 más, entre las que se encuentran 72 adultos y 3 menores de edad. Uno de los detenidos, se encontraba JOHAN BLANDON, miembro de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes”.

Las personas que resultaron heridas  no contaron con el apoyo y la atención médica necesaria, pues se impidió  el ingreso de ambulancias a la zona. Solo hasta después de las 10:00 a.m del 19 de julio,  pudo ingresar la misión médica con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, para poder sacar a los heridos del  corregimiento de Córdoba y trasladarlos hacia la ciudad de Buenaventura. En la emisión de Noticias de las 6:30 a.m. de Caracol, El comandante de Policía de Tránsito, general Carlos Ramiro Mena, indicó que “la intervención coordinada con el Ejército para retomar la vía no duró más de 10 minutos y no hubo personas lesionadas”, afirmación totalmente falsa, dada la gran cantidad de heridos que ni siquiera a la fecha ha podido precisarse, en medio de un operativo en el que  participaron  más de mil efectivos de fuerzas especiales de la policía,  el ejército y la Marina, contra mineros inermes que en ese momento se encontraban concentrados en la bomba de gasolina.


Los 75 detenidos fueron trasladados a Buenaventura sin prestárseles atención médica, a pesar de que muchos de ellos tenían heridas y contusiones debido al ataque. Tal es el caso de  ELIECER MORENO, quien  tiene un brazo fracturado, así como   HARRISON QUIÑONES, que  tuvo que ser atendido de emergencia durante la audiencia por las heridas causadas por una bomba de gas lacrimógeno en su zona abdominal. LUIS ERMINIO RIVAS está entre los detenidos a pesar de que sufre  discapacidad cognitiva,  sin que fuera sometido a consulta médica perentoria.


Por más de 24 horas a los detenidos no les fue permitido establecer comunicación con los abogados.  La audiencia de legalización de captura se inicio 36 horas después de la captura. y con la presencia de 6 abogados quienes tuvieron que asumir el acompañamiento de las 75 personas detenidas, lo cual dificulta aun más el transcurso de las diligencias, algunos de ellos denunciaron que ni siquiera pudieron entrevistarse con los detenidos para conocer los hechos y aún así fueron llevados a audiencia y legalizada su captura.

El 21 de julio de 2013, a eso de las 9.15 p.m. mientras se realizaba la audiencia de imputación de cargos a los detenidos, luego del anuncio del juez de otorgar medida de aseguramiento en el lugar de residencia a 74 de los imputados,  entró un oficial con un grupo de 15 policias al juzgado, en claro acto de intimidación a los abogados y detenidos.

A una de las personas detenidas,  JUAN REYES VARGAS,  sin contar con ninguna prueba en su contra se le negó la detención domiciliaria y se llevó a la cárcel de Buenaventura, centro penitenciario con un alto nivel de hacinamiento, ya que  en los testimonios presentados por las fiscalia no existe ningún elemento que lo vinculen con los hechos atribuidos.

A pesar de habérsele otorgado detención domiciliaria a 74 de los 75 mineros detenidos, hasta el momento no ha sido posible el traslado a su lugar de origen en el departamento del Chocó, la mayoria de ellos esta en manos del gaula de Buenaventura, sin alimentación ni posibilidad de traslado alegando falta de recursos, en una clara violación de los derechos fundamentales, al negarse a cumplir una orden legal emitida por un juez de la república y mantenerlos en manos del gaula sin alimentacion ni traslado, cuando esto es responsabilidad del INPEC.

Mientras tanto otro grupo de detenidos permanece en un hogar de paso en Buenaventura, en condiciones de hacinamiento, la religiosa encargada de este sitio ha manifestado que estas personas no pueden permanecer alli por más tiempo, porque no hay posibilidad de garantizarles  techo y alimentación.

 RESPONSABILIZAMOS:

Al Estado Colombiano en cabeza del señor JUAN MANUEL SANTOS CALDERON, a la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca en Cabeza de UBEIMAR DELGADO, al alcalde de Buenaventura BARTOLO VAENCIA, y  al General  CARLOS RAMIRO MENA,  por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas por integrantes de las fuerzas regulares del Estado colombiano en la zona de operaciones de las unidades Policiales que dirigen.

EXIGIMOS

El cese inmediato de todo tipo de agresiones, intimidaciones, hostigamientos y represiones a los mineros del Valle del Cauca y Chocó, así como los miles de mineros de otras zonas del País que realicen cualquier tipo de actividad como medio de protesta legítima.

Garantías mínimas a las personas detenidas para retornar a sus viviendas y cesar  la  criminalización del derecho a la PROTESTA SOCIAL por las reivindicaciones de los trabajadores  en el sector minero.

El traslado y la alimentación de los detenidos es responsabilidad del INPEC, por lo cual es inexplicable que las personas judicializadas se encuentran a cargo  del GAULA. Se debe garantizar el traslado hacia sus lugares de origen lo antes posible para hacer efectiva la detención domiciliaria.

Se  debe solucionar  la situación de los detenidos que se encuentran en el hogar de paso en Buenaventura de manera urgente, ya que se encuentran en situación de hacinamiento  y las directivas que  manifiestan que no los pueden mantener más en este lugar.

Se garantice y respete los derechos fundamentales a los detenidos, ya que en todo el procedimiento fue violado el debido proceso.
Se respete el derecho a la igualdad del detenido JUAN REYES VARGAS para que sea al igual que los otros 74 detenidos devuelto a su lugar de origen.

INSTAMOS A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y ORGANIZACIONES POPULARES A MANTENERSE ATENTOS Y ALERTA LA CRITICA SITUACION DE DERECHOS HUMANOS QUE ESTAN AFRONTANDO LOS MINEROS DEL PAIS

CORPORACIÓN SUYANA
RED DE DERECHOS HUMANOS DE SUROCCIDENTE COLOMBIANO “FRANCISCO ISAIAS CIFUENTES”
                                                                     
COMISIÓN NACIONAL  DE DERECHOS HUMANOS DEL MOVIMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL MARCHA PATRIÓTICA.

 

Continúan Actos de Persecución Política Contra Prisioneros miembros de ASCAP filial de Fensuagro-CUT





San Juan de Pasto, 23 de Julio de 2013

DENUNCIA PÚBLICA

Continúan  los actos de  persecución política contra miembros de  ASCAP filial de Fensuagro-CUT, esta vez el prisionero de conciencia, compañero MANUEL ANTONIO MARQUEZ MEJIA, quien se encontraba recluido en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mocoa (P),donde lideraba el Comité de DDHH, fue trasladado en condiciones infrahumanas al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Pasto,


ANTECEDENTES 

 MANUEL ANTONIO MARQUEZ MEJIA, fue vinculado a una investigación por la Fiscalía Única Especializada de Puerto Asís (P), por los Delitos de Homicidio Agravado, Terrorismo y Rebelión. Como Resultado de dicha investigación los campesinos MANUEL ANTONIO MARQUEZ MEJIA, ALEXIS ANTONIO  ARROYO Y EULOGIO TAPIERO GALINDO,  fueron condenados a ocho años de prisión por el Delito de Rebelión, condena que fue impuesta con fundamento en las versiones de un desmovilizado que percibe beneficios de la Fiscalía a cambio de los testimonios mentirosos. La providencia condenatoria fue impugnada por la Defensa quien radicó el escrito de acusación el día 30 de Abril de 2012, es decir que a la fecha han transcurrido más de catorce meses sin que se haya resuelto de fondo dicho recurso por el Tribunal Superior  del Distrito Judicial de Mocoa (P).

Durante el tiempo de reclusión el interno, MANUEL ANTONIO MARQUEZ, se ha distinguido por su labor como defensor de los Derechos Humanos y  adelantaba trabajo organizativo con los prisionerxs politicxs recluidos en dicho penal, motivo por el cual se presume fue trasladado a la ciudad de Pasto el día viernes 19 de julio de 2.013.

El traslado se realizó contrariando lo dispuesto por la H. Corte Suprema de Justicia  mediante sentencia T-232 de 2012, es decir,  el INPEC cuenta con la discrecionalidad de decidir sobre los traslados que considere necesarios, ateniendo a circunstancias de seguridad de los reclusos, siempre que estos se encuentren debidamente sustentados. En el caso mencionado se desconoce los motivos que llevaron al INPEC a tomar dicha determinación sometiendo al compañero a estar alejado de su familia y demás seres queridos.

En las mismas condiciones fue trasladado de la misma Penitenciaria a la Cárcel Judicial de Pasto el señor CARLOS MARIO RESTREPO ARANGO, a quien desde el día 17 de Julio del presente año no se le ha asignado celda, teniendo que soportar las inclemencias del clima y sometido a condiciones  de trato infrahumano.

Exigimos al INPEC información sobre las razones que motivaron dicho traslado y se observe respeto por los derechos humanos dentro de los límites de la razonabilidad y del buen servicio de la administración.

A la DEFENSORÍA DEL PUEBLO que cumpla con su deber constitucional de verificar el respeto de la vida digna, la tranquilidad y los derechos humanos de los reclusos.

A NACIONES UNIDAS, CRUZ ROJA INTERNACIONAL, realizar seguimiento constante a la situación denunciada sobre el presente caso.

A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES: Respaldar la presente Denuncia enviando sus cartas a las siguientes direcciones:

Juan Manuel Santos
Presidente de la República
Cra. 8 # 7-26, Palacio de Nariño.
Santa Fe de Bogotá. Fax:+57.1.566.20.71

Angelino Garzón
Vicepresidente de la República
Tels. (+571) 334.45.07,(+573) 7720130,
E-mail: hernanulloa@presidencia.gov.co

Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional
Humanitario.
Calle 7 N° 5-54 Santafé de Bogotá
TEL: (+571) 336.03.11
FAX: (+57 1) 337.46.67
E- mail: cefranco@presidencia.gov.co

Eduardo Montealgre Lynett
Fiscal General de la Nación
E-mail: fibarra@presidencia.gov.co
Fiscalía General de la Nación
Diagonal 22 B No.52-01
Santa fe de Bogotá.
Fax: (+571) 570 20 00
E-mail: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co

Fernando Carrillo Flórez
Ministro del Interior
Carrera 9ªN. 14 -10 Bogotá D.C
e-mail ministro@minjusticia.gov.co

Ruth Stella Correa
Ministra de Justicia
Carrera 9 Nº 12c-10 Bogotá D.C
Fiscal General de la Nación
Diagonal 22b Nº 52-01 - Bogotá D.C
Teléfonos: 5702000 - 414 90 00
contacto@fiscalia.gov.co




COALICION POR LA LIBERTAD DE LOS PRISIONERXS POLITICXS “LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS”

Violación al Derecho a la Salud y a la Vida a Prisionero Político en la Cárcel de Villa Nueva de Cali



DENUNCIA PÚBLICA

LA CORPORACIÓN COLECTIVO DE ABOGADOS SUYANA

DENUNCIA

Ante la comunidad nacional e internacional la violación al derecho fundamental a las vida y a la salud de Jhon  García Rodríguez  prisionero político recluido en la cárcel de Villanueva.

Cali, 15 de julio de 2013

La siguiente denuncia es realizada por Juana Banguera Quiñones, esposa del prisionero político Jhon García Rodríguez y acompañada y respaldada por la Corporación Colectivo de abogados Suyana.

HECHOS

Al prisionero político Jhon García Rodríguez de 42 años de edad, identificado con c.c 94.429.759 recluido en el patio 4 de la cárcel de Villanueva de la ciudad de Cali, se le está violando el derecho fundamental a la salud, poniendo en riesgo su vida al negársele la atención médica que requiere su condición de discapacidad que lo obliga a estar en silla de ruedas.

Jhon García Rodríguez es discapacitado desde hace 17 años, cuando víctima de un robo en el momento en que  trabajaba como mensajero recibió un impacto de bala en la columna, lo que lo dejo en silla de ruedas.

Su  captura ocurrió  hace dos años en su casa, donde se encontraba debido a su discapacidad, durante el tiempo que lleva retenido  nunca ha recibido la atención que su condición requiere.

Además de su discapacidad, sufre de otras enfermedades como hemorroides, taquicardia, peladuras y hongos en los brazos, enfermedades que se agudizan por las condiciones en las que se encuentra recluido.

Actividades vitales como ir al baño, o salir de su habitación son imposibles de realizar para Jhon García debido a su condición y a que el espacio donde está recluido no es apto para una persona en silla de ruedas, por esto debe pagar para que lo lleven al baño, lo movilicen, le laven la ropa, situación muy compleja para él y su familia que carecen de recursos.

La silla de ruedas  que él tiene está en muy mal estado es necesario remplazarla, pero no se cuenta con recursos para esto, sin embargo esto no es suficiente, además se debe tener en cuenta que el espacio en el que se encuentra no es adecuado para una persona que necesite silla de ruedas para movilizarse.

La alimentación que se recibe en la cárcel  es de pésima calidad y sobre todo en las condiciones de Jhon, esta alimentación  no está acorde con lo que su grave condición de salud necesita.

El INPEC se ha negado a ofrecerle servicio médico bajo diferentes excusas, no ha permitido su salida para practicarle exámenes o para acceder a tratamiento a pesar de la gravedad de su situación en la que tiene hemorragias constantes,  Un domingo hace siete meses aproximadamente tuvo un desmallo, en esta ocasión se quedó sin respiración y no fue atendido bajo la excusa de que era domingo.

Además, se debe tener en cuenta que en las condiciones de discapacidad en que se encuentra Jhon García Rodríguez debe tener un trato especial, el que el INPEC  se ha negado a ofrecerle a pesar del evidente deterioro que ha sufrido su salud  durante los dos años de reclusión.

En la actualidad Jhon además de sus enfermedades sufre de hemorragias constantes  muy fuertes, lo que pone en riesgo su vida, por esto requiere que se le preste atención médica urgente.

EXIGIMOS

Se le garantice el derecho a la salud, a la vida y a su dignidad por sus particulares condiciones en que se encuentra el prisionero político JHON GRACÍA RODRIGUEZ 
A la dirección carcelaria de Villanueva, a la dirección regional  INPEC y a sanidad carcelaria se le brinde el trato especial que las condiciones de salud y discapacidad  del prisionero político Jhon García Rodríguez   requieren.

Que  se le garantice el derecho a tener el tratamiento médico  que  sus graves  condiciones de salud necesitan.
SOLICITAMOS

Con base en los artículos: 23 4,  11, 49 y 83 de la constitución nacional  se le practique en el menor tiempo posible el tratamiento médico que el prisionero político JHON GRACÍA RODRIGUEZ  requiere.

A LAS ENTIDADES DE CONTROL COMO DEFENSORÍA Y PROCURADURÍA: realizar acompañamiento en este preocupante caso que pone en riesgo la vida y la integridad física del prisionero político Jhon García Rodríguez

A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH) el cumplimiento de su mandato como veedores de que el Estado colombiano cumpla con sus obligaciones constitucionales y del Derecho Internacional  de los Derechos Humanos.

AL COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZA ROJA realice acompañamiento y seguimiento de este preocupante caso y respalde la presente denuncia enviando sus cartas a las direcciones que exponemos a continuación.

A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES: Respaldar la presente Denuncia enviando sus cartas a las siguientes direcciones:

ANGELINO GARZÓN
Vicepresidencia de la República / Carrera 8 Nº 7-57 Bogotá D.C

FERNANDO CARRILLO FLOREZ
Ministro del Interior / Carrera 9ªN. 14 -10  Bogotá D.C
E-mail: ministro@minjusticia.gov.co, mdn@cable.net.co

JORGE ARMANDO OTÁLORA
Defensor del Pueblo Colombia
Oficinas en Bogotá: Calle 55 Nº 10 - 32 –
Código Postal 110231 - PBX: [57 1] 3147300

CARLOS HERNÁN RODRÍGUEZ BECERRA
Defensor del Pueblo Regional Valle del Cauca
Dirección: Calle 23 A No. 2N-75 - Barrio San Vicente (Cali - Valle del Cauca)
Teléfono: (57) (2) 6615333 - 6608856 - 6609382 - Fax: (57) (2) 6683929
Correo electrónico: valle@defensoria.org.co

ALEJANDRO ORDOÑEZ
Procurador General de la Nación
Carrera 5ª nro. 15 - 60 (Bogotá)
18000 910 315 - Línea reducida: 142 - PBX: (571) 5878750
Email: quejas@procuraduria.gov.co / dcap@procuraduria.gov.co / webmaster@procuraduria.gov.co

JAVIER FERNÁNDEZ BOTERO
Procurador Regional Valle del Cauca
Dirección: Carrera 9 No. 8-56 Tel: (2) 3908383 Ip: 21100-21102

MAYOR MYRIAM AIDEE VARGAS GUTIERREZ
Direccion Regional INPEC Occidente
Dirección: Carrera 26 No.30-56 Barrio Prados
Teléfono: (57 + 2) 3263445 / 3263651 / 3263957

  

Lanzamiento Campaña Europea de solidaridad con los prisionerxs politicxs de Colombia


El pasado 6 de julio se realizó con éxito en la ciudad de Bruselas, el lanzamiento de la Campaña Europea de solidaridad con los prisioner@spolític@s de Colombia por parte del Encuentro Europeo de solidaridad con las luchas agrarias y populares y de apoyo a los diálogos de paz con justicia social en Colombia, INTAL América Latina y el Observatorio universitario de derechos humanos (DDHH) – Paz y conflicto – Alfredo Correa de Andreis, entre otras organizaciones.


La campaña fue lanzada con el propósito de solidarizarse con las víctimas de la criminalización social en Colombia, quienes son privadas de la libertad por parte del régimen por su compromiso con la transformación política del país. Con la presentación de 17 casos emblemáticos donde se encuentran el cantante colombiano Carlos Lugo, el periodista de ANNCOL JoaquínPérez Becerra, el líder agrario Miguel Ángel Bobadilla, el líder del extinto movimiento UniónPatriótica Carlos Parray el defensor de DDHH David Ravelo, entre otros, se pretende sensibilizar a la comunidad internacional, sobre la grave situación humanitaria de mas de 9000 prisioner@spolític@s en Colombia como producto del conflicto social y armado en el país suramericano.

En la presentación de la campaña, André Crespin de INTAL, recordó como la solidaridad internacional ha sido importante para obtener la liberación de prisioneros de conciencia como los profesores universitarios Miguel Ángel Beltrán y Julián Cortes y los activistas defensores de DDHH Liliany Obando y Martin Sandoval.

También en la actividad político-cultural el artista colombiano exiliado en Bélgica, Gustavo Matíz, realizó la presentación de una pintura donada por el Colectivo de Artistas contra la guerra, la cual será rifada en varios países de Europa y los recursos obtenidos de la venta de este bono, serán entregados a los prisioneros políticos a través de las organizaciones que los defienden.

El artista también presentó la escultura que representa la solidaridad entre los pueblos, la cual será entregada al pueblo Irlandése instalada próximamente en la ciudad de Dublín como agradecimiento a su apoyo a los actuales diálogos de paz en la Habana, entre la insurgencia de las FARC-EP y el gobierno colombiano.

En sentido discurso, el artista explicó como la escultura representa la mano caída del luchador popular, de la víctima del conflicto colombiano, la cual es sostenida por una mano similar que la levanta desde abajo como representación de que la solidaridad en las reivindicaciones de los pueblos, solo puede ser brindada por los de abajo. Así mismo, en efecto luminoso producido por una lámpara frente a la escultura, se obsérvala imagen del águila imperial, el verdadero responsable del desangre de la patria colombiana, mostrando así la faceta antiimperialista de la obra.

Así mismo, recordó en emotivas palabras, como la imagen de la mano izquierda solidaria que sostiene otra mano izquierda, fue la misma que vimos los colombianos, en el reciente video donde se podía apreciar las conmovedoras imágenes del cobarde asesinato de un campesino del Catatumbo por parte de soldados del ejército oficial.

Al finalizar la jornada, se ofreció una cena por parte de los organizadores del evento ambientada por los acordes de la canción protesta del prisionero político Carlos Lugo.
La campaña fue lanzada en cuatro idiomas y se presentótambién el decálogo para apadrinar un prisioner@ polític@, con el cual se pretende obtener la solidaridad moral y económica por parte de voluntarios europeos.

Organizaciones que impulsan la campaña:
        Encuentro europeo de solidaridad con las luchas agrarias y populares y de apoyo a los diálogos de paz con justicia social en Colombia
•        INTAL, América Latina
•        Observatorio universitario de DDHH, paz y conflicto Alfredo Correa de Andreis, capítulo Europa
•        Corporación Colectivo de abogados Suyana
•        Brigada jurídica Eduardo Umaña Mendoza
•        ON Y Va Globalizando la solidaridad Suiza
•        Grupo Raíces, Dublín
•        MOVICE, capítulo Valencia España

Bruselas, Bélgica.
Por: Julián Cortes.





Taller de Orientación y medidas de Protección Jurídicas y en Derechos Humanos.


         
Con el fin de brindar Información y orientación jurídica y en Derechos Humanos frente a la importante Jornada de el 19 y 20 de julio,  la Coalición Por El Trato Digno Y La Libertad De Las Y Los Prisioneros Políticos “Larga Vida a las Mariposas” Suroccidente;   invita a participar del Taller que sobre esta temática se dictará  el próximo Sábado 6 De Julio de 3:00 a 5:00 p.m  en la Casa de los Derechos Humanos ( Carrera 6 Nro. 7-38 ) en  la ciudad de Cali

En el contexto actual es fundamental contar con elementos básicos de Derechos Humanos y Jurídicos que permitan realizar con éxito esta movilización.

Recordemos que estamos en un Estado en el que las fuerzas militares tienen cada día un poder más prepondernate,  Elementos como el fuero militar y la ley de seguridad ciudadana están encaminadas a criminalizar la protesta popular, sólo los podremos enfrentar a através de la movilización, la lucha y el estudio.

Los esperamos.    

Coalición Larga Vida a las Mariposas, Suroccidente colombiano  

Informes:
mariposasuroccidente@gmail.com
tel: 3173530640