Los Prisioneros Políticos Y Sociales De Los Patios 11, 13 Y 15 de La Cárcel Nacional La Picota Se Declaran En Huelga De Hambre
DENUNCIA
PÚBLICA
los internos de los
patios 10, 11, 13 y 15 del ERON, cárcel nacional La Picota, ponemos en su
conocimiento la situación que vivimos los internos de este centro de reclusión,
la cual consideramos irregular y violatoria de los más elementales derechos del
ser humano.
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| imagen tomada de internet |
Denunciamos
ante la Opinión pública nacional e
internacional los siguientes
HECHOS:
1)
El día jueves 10 de octubre pasado, nos
enteramos de la decisión de la
administración del Inpec, de adjudicar el contrato de provisión de raciones
alimentarias con destino a los internos a la empresa SERVIALIMENTARIA, por
comentarios y no porque la administración nos haya informado.
2)
El día de hoy 12 de octubre fuimos
notificados de hecho de la decisión de la mencionada empresa, de reducir las
cantidades en la ración que deben entregar a cada interno y por lo cual reciben
un pago del estado colombiano. De la misma manera y sin que medie valoración u
opinión médica alguna decidió suprimir la entrega de dietas alimentarias
especiales a personas que padecen enfermedades tales como: diabetes,
hipoglicemia, ácido úrico, hiperlipidemia, triglicéridos, ulceras gástricas,
colon irritable, presión alta y baja y gastritis, poniendo en riesgo sus vidas.
3)
Otro aspecto sobre el cual queremos
llamar la atención es el referente a la salud, este servicio cuando se presta
es deficiente y tardío. La mayoría de las veces no se presta. Hay personas
esperando exámenes y procedimientos desde hace más de un año.
Consideramos señor
defensor que estos hechos constituyen no solo una flagrante violación a los más
elementales derechos del ser humano sino a la vez desconocen disposiciones de
la honorable corte constitucional en tanto que este alto tribunal ha
considerado la violación del mínimo vital; como un trato indigno, cruel e inhumano.
En virtud a lo
anterior, señalamos que lo que viene ocurriendo al interior de este centro
carcelario es violatorio del artículo 51 de la ley 65 de 1993 y de la sentencia
T-714 de 1996, de la honorable corte constitucional.
Por las razones antes
expuestas los internos de los patios antes mencionados hemos decidido no
recibir la irrisoria ración alimentaria hasta que la situación se normalice y
además contemos con una atención médica adecuada y oportuna.
También solicitamos por
su intermedio señor defensor, se nos entregue copias de los siguientes
documentos:
1) Contrato de provisiones de raciones
alimentarias con destino a los internos de la cárcel la Picota suscrito entre
la administración del Inpec y el consorcio SERVIALIMENTARIA
2) Contrato de prestación del servicio de
salud a los internos de la cárcel la Picota,
suscrito entre la administración del Inpec y caprecom
3) Reglamento interno de la
cárcel La Picota expedido por la administración del centro carcelario.
SOLICITAMOS
A la Defensoría
Nacional del Pueblo Realizar visita a la cárcel la Picota con el fin de
constatar la veracidad de nuestras denuncias.
“Visita que debe realizarse sin aviso previo a la administración de la
cárcel, visitando patio por patio ya que las autoridades penitenciarias
muestran solo lo que les conviene”.
A la Procuraduría
general de La Nación, adelantar las investigaciones disciplinarias a fin de
sancionar los responsables de estas conductas ilegales.
A la Contraloría
General de la República realizar las investigaciones fiscales que permitan
corregir esas conductas y sancionar a los responsables de estas.
Al Congreso de la
República: Realizar el control político al INPEC como entidad del Estado.
A la Sociedad
Colombiana y a la comunidad internacional: Solidaridad para con la población
carcelaria colombiana que padecemos a diario la violación sistemática de todos
nuestros derechos.
PRISIONEROS
SOCIALES Y POLÍTICOS DE LOS PATIOS 11,
13 Y 15
Presos de Palogordo se pronuncian sobre la Declaración de Emergencia Carcelaria
2013/
Junio 6/ Santander/ Movimiento NacionalCarcelario/
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| Foto archivo: Vanguardia Liberal. |
Cárcel
de Palogordo (Girón, Santander):
Los
presos recluidos en los diferentes prisiones del régimen Colombiano, hemos
venido denunciando la crítica situación de hacinamiento que incrementa la
violación de los derechos humanos, recibiendo todo tipo de humillaciones,
vejámenes y tratos indignos, donde las cárceles se han convertido en verdaderos
depósitos donde se asignan seres humanos, tocándonos vivir en peores
condiciones que los mismos animales.
Las
condiciones inhumanas han sido conocidas por la opinión pública nacional e
internacional, gracias a la mediación y acompañamiento que nos han brindado
diferentes ONGs defensoras de los derechos humanos y algunos parlamentarios y
el defensor nacional del pueblo; quedando en evidencia el estado inconstitucional
de cosas y la desidia con la que el gobierno nacional asume la política de
encarcelamiento mediante la sanción penal por todo tipo de delitos.
Un
gobierno nacional que solo ha quedado en el discurso de las buenas intenciones,
sin que se resuelvan las situaciones de fondo como las condiciones de vida,
salud, alojamiento, libertad para los ancianos y enfermos, como la prestación y
suministro de adecuada alimentación; entre las tantas necesidades que empeoran
día a día.
En
este orden de ideas, el gobierno colombiano ha determinado de acuerdo al
artículo 168 del código penitenciario y carcelario - ley 65 de 1993, decretar
el estado de EMERGENCIA CARCELARIA, bajo el argumento del hecho sobreviniente
que amenaza perturbar el orden y la seguridad al interior de las prisiones,
otorgándole facultades al Director General del INPEC, para que realice
traslados presupuestales y ordene la contratación directa en asocio del
desprestigiado y corrupto concejo directivo del INPEC, pues las facultades le
permiten violar y no tener que recurrir a la ley de contratación estatal ley 80
de 1993.
El
Estado a través del ministerio de justicia, le desembolso 280 mil millones de
pesos para que sean invertidos, gastados o administrados directamente; el
presupuesto adicional bajo la figura de la EMERGENCIA CARCELARIA, el INPEC con
la injerencia y participación del EJERCITO NACIONAL, batallones de ingenieros
militares acuden de inmediato a lo previsto en el plan de contingencia - ley 448
de 1998 - para la construcción de campamentos según lo establecido en el
artículo 28 de la ley 65 de 1993, que permite la construcción de estos galpones
en los terrenos de éstas colonias para que los internos cumplan labores
agropecuarias; la construcción de estos denominados campamentos no son la
solución a la grave situación de hacinamiento y en cambio empeoran las
condiciones de reclusión de los prisioneros, toda vez, que esta improvisación
nada dice de áreas en las que se presta atención y servicio médico, de las
baterías sanitarias y espacios para las visitas familiares e íntimas de pareja,
todo esto riñe con la dignidad humana.
Esta
emergencia carcelaria sin duda, arrojara otro carrusel de la contratación. Pues
quien no conoce un escándalo diario de corrupción al interior del INPEC,
instituto desprestigiado y podrido como cloaca de mafiosos que se mantiene pese
a los escándalos.
Lo
que los presos de Colombia proponemos, es la declaratoria del Estado de
EMERGENCIA SOCIAL CARCELARIA, articulo 215 de la Constitución Nacional en
concordancia con el artículo 2 de la carta política y en el que planteamos; la
prisión domiciliaria para los delitos menores y reclusos próximos a recobrar su
libertad. Libertad para los ansíanos y enfermos terminales, regionalización
de los presos y humanización de las políticas penitenciarias.
Hemos
dicho los presos hasta la saciedad, que la solución al problema de hacinamiento
no es la de construir cárceles. Pero vemos con enorme preocupación como el
gobierno nacional se empeña en crear mayor infraestructura para depositar
personas en condiciones inhumanas, sin embargo la política criminal
penitenciaria no actúa en lo social, pues se empeña en generar mayor crisis
para posteriormente sustentar la necesidad de privatizar, pues al crear esta
figura se promueve la constitución de sociedades de economía mixta y la
participación de la empresa privada.
Los
presos declaramos:
1.
Que no compartimos ni estamos de acuerdo con la declaratoria del estado de
EMERGENCIA CARCELARIA adoptada por el gobierno nacional, en el que se faculta
al director general del INPEC para que disponga de la administración directa de
280 mil millones de pesos con los que se proponen la construcción de
campamentos en las extensiones de terrenos de las denominadas colonias
agrícolas, infraestructura proporcional para someter en prisión a cerca de
17.500 reclusos en condiciones degradantes.
2.
Proponemos la declaratoria del estado EMERGENCIA SOCIAL CARCELARIA, el cual
permite conceder la prisión domiciliaria para quienes cometen delitos menores,
otorgar la libertad a los prisioneros que padecen de grave enfermedad
diagnosticada y ansíanos, regionalización de los presos, humanización en las
políticas penitenciarias y rebaja de un 20% en las penas.
3.
Hacemos un llamado urgente y alertamos a la comunidad nacional e internacional,
de los graves problemas de hacinamiento que están empeorando diariamente
nuestra condición de reclusión.
4.
Advertimos que la emergencia carcelaria que se declaró, traerá serios problemas
de corrupción y así se engendra otro carrusel de la contratación, liderado de
manera directa por GUSTAVO ADOLFO RICAURTE, director general del INPEC y su
concejo directivo quienes administraran y adjudicaran de manera directa, la
nada responsable suma de 280 mil millones de pesos, sin la participación de
veedurías que ejerzan intervención preventiva bajo controles de transparencia.
JUNIO
06 DE 2013
MOVIMIENTO
SOCIAL CARCELARIO
PRESOS PALOGORDO GIRÓN -
SANTANDER
Etiquetas:
Cárcel de Palogordo,
Movimiento Nacional Carcelario,
Santander
