Detenciones, señalamientos y persecución en el Putumayo


Foto archivo: Notimundo.

Detención arbitraria y continuidad de la política de señalamiento y persecución en contra de Wilmer Madroñero, Oswaldo Arcos, Harry Rendón y Juan Clímaco Vega; miembros de la junta directiva de la Asociación Campesina Agrícola del Putumayo ASCAP, filial de Fensuagro e integrantes del Movimiento Político Marcha Patriótica.

DENUNCIA PÚBLICA

Durante los últimos años la estigmatización, señalamientos, homicidios, persecución entre otros actos de criminalización, han sido perpetrados  en contra de la población campesina en los departamentos de Nariño y Putumayo por ejercer el derecho constitucional de libre asociación y libre expresión.

HECHOS

1.
Por información de la comunidad  el día 24 de mayo del año en curso, siendo las 5:30 de la tarde, en la inspección de Piñuña Negro, Municipio de Puerto Leguizamo – Putumayo, se conoció sobre la captura de los compañeros  Wilmer Madroñero, Oswaldo Arcos, José Harry Rendón y Juan Clímaco Vega. La captura se llevó a cabo por parte de miembros del Ejército Nacional  de Colombia, adscritos a la base naval de Puerto Ospina, al mando del capitán Álvarez.     

2. Desde muy temprano la comunidad de Piñuña Negro se encontraba reunida en desarrollo de una capacitación en derechos humanos, en la que se denunciaron los atropellos y abusos por parte de las fuerzas militares en la zona donde estos se encuentran acantonados.

3. En horas de la tarde el capitán Álvarez, llama a los líderes campesinos Wilmer Madroñero, Oswaldo Arcos y Juan Clímaco Vega, voceros de la comunidad  de Piñuña Negro, para tratar el tema del traslado del Colegio Luis Vidales en el que la fuerza pública ha se ha instalado, hecho que está prohibido por el Derecho Internacional Humanitario, al ocupar instalaciones educativas, lo que genera un riesgo para Los niños  y adolescentes que reciben su educación en estas plantel.

4. Seguidamente los militares capturan al compañero José Harry Rendón, presidente de ASCAP, quien se encontraba viajando por el rió en una lancha en el momento de su captura.

5. Los campesinos implicados fueron presentados ante el Juez de Control de Garantías con sede en la ciudad de Puerto Asís, juez que una vez que escuchadas y analizadas las razones de la captura encontró que el procedimiento de la detención fue ilegal y por tanto decidió conceder la Libertad inmediata a los campesinos antes nombrados.

Exigimos

Al Ejército Nacional de Colombia, en cabeza del Estado Colombiano cesen la campaña de señalamientos y estigmatización en contra de las comunidades campesinas, líderes y liderezas e integrantes del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, haciendo efectivas las garantías constitucionales y el respeto de los derechos humanos,  gremiales y sindicales.

Solicitamos

A la comunidad Nacional e Internacional monitoreo permanente a las acciones arbitrarias desplegadas por miembros de las fuerzas militares en contra del campesinado.

Montajes judiciales y hostigamientos del ejército contra habitantes de Caloto


Foto archivo: La Prensa Latina.

DENUNCIA PÚBLICA

La Corporación Colectivo de Abogados Suyana denuncia ante la comunidad Nacional e Internacional  diferentes actos de  persecución y hostigamiento a que están siendo sometidos los habitantes de corregimiento  El Palo, municipio de  Caloto departamento del  Cauca, víctimas de  un montaje judicial orquestado por el Ejército de Colombia  y la Fiscalía General de la Nación

Antecedentes:

Las locomotoras minera y agraria (prioridad a empresas agrícolas y sector energético), en la región que comprende el valle geográfico del rio cauca y las respectivas secciones de las cordilleras central y occidental que lo rodean (región que abarca el centro y sur del departamento del Valle del Cauca y el norte del departamento del Cauca) en el suroccidente de Colombia, han venido acompañadas de una estrategia juridico militar que ha tenido como consecuencia la destrucción de las organizaciones sociales y la persecusión de sus líderes. De igual forma,  esta estrategia ha generado un despojo de parcelas a gran escala, una violación de la autonomía de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Dicha estrategia se ha denominado plan “consolidación”, utilizando para ello los diversos aparatos del poder entre ellos del aparato Judicial y al Ejército, que actuando de manera conjunta, han radicalizado la persecución contra los campesinos, sus organizaciones y líderes. Plan, implementado por el Ejército y en el que juega un papel determinante el aparato judicial, para hacer aparecer a las comunidades organizadas del campo, a sus hombres, y mujeres como delincuentes al servicio de grupos políticos- rebeldes, y por tanto  perseguirlos y  judicializarlos, legitimando por la fuerza de las armas, la bendición de Jueces y fiscales.

Como consecuencia de la implementación de estas Políticas Estatales, se utiliza un aparato Judicial reforzado por la mal llamada ley 1453 de 2011 de seguridad ciudadana, apoyados por los medios de comunicación; se comenzó a mostrar a nuestros campesinos, labriegos, sus organizaciones, como delincuentes, auxiliadores o integrantes de los grupos políticos  alzados en armas contra el Estado, para así justificar el traslado masivo de tropas, con el fin de  capturarlos y judicializarlos.

Los procesos judiciales contra estos habitantes se caracterizan por las siguientes  circunstancias: todos los judicializados son labriegos, en su mayoría personas adultos mayores, trabajadores, parceleros, de las zonas de las cuales el Estado los pretende desterrar y son  agricultores  que logran su sustento en áreas de tierra no mayores a tres hectáreas en promedio.

Finalmente, la gran mayoría se caracteriza por poseer algún tipo de liderazgo dentro de su comunidad: miembros de organizaciones campesinas o indígenas, comuneros, defensores de derechos humanos, o simplemente personas con un nivel importante de reconocimiento social.

Antecedentes del Expediente 2012-05079

El día 17 de agosto de 2012 en las horas de la madrugada se presenta la detensión masiva y violenta de once habitantes del municipio de Caloto. Se trata de personas ampliamente reconocidas por la comunidad por su condición de labriegos y trabajadores de la tierra entre ellos se encuentran lideres y defensores de DD.HH que pertenecen también a la Asociación Campesina de Caloto: GERARDO BARONA, JAMES BARONA,  WILSON CASTRILLON CANDELA,  FRANCY ELENA VALENCIA GARCES,  DANIEL SECUE, JOHN ALONSO BONILLA,  MARTHA LUCIA PIÑIMUE CRUZ, LUIS IDILVIO VITONAS MESTIZO, GUILLERMO URREA, MANUEL JESUS GUETIA ACUE Y LUIS ENRRIQUE BEDOYA.

El expediente contra estos ciudadanos fue construido con los testimonios de tres presuntos “ex-guerrilleros”; testimonios que permanecieron ocultos e inmunes al control constitucional. Sin que los organismos de control  se hayan manifestado contundentemente, en la diligencia judicial de imputación de cargos; se le ocultó a la defensa los elementos de conocimiento que motivaron las judicializaciones. Así, con este procedimiento irregular, todos estas personas  fueron sometidos a medida de aseguramiento en la cárcel de Santander de Quilichao por una sospecha que se fundó en testimonios secretos organizados por el ejército.

Actualmente libres por vencimiento de términos aunque el proceso en su contra sigue en pie.

Hostigamientos

A continuación se relacionaran las denuncias de diferentes hechos reprochables ocurridos contra estas personas, protagonizados por miembros de la fuerza Pública.

- Jhon Alonso Bonilla Velazco, cc. 76’141.848 de Caloto.
El 1 de mayo de 2013 en las horas de la noche, un artefacto explosivo hizo ignición en el alto de El Palo, corregimiento de Caloto, lugar donde se encuentran dispuestas unas torres de telefonía celular. Al día siguiente el ciudadano Jhon Alonso Bonilla madrugó a  trabajar al alto del Palo en una finca de propiedad de don Olmedo Caro.

Aproximadamente a las  8 am su esposa, la señora  Nori Carmenza Villa llegó a la finca y le informó que el Ejército se encontraba allanando la casa sin orden judicial. El Ejército llegó preguntando por Jhon Alonso, afirmando que, según fuente anónima, él era el responsable de haber lanzado los explosivos de la noche anterior. El Ejército se retiró a medio día aproximadamente.

Luis Edilvio Vitonás Mestizo, C.C. 76’143.073 de Caloto
El día 2 mayo de 2013 a las 10 de la mañana aproximadamente,  se Luis Edilvio Vitonás se dirigía del corregimiento de Mondomo hacia Santander en la moto de su hermano. A la altura de Mandivá, dos patrullas motorizada de la Policía Nacional  le ordenaron detenerse. Allí lo requisaron y lo indagaron, sin informarle las razones de dicha detención. De igual forma, lo trasladaron del lugar hacia un taller  de mecánica, allí  desinflaron las llantas de la moto e hicieron desarmar el tanque de combustible. Este procedimiento abusivo lo justificaron afirmando que trasportaba droga. Después le pidieron su documento de identidad. Luis Edilvio solo portaba la contraseña de la cédula puesto que el documento principal esta en trámite. Seguidamente, bajo la afirmación de que Luis Edilvio presentaba antecedentes, retuvieron ilegalmente el documento, y hasta esta fecha, la Policía no ha efectuado la debida devolución. Luis Edilvio solo espera que su documento de identidad no termine involucrado en algún montaje como el que esta viviendo hoy ante el juzgado de Caloto.  La descripción de los policías es la siguiente: el comandante de las dos patrullas no era muy alto (tal vez 1,70) acuerpado, y de origen nariñense. Había otro de tez morena, delgado y la misma estatura de su comandante.

- Manuel Jesús Guetia, C.C. 4’653.970 de Caloto
Este ciudadano de Caloto denuncia  que desde que  ha sido vinculado a este proceso, ha  recibido permanentes hostigamientos por parte de miembros del Ejército, algunos de los cuales se denunciaron en la personería municipal de Caloto.

Por ejemplo, en un día domingo del mes de marzo del 2013, personal que hace presencia permanente en la base militar de Caloto, lo visitó un establecimiento comercial de su propiedad, ubicado en el mismo lugar de vivienda, (frente  a la cárcel municipal del pueblo) pidieron un tinto y estuvieron casi 2 horas en el lugar. Todo el tiempo mostraban las armas. Su actitud, además, fue siempre intimidante. Este personal nunca está uniformado o identificado pero siempre está armado.

En otra ocasión, el 20 de abril de 2013, más o menos a las 2:30 PM, entraron a la tienda los mismos personajes que estuvieron en el mes de marzo. En el momento solo se encontraban los hijos de Manuel Jesús. Su hija, Leydi Lorena Guetia, le dio permiso a uno de los dos sujetos para que entrara al baño, por pedido de este. Sin embargo, entraron los dos sujetos, hicieron sus necesidades fisiológicas y salieron .

Uno de los sujetos es descrito así: alto, blanco, cabello ondulado, entre los 25 y los 28 años. El otro es de baja estatura,  160 o 163 centímetros  de estatura aproximadamente, de contextura gruesa, con sobrepeso, cabello ondulado, de una edad aproximada de 30 años.
Manuel Jesús denuncia además, que cada vez que pasan patrullas del Ejército por su casa, lo señalan y le hacen gestos intimidantes.

- James Barona Avirama, C.C. 76’142.867 de Caloto.
En el mes de mayo de 2013, días antes de una  reunión de la ONU realizada en El Palo el 7 de mayo, un soldado perteneciente al Ejército de Colombia llegó preguntando por James, haciendo referencia a “el pelao del problema”.  James había tenido un inconveniente con este soldado el día de la jornada electoral del año 2011, donde el soldado había amenazado de muerte a James, según afirman otros soldados, éste  pertenecía a un grupo guerrillero y allí le decían “Kfir”

James denuncia además, que él y su familia han  recibido hostigamientos por parte personal militar  presuntamente perteneciente al Ejército, pero uniformados con camuflados  de color negro. Dichos uniformados, hacen presencia permanente en inmediaciones de su lugar de vivienda, les  hacen gestos amenazantes e invaden su patio trasero. Situación que es cotidiana y reiterativa.

- Gerardo Barona Avirama, C.C. 1061’429.183 de Caloto
El  mismo día en que Gerardo  salió  en libertad condicional, los soldados  de El Palo llegaron a la casa a hacerle vigilancia;  realizaron rondas en su vivienda e intentaron ingresar al patio trasero.

En el mes de abril, cuando Gerardo se dirigía desde la ciudad de Cali hacia su vivienda en Caloto.  Aproximadamente  a las 7:30 de la noche, en el retén militar de Caloto ubicado en el cementerio, es detenido con el fin de verificar su identidad, no obstante ser bastante conocido por los militares del lugar.

La retención se prolongó  por mas de 30 minutos sin ninguna justificación. Esto coincide con hechos de vigilancia y persecución realizada desde vehículos de alta gama que se ubican frente a su lugar de vivienda, desde ahí toman fotos y realizan gestos amenazantes.

Las personas anteriormente relacionadas denuncian además, que en diferentes ocasiones se han acercado a la fiscalía del municipio de Caloto a realizar  denuncias de diferentes hechos delictivos ocurridos en la zona, en los que  han sido víctimas o testigos, y en los que miembros de  la fuerza pública y sus colaboradores se encuentran involucrados.  Sin embargo, esta institución se ha negado a recibir dichas denuncias, bajo el  argumento de que carecen de competencia.

Exigimos

A las fuerzas militares cesen los hostigamientos y la persecución contra los ciudadanos de Caloto y en especial contra aquellos involucrados en la investigación con expediente 2012-05079

A la policía Nacional que brinde la protección suficiente a las personas involucradas en la investigación con expediente 2012-05079, a sus familias y allegados, en su calidad de víctimas de un montaje judicial orquestado por el Ejército de Colombia en connivencia con conocidos delincuentes de la zona.

Exigimos tambien a la Policia Nacional le regresen la contraseña de su documento de identidad al señor Luis Edilvio Vítonás,  el cual fue ilegalmente retenido por miembros de la Policía de Carreteras ubicados en Mondomo, Departamento del Cauca.

Al presidente de la República, señor Juan Manuel Santos, en su calidad de comandante en jefe de las fuerzas militares, que detenga inmediatamente todos los procedimientos  de allanamiento y registro ilegalmente realizados por miembros del Ejército de Colombia,  y que explique claramente  las razones que llevaron a realizar allanamientos de forma irregular  contra el ciudadano Luis Alonso Bonilla.

A  LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN que cumpla con su deber constitucional de recepcionar las denuncias interpuestas por los pobladores del municipio de Caloto. 

Solicitamos

AL ESTADO COLOMBIANO cumplir con su deber constitucional de respetar el derecho a la vida, a la tranquilidad y la honra de los ciudadanos de Caloto.

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: difundir la presente Denuncia

A organizaciones como Las NACIONES UNIDAS, CRUZ ROJA INTERNACIONAL, DEFENSORÍA DEL PUEBLO realicen un seguimiento a las denuncias del presente caso

A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES: Respaldar la presente Denuncia enviando sus cartas a las siguientes direcciones:

Juan Manuel Santos
Presidente de la República
Cra. 8 # 7-26, Palacio de Nariño.
Santa Fe de Bogotá. Fax:+57.1.566.20.71

Angelino Garzón
Vicepresidente de la República
Tels. (+571) 334.45.07,(+573) 7720130,
E-mail: 
hernanulloa@presidencia.gov.co

Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional
Humanitario.
Calle 7 N° 5-54 Santafé de Bogotá
TEL: (+571) 336.03.11
FAX: (+57 1) 337.46.67
E- mail: 
cefranco@presidencia.gov.co

Eduardo Montealgre Lynett
Fiscal General de la Nación
E-mail: 
fibarra@presidencia.gov.co
Fiscalía General de la Nación
Diagonal 22 B No.52-01
Santa fe de Bogotá.
Fax: (+571) 570 20 00
E-mail: 
contacto@fiscalia.gov.codenuncie@fiscalia.gov.co

Fernando Carrillo Flórez
Ministro del Interior
Carrera 9ªN. 14 -10 Bogotá D.C
e-mail 
ministro@minjusticia.gov.co 

Ruth Stella Correa
Ministra de Justicia
Carrera 9 Nº 12c-10 Bogotá D.C
Fiscal General de la Nación
Diagonal 22b Nº 52-01 - Bogotá D.C
Teléfonos: 5702000 - 414 90 00
contacto@fiscalia.gov.co

Organizaciones europeas reconocen crisis humanitaria en las cárceles de Colombia

Declaración Política del “Encuentro europeo de solidaridad con las luchas agrarias y populares y de apoyo a los diálogos de Paz con Justicia Social en Colombia” (Dublín, Abril 20-21, 2013). 

Imagen de Azalea Robles

Tras dos días de discusión y búsqueda de acuerdos, en un ambiente de camaradería, unidad y franqueza, los asistentes al “Encuentro europeo de solidaridad con las luchas agrarias y populares, y apoyo a los diálogos de paz con justicia social en Colombia”, colombianos refugiados, migrantes e internacionalistas provenientes de Irlanda, Bélgica, Suiza, Suecia y el Estado Español, hemos llegado a las siguientes conclusiones:

Una tarea fundamental desde Europa es el respaldo a la actual mesa de diálogo de La Habana entre el gobierno nacional y la insurgencia de las FARC-EP. Dentro de este respaldo, vemos tres elementos centrales: rodear el proceso de paz, incorporando a éste las otras expresiones insurgentes (ELN, EPL) y las propuestas que surjan desde los movimientos sociales; llamar al cese al fuego bilateral como una manera de crear el ambiente propicio para que estos diálogos lleguen a buen puerto; levantar lo más pronto posible el apelativo de terroristas con que la Unión Europea ha calificado a las organizaciones insurgentes colombianas, hecho que enrarece el diálogo político, que refuerza las tendencias hacia el militarismo y que mina los esfuerzos de abrir espacios políticos y democráticos, además de ser contradictorio con el hecho del desarrollo del diálogo directo en la Mesa.

Manifestamos nuestra preocupación por la persistencia e inclusive el escalamiento de la represión en contra de defensores de derechos humanos, activistas políticos de la oposición y movimientos que reclaman el derecho a una vida digna. Esta persecución ha sido particularmente fuerte en contra de los movimientos campesinos, en especial de reclamantes de tierras y las zonas de reserva campesina. Sostenemos que no puede hablarse de paz duradera y sostenible, mientras no se proteja el derecho a la vida de quienes son las fuerzas motrices en la construcción de una Colombia democrática, en paz e incluyente.

Es necesario reconocer la grave crisis humanitaria que se vive en las cárceles de Colombia, donde existen miles de presos políticos y de guerra en circunstancias que no cubren los mínimos requeridos por un ser humano. Creemos que es importante apoyar todas las iniciativas que visibilicen esta situación y hacer este tema un asunto de primer orden para las autoridades europeas y las personas que acompañan solidariamente el proceso colombiano.

Es importante incorporar en esta tarea de construcción de una Colombia en paz con justicia social a las organizaciones sociales europeas, movimientos solidarios y por la paz, movimientos internacionalistas de apoyo a las luchas sociales. Es necesario respaldar a los sectores sociales que en Colombia se movilizan por superar las causas estructurales del conflicto; a los gobiernos y personalidades europeos para que den un decisivo respaldo al diálogo entre todas las partes hasta que se alcancen acuerdos; a la migración y el exilio colombiano en Europa para que se comprometan con la búsqueda de soluciones a los problemas que originan el conflicto social y armado, y se movilice activamente para respaldar este proceso político de solución negociada.

Reconocemos la voluntad expresada por las partes en esta etapa. Valoramos el respaldo que este encuentro recibió por parte de las misiones diplomáticas en Irlanda de Venezuela, Chile, Noruega y particularmente de Colombia, quienes reconocen la importancia del respaldo que desde Europa deben recibir las partes que están dialogando. Agradecemos el importante respaldo recibido del gobierno irlandés, a través del ministro de relaciones y comercio exterior, Joe Costello, quien una vez más ratificó el interés de este gobierno en intercambiar las lecciones del proceso de paz irlandés con las partes.

Agradecemos los respaldos recibidos de parlamentarios irlandeses como Maureen O’Sullivan y de organizaciones solidarias en Irlanda como Justice for Colombia, Ireland Palestine Solidarity Campaign, Venezuela Support Network, LASC entre otras, así como del Partido Comunista de Irlanda y Sinn Féin. También agradecemos el respaldo de otras organizaciones europeas como ZAS, AIPAZComún, Partido del Trabajo, Solidarité Latina, Che-Marx y CETIM (Suiza); el Partido Comunista Alemán, Foro Internacional de Dinamarca, Radio Café Stereo (Suecia) e INTAL (Bélgica).

Resaltamos y agradecemos el respaldo dado desde Colombia a este encuentro por parte de Fensuagro, Astracatol, Astracava, PUPSOC, CONAP, CCVC, Sinaltrainal Pradera, Comité de Corteras de Caña del Cauca y del Valle del Cauca, Brigada Jurídica Eduardo Umaña, Colectivo de Presos Políticos y de Guerra Antonio Nariño (Combita, Boyacá), Presos Políticos de la Marina en Picaleña (Ibagué, Tolima), de la Octava Papeleta por la Salud y la Seguridad Social como Derechos Fundamentales, así como de innumerables personas comprometidas con una Colombia con paz y justicia social.

Fue sentimiento y expresión unánime, que es hora de sumar esfuerzos para respaldar estas negociaciones, cuyos enemigos son poderosos y no tienen necesidad de agazaparse. Saludamos en este espíritu, iniciativas como el Congreso de Paz realizado el fin de semana en Bogotá así como de eventos próximos a realizarse, como el Foro Ecuménico por la Paz en Bogotá y el Foro por la Paz en Brasil. La magna movilización por la paz, la democracia y la defensa de lo público, convocada por la Marcha Patriótica, convocatoria a la cual se sumó un gran número de organizaciones sociales y personalidades, incluido el gobierno de Santos y la insurgencia de las FARC-EP, es un gesto importante a considerar: más de un millón de personas demostraron que la voluntad de diálogo se impondrá a los guerreristas.

También, es hora de apoyar decididamente la lucha que los movimientos campesinos y populares realizan en Colombia, y de manera especial a las y los prisioneros políticos y a los y las colombianas y colombianos perseguidos y estigmatizados por su compromiso político, pues ellos son los constructores reales de una Colombia que derrote la guerra mediante la superación de sus causas objetivas.

Nuestro llamado es por tanto a la unidad, a trabajar con honestidad y entrega por la solidaridad con el movimiento popular y los diálogos de paz en Colombia, a superar mezquindades y colaborar generosamente en esta tarea que convoca todas las voluntades por un único objetivo, la paz con justicia social.

Encuentro europeo de solidaridad con las luchas agrarias y populares,
y apoyo a los diálogos de paz con justicia social en Colombia.
21 de Abril, 2013

Denuncia: Ejército y policía realizan capturas masivas en Puerto Tejada


Municipio de Puerto Tejada, Departamento del Cauca.

DENUNCIA

Ante la comunidad nacional e internacional la violación al Principio Constitucional de Debido Proceso en las capturas masivas llevadas a cabo por el Ejército y la Policía,  contra 17 jóvenes en zona  rural del municipio de PUERTO TEJADA,  en el Norte del departamento de CAUCA.

Familiares y abogados  de personas detenidas ponemos en conocimiento los siguientes:

HECHOS

Según autoridades  del municipio  de Puerto Tejada, el  día 21 de abril de 2013 un informante  pone en su conocimiento que en dos predios de esta ciudad presuntamente se estaban preparando atentados por parte de la guerrilla de las   FARC- EP.

El  día 26 de abril se realiza un primer allanamiento sin orden judicial a las 6.05 a.m.,  al predio denominado “La Finca”,  ubicado en la Calle 6 con Carrera 27 del barrio Santa Elena, donde ingresa  la policía  de forma violenta en una volqueta tumbando la cerca,  estrellándose contra la casa y disparando gases lacrimógenos, bombas de aturdimiento y disparando con armas de fuego a la vivienda donde se encontraban  13  jóvenes entre los 19 y 24 años, quienes estaban allí por el enlace de un agente de policía de Puerto Tejada, que los había convocado para encuentros de futbol con jóvenes vecinos de varios municipios del norte del Cauca. Los capturados son esposados, sacados en pantaloneta y camisetas de la selección Colombia,  fueron arrojados boca abajo al piso, golpeados, mientras los amenazaban con dispararles si se resistían, resultando lesionados física y sicológicamente. A las 11:00 a.m hace presencia la delegada de  la personería y se les permite dejarse las camisetas que tenían, puesto que pretendían  colocarles camuflados a la fuerza; los jóvenes además  estaban aturdidos por las bombas utilizadas en el operativo. Lo anterior pone en evidencia que  el operativo policial no tuvo control alguno al momento de su inicio, ya que no estuvieron presentes los organismos de control del Estado,  llámese procuraduría o personería, cuyos delegados hicieron presencia en el lugar   cinco horas después de iniciado el operativo.

Un Segundo Allanamiento se realizó el mismo día 26 de abril de 2013 a las 6.15 a.m.,  sin orden judicial, en el predio ubicado en  la carrera 27 N. 6-14, allí también ingresó la fuerza pública de forma violenta  tumbando la puerta, lanzando gases lacrimógenos y bombas de aturdimiento, en la sala de la casa se encontraban cuatro personas: tres hombres y una mujer, los cuales fueron reducidos y esposados con la cabeza boca abajo y con la amenaza permanente de no mirar  hacia las habitaciones o de lo contrario les disparaban; en este operativo no hubo presencia de ninguno de los entes de control existentes pues solo llegaron hasta las 9:00 a.m.,  permitiendo así que   los militares actuaran sin control alguno. Los capturados son trasladados en helicóptero, en un cinematográfico despliegue militar ordenado por el Ministro de Justicia desde Puerto Tejada hasta  la ciudad de Cali.

La audiencia de legalización del allanamiento y la legalización de elementos materiales probatorios se inició a las 11:00 a.m. del día 27 de abril de 2013, terminando a  las 8:00 p.m.  y la audiencia de legalización de captura comenzó  a las 8:15 p.m. del mismo día, 37  horas después, significando que se inicia por fuera del término legal establecido, es decir, dentro de las 36 horas  a la lectura de los derechos del capturado, tal como lo indican los artículos 28 y 29 de la Constitución y el mismo artículo 2º y 302 del Código de Procedimiento Penal, situación que llevó a la  defensa a exponer  que la captura era ilegal por vencimiento de términos,  sin embargo esto lo pasó por alto el juez de control de garantías.

Igualmente, el procedimiento del registro de allanamiento fue irregular ya que no se  leyó el Acta de Procedimiento de Registro a los detenidos, la cual  tampoco fue firmada, además  no  se cumplió con el requisito de los formatos de actas de incautación, lo que a su vez indica  que los elementos materiales probatorios encontrados en el procedimiento policial  sobre el papel no se sabe con certeza de quien son.

La audiencia de legalización de captura se inició a la hora 37 y se decidió sobre la misma aproximadamente a la hora 42, pasando la fiscalía y  el juez de control de garantías por encima de la Constitución y la ley, situación que fue expuesta por la defensa, violándose así  los  derechos de los capturados,  avalando los errores  jurídicos cometidos por la fuerza pública, dejando entrever su posición política por encima de la posición jurídica.

El día 28 de abril a las 9:30 a.m. se inició la audiencia de imputación de cargos, estos fueron:   Concierto para delinquir, uso de insignias y uniformes, falsedad marcaria, receptación, entre otros; la fiscalía pasó por alto las  recomendaciones del procurador delegado y el mismo juez del control de garantías, quienes plantearon que  los elementos materiales probatorios arrimados a la audiencia  se circunscribían al delito de rebelión. La audiencia se termina a las 6:00 p.m. con la negativa al recurso de apelación, a pesar de las reiteradas irregularidades cometidas por la policía judicial y la misma fiscalía dictando  medida de aseguramiento.

A los detenidos se los llevó a las audiencias preliminares al día siguiente de la captura violentándose el derecho a la dignidad humana con la misma ropa, sin oportunidad de aseo personal, además uno de ellos llevaba la camiseta  ensangrentada, se le mostró al juez las heridas en la cara y la espalda y la única respuesta de la fiscalía y del juez de control de garantías es, que según los dictámenes de medicina legal los golpes y escoriaciones de estos muchachos no eran de alarma, porque según una jurisprudencia sacada a relucir por la fiscalía esto es producto de fuerza proporcional.

EXIGIMOS

Responsabilidad estatal frente a los derechos al debido proceso,  a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica.

AL GOBIERNO NACIONAL, AL MINISTERIO DE DEFENSA Y LAS AUTORIDADES POLICIALES Y MILITARES respetar el debido proceso, ya que los iniciados no están vencidos en juicio, ya que se encuentra en la primera etapa y el gobierno no cuenta con los elementos probatorios para condenarlos sin que se hayan agotado la competencia de las autoridades judiciales.

AL ESTADO COLOMBIANO

Cumplir con su deber institucional  de velar por la garantía y el respeto a los derechos constitucionales del debido proceso, a la vida y a la integridad física de los indiciados.

SOLICITAMOS

AL ESTADO COLOMBIANO cumplir con su deber constitucional de respetar el debido proceso y respetar la vida y honra de los seres humanos

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: difundir la presente Denuncia

A LAS ENTIDADES DE CONTROL COMO DEFENSORÍA Y PROCURADURÍA: realizar acompañamiento en este preocupante caso que está lleno de muchas irregularidades.

A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH) el cumplimiento de su mandato como veedores de que el Estado colombiano cumpla con sus obligaciones constitucionales y del Derecho Internacional  de los Derechos Humanos.

A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES: Respaldar la presente Denuncia enviando sus cartas a las siguientes direcciones:

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República
Carera 8 Nº 7-26 Palacio de Nariño Bogotá / Fax: (+57 1) 566 20 71

ANGELINO GARZÓN
Vicepresidencia de la República / Carrera 8 Nº 7-57 Bogotá D.C

JUAN CARLOS PINZÓN
Ministro de Defensa / Avenida el Dorado con carrera 52 Can Bogotá D.C

FERNANDO CARRILLO FLOREZ
Ministro del Interior / Carrera 9ªN. 14 -10  Bogotá D.C

RUTH STELLA CORREA
Ministra de Justicia / Carrera 9 Nº 12c-10 Bogotá D.C

Fiscal General de la Nación
Diagonal 22b  Nº 52-01 – Bogotá D.C / Teléfonos: 5702000 – 414 90 00
E-mail: contacto@fiscalia.gov.codenuncie@fiscalia.gov.co