Cauca: El Inpec Aisla Veintiocho Internos Indígenas En Huelga De Hambre
Se agudiza situación en la penitenciaría de
Popayán
Más cuesta mantener
El equilibrio
de la libertad
Que soportar el peso de la tiranía.
Simón
Bolívar
Internos
indígenas del Cabildo KWE´SX THE´SAWE´SX UKAWE´SX PUSXNXI (En Nasa Yuwe y que
traduce: Abandonados por nuestros Gobernantes); recluidos en el Establecimiento
penitenciario de alta y mediana seguridad y carcelario con alta seguridad de
Popayán - EPAMSCAS DE POPAYAN –ERE , denuncian que al cumplir nueve días en
huelga de hambre conducente al suicidio
colectivo, el pasado “18 de octubre de 2013 en horas de la tarde, la
dirección del INPEC de la cárcel San Isidro Popayán-Cauca aisló a las personas
que estaban en huelga de hambre como inicio del suicidio colectivo para las celdas primarias; celdas que solo
son para una sola persona, y que ahora en este momento las usan 4 personas
atentando contra la dignidad y los Derechos Humanos de los huelguistas,
aislándolos de toda posible solidaridad de los compañeros de reclusión e
incluso para hacer menos visible ante los organismos de esta situación y de los
familiares, ya que allá, no se pueden comunicar con sus seres queridos, no
sabemos si la apreciación por parte de la administración del INPEC es romper nuestro
movimiento pacífico como ya lo hicieron una vez para esta misma fecha, el cual
en castigo por la desobediencia, tomaron represión y los enviaron a los peores
patios para que los robaran y los apuñalaran.” Afirmaron los internos en un
comunicado dirigido a la Oficina
en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos.
El caso
más preocupante se trata del Indígena CIVILINO UL perteneciente al resguardo de
San Francisco por su delicado estado de salud; quien, había sido intervenido
quirúrgicamente y aún está pendiente de otra intervención. Debido a los golpes
y ultrajo que tuvo por parte de la guardia indígena durante el tiempo que lo
detuvieron se complicó su salud y desde el momento que ha estado recluido en el
centro penitenciario no ha dejado de supurar.
El día
de ayer, 21 de Octubre, se sumaron a la desobediencia pacífica nueve indígenas, quienes como lo habían
manifestado los huelguistas en un comunicado a la opinión pública a lo largo de
esta semana “se sumaran otros compañeros indígenas que en la actualidad están
reivindicando nuestros derechos como indígenas; nuestra voluntad y decisión hasta
tanto aquellos responsables no den solución a nuestras ecuánimes solicitudes se
mantendrá, sin menoscabo de nuestras autoridades indígenas que hacen cumplir nuestras leyes, los guías
espirituales tal como está plasmado en nuestra legislación indígena sin
necesidad de llegar al extremo de acudir al Estado, en este caso el INPEC”.
De otra
lado, en la tarde de ayer, se hizo presente en la penitenciaria una delegación
de miembros de la Defensoría del Pueblo y un abogado de la Corporación
Colectivo de Abogados “Suyana” para verificar las condiciones de los internos,
pudieron constatar que el ánimo de los huelguistas está elevado aunque su
condición física no sea óptima.
A la
fecha, las autoridades de los distintos resguardos no se han pronunciado
respecto a la condición de los huelguistas, indicaron que “algunos han venido a
mirar la situación y como no la ven tan complicada, entonces simplemente se
regresan a sus sitios de origen.”
Sin embargo, dejaron en claro que están
resueltos a continuar en HUELGA DE HAMBRE, y lo confirman mediante la siguiente
frase: “Estamos resueltos a llegar hasta
las últimas consecuencias, a morirnos
ahora antes que morirnos pagando una pena injusta”
Octubre 22 de 2013
¡Hemos puesto en Marcha nuestro corazón,
Seguirá en Marcha la esperanza!
Comisión de Comunicaciones Marcha Patriótica Cauca
Corporación Colectivo de Abogados Suyana
Red de informantes del ejército involucrada en crímenes en Caloto
 |
| Caricatura tomada de El Espectador. |
La Corporación Clectivo de Abogados Suyana presenta la denuncia
del siguiente caso, al cual ha hecho acompañamiento:
Junio 04 de 2013
Hechos:
Para el año 2007 el tio de la señora Maria Ceneida Dicue Secue, Luber Urban Secue Tombe, comienza a trabajar como informante para el ejército, en esta zona de el corregimiento El Palo y sus alrededores la fuerza pública montó una red de cooperantes con miembros de la comunidad, Luber le contó a su familia que además de él a esta red pertenecian Nilson Hernando Mina Barrientos conocido como “Gato” y Victor Manuel Ariza, conocido como “Pacho”, la labor de estas personas era señalar a miembros de la comunidad como pertenecientes a la guerrilla, a cambio de dinero se encargaban de acusar a personas inocentes de hacer parte de la insurgencia. Pero al parecer su compromiso con el jército iba más allá de ser simples informantes, ya que cometieron varios crímenes en la población, además extorcionaron y causaron despazamiento de familias en el alto de El Palo, como es el caso de don Merardo Gonzáles, Estela y Rosa Bonilla quienes tuvieron que salir de su propiedad por el terror impuesto por estas personas, ni siquiera el carro trasportador de gas se salvó de la extorsión.
Ellos andaban de civil pero muchas veces tambien estaban uniformados junto al ejército señalando a la población.
El 29 de noviembre de 2009 habia un festival comunitario en el Nilo (resguardo del Norte del Cauca), en el que se encontraba el señor Luber Urban Secue Tombe, en esta misma fiesta tambien fueron vistos transitando en una camioneta Blanca Nilson Hernando Mina Barrientos “ Gato” y Victor Manuel Ariza, “Pacho”en una moto Honda XL 185 de color blanco que todavia conserva; en horas de la madrugada Luber Urban Secue Tombe fue sacado de la fiesta y apareció al siguiente día degollado, con la cabeza partida por un golpe, sin pantalones, en la via que comunica del Nilo al corregimiento de El Palo, cerca al cementerio. Estos sujetos se caracterizaron incluso por ajusticiar a miembros de su propia red de informantes cuando se sentían comprometidos.
Otro de los hechos narrados por la comunidad ocurrió en el año 2011 en los Chorros, resguardo de Huellas Caloto, donde fue asesinada una señora que se trasportaba en un bus escalera desde Santander hacia Tacueyó, en este hecho al parecer están involucrados Pacho y Gato quienes estaban de civil.
Victor Manuel Arisa también se presume está involucrado en el asesinato del señor Jaime Villamizar, quien trabajaba como barrendero en el corregimiento de El Palo, su asesinato al parecer se debe a que Jaime Villavizar habia visto al señor Victor Manuel Arisa en horas de la madrugada uniformado con el ejército patruyando en la zona donde están ubicadas las antenas.
En el año 2008 en el corregimiento de El Palo, Abelaida Campo de 16 años de edad se encontraba en un establecimiento público (discoteca) con Nilson Hernando Mina Barrientos y Victor Manuel Arisa, la menor de edad fue inducida a tomar licor por estas dos personas hasta encontrarse en un alto grado de alicoramiento, Abelaida Campo salió con estas dos personas en una motocicleta de propiedad de Victor Manuel Arisa “Pacho”, tras varios días sin aparecer Abelaida la guardia indígena del resguardo indigena de Huellas salió en su búsqueda, fue encontrada despues de tres días llegando al municipio de Guachené en las riveras de el río Palo, Había sido golpeada, violada, sus senos mutilados, por dictamen de medicina legal fueron encontrados trosos de madera al interior de su vagina.
Antecedentes:
Un grupo de habitantes de Coloto cuenta que hace mas o menos once años atrás hizo aparición en la zona un grupo de delincuentes que se denominaron “Sendero Luminoso”, se caracterizaron por ser el terror de la gente trabajadora de esta localidad, cometían hurtos, extorsiones y violacione, hechos que quedaron en la total impunidad por el miedo de los afectados a denunciarlos, dentro de este grupo era visible el señor Nilson Hernando Mina Barrientos conocido como “Gato”.
Por otra parte, se sabe que el señor Victor Manuel Arisa fue conductor de la ambulancia del municipio de CALOTO durante mas de seis años, en ese momento estaba siendo acosado y perseguido por el ejército, acusandolo de trabajar con la guerrila, en estas circunstancias entabló denuncia ante la Defensoría del Pueblo, Procuradoria y Personería de Caloto, era tal el acoso y la desesperación de esta persona, que estaba buscando que lo sacaran del país y acudió a organismos de Derechos Humanos para que le ayudaran en ese proposito, tiempo despues la comunidad comenzó a ver a Victor Manuel Arisa junto al ejército, trabajando como informante, incluso parte de la comunidad lo ha visto uniformado y con armas de dotación junto a la fuerza pública patruyando en la zona alta de El Palo, donde están ubicadas las antenas.
Además de todos estos hechos, es muy significativo que estas personas que trabajan como informantes para el ejército, son reconocidos en la comunidad como consumidores de drogas y alcohol.
Consideramos de suma importancia resaltar que el caso del señor Víctor Manuel Ariza conocido como Pacho, está relacionado con casos tan graves como el bombardeo y masacre de gargantillas, ocurrido en Tacueyó – Toribio, departamento del Cauca, en el que existe una demanda en su contra por ser quien citó a los jóvenes al sitio donde fueron asesinados. Víctor Manuel Ariza además, es testigo del ejército en el proceso que se adelanta contra doce pobladores del corregimiento de El Palo, campesinos, líderes, amas de casa y defensores de Derechos Humanos involucrados en un proceso lleno de irregularidades.
La presente denuncia tiene carácter averiguatorio para que la fiscalía los vincule a procesos penales, esperamos pronta y efectiva justicia.
Solicitamos el apoyo de organizaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales para hacerle seguimiento a esta denuncia.
Firmas:
________________________
Maria Ceneida
Dicue Secue
1061428353 de
Caloto Cauca
________________________
Gerardo Barona
Avirama
10.61429183 de
Caloto
________________________
James Barona
Avirama
c.c: 76.142.867
de Caloto
________________________
Jhon Alonso
Bonilla
c.c 76.141.848
de Caloto
_________________________
Francia Elena Valencias Garces
c.c: 25.365.762
________________________
Martha Lucia
Pillimue
c.c 25.365.052
_________________________
Daniel Secue
c.c 76.142.785
de Caloto
__________________________
Luis Edilvio
Vitonas
c.c 76.143.073
de Caloto
__________________________
Elba Escue
C.C 25.732.906
de Caloto
__________________________
Margot Guenjia
C.c 1061430145
de Caloto
__________________________
Jennifer Perez
c.c 1.112.222.077 de Pradera Valle
Montajes judiciales y hostigamientos del ejército contra habitantes de Caloto
2013/ Mayo 20/ Cauca/ Corporación Colectivo de Abogados Suyana/
 |
| Foto archivo: La Prensa Latina. |
DENUNCIA PÚBLICA
La Corporación
Colectivo de Abogados Suyana denuncia ante la comunidad Nacional e Internacional diferentes actos de persecución y hostigamiento a que están
siendo sometidos los habitantes de corregimiento El Palo, municipio de Caloto departamento del Cauca, víctimas de un montaje judicial orquestado por el
Ejército de Colombia y la Fiscalía
General de la Nación
Antecedentes:
Las locomotoras minera y agraria (prioridad a empresas agrícolas y sector energético), en la región que comprende el valle geográfico del rio cauca y las respectivas secciones de las cordilleras central y occidental que lo rodean (región que abarca el centro y sur del departamento del Valle del Cauca y el norte del departamento del Cauca) en el suroccidente de Colombia, han venido acompañadas de una estrategia juridico militar que ha tenido como consecuencia la destrucción de las organizaciones sociales y la persecusión de sus líderes. De igual forma, esta estrategia ha generado un despojo de parcelas a gran escala, una violación de la autonomía de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Dicha estrategia
se ha denominado plan “consolidación”, utilizando para ello los diversos
aparatos del poder entre ellos del aparato Judicial y al Ejército, que actuando
de manera conjunta, han radicalizado la persecución contra los campesinos, sus
organizaciones y líderes. Plan, implementado por el Ejército y en el que juega
un papel determinante el aparato judicial, para hacer aparecer a las
comunidades organizadas del campo, a sus hombres, y mujeres como delincuentes
al servicio de grupos políticos- rebeldes, y por tanto perseguirlos y judicializarlos, legitimando por la fuerza de
las armas, la bendición de Jueces y fiscales.
Como
consecuencia de la implementación de estas Políticas Estatales, se utiliza un
aparato Judicial reforzado por la mal llamada ley 1453 de 2011 de seguridad
ciudadana, apoyados por los medios de comunicación; se comenzó a mostrar a
nuestros campesinos, labriegos, sus organizaciones, como delincuentes,
auxiliadores o integrantes de los grupos políticos alzados en armas contra el Estado, para así
justificar el traslado masivo de tropas, con el fin de capturarlos y judicializarlos.
Los procesos
judiciales contra estos habitantes se caracterizan por las siguientes circunstancias: todos los judicializados son
labriegos, en su mayoría personas adultos mayores, trabajadores, parceleros, de
las zonas de las cuales el Estado los pretende desterrar y son agricultores
que logran su sustento en áreas de tierra no mayores a tres hectáreas en
promedio.
Finalmente, la gran mayoría se caracteriza por poseer algún tipo de liderazgo dentro de su comunidad: miembros de organizaciones campesinas o indígenas, comuneros, defensores de derechos humanos, o simplemente personas con un nivel importante de reconocimiento social.
Antecedentes del Expediente 2012-05079
El día 17 de
agosto de 2012 en las horas de la madrugada se presenta la detensión masiva y
violenta de once habitantes del municipio de Caloto. Se trata de personas
ampliamente reconocidas por la comunidad por su condición de labriegos y
trabajadores de la tierra entre ellos se encuentran lideres y defensores de
DD.HH que pertenecen también a la Asociación Campesina de Caloto: GERARDO BARONA, JAMES BARONA, WILSON
CASTRILLON CANDELA, FRANCY ELENA VALENCIA GARCES, DANIEL
SECUE, JOHN ALONSO BONILLA, MARTHA LUCIA PIÑIMUE CRUZ, LUIS IDILVIO VITONAS MESTIZO, GUILLERMO
URREA, MANUEL JESUS GUETIA ACUE
Y LUIS ENRRIQUE BEDOYA.
El expediente
contra estos ciudadanos fue construido con los testimonios de tres presuntos
“ex-guerrilleros”; testimonios que permanecieron ocultos e inmunes al control
constitucional. Sin que los organismos de control se hayan manifestado contundentemente, en la
diligencia judicial de imputación de cargos; se le ocultó a la defensa los
elementos de conocimiento que motivaron las judicializaciones. Así, con este
procedimiento irregular, todos estas personas
fueron sometidos a medida de aseguramiento en la cárcel de Santander de
Quilichao por una sospecha que se fundó en testimonios secretos organizados por
el ejército.
Actualmente libres por vencimiento de términos aunque el proceso en su contra sigue en pie.
Hostigamientos
A
continuación se relacionaran las denuncias de diferentes hechos reprochables
ocurridos contra estas personas, protagonizados por miembros de la fuerza
Pública.
- Jhon Alonso
Bonilla Velazco, cc. 76’141.848 de Caloto.
El
1 de mayo de 2013 en las horas de la noche, un artefacto explosivo hizo
ignición en el alto de El Palo, corregimiento de Caloto, lugar donde se
encuentran dispuestas unas torres de telefonía celular. Al día siguiente el
ciudadano Jhon Alonso Bonilla madrugó a
trabajar al alto del Palo en una finca de propiedad de don Olmedo Caro.
Aproximadamente
a las 8 am su esposa, la señora Nori Carmenza Villa llegó a la finca y le
informó que el Ejército se encontraba allanando la casa sin orden judicial. El
Ejército llegó preguntando por Jhon Alonso, afirmando que, según fuente
anónima, él era el responsable de haber lanzado los explosivos de la noche
anterior. El Ejército se retiró a medio día aproximadamente.
Luis Edilvio
Vitonás Mestizo, C.C. 76’143.073 de Caloto
El
día 2 mayo de 2013 a las 10 de la mañana aproximadamente, se Luis Edilvio Vitonás se dirigía del
corregimiento de Mondomo hacia Santander en la moto de su hermano. A la altura
de Mandivá, dos patrullas motorizada de la Policía Nacional le ordenaron detenerse. Allí lo requisaron y
lo indagaron, sin informarle las razones de dicha detención. De igual forma, lo
trasladaron del lugar hacia un taller de
mecánica, allí desinflaron las llantas
de la moto e hicieron desarmar el tanque de combustible. Este procedimiento
abusivo lo justificaron afirmando que trasportaba droga. Después le pidieron su
documento de identidad. Luis Edilvio solo portaba la contraseña de la cédula
puesto que el documento principal esta en trámite. Seguidamente, bajo la
afirmación de que Luis Edilvio presentaba antecedentes, retuvieron ilegalmente
el documento, y hasta esta fecha, la Policía no ha efectuado la debida
devolución. Luis Edilvio solo espera que su documento de identidad no termine
involucrado en algún montaje como el que esta viviendo hoy ante el juzgado de
Caloto. La descripción de los policías
es la siguiente: el comandante de las dos patrullas no era muy alto (tal vez
1,70) acuerpado, y de origen nariñense. Había otro de tez morena, delgado y la
misma estatura de su comandante.
- Manuel Jesús
Guetia, C.C. 4’653.970 de Caloto
Este
ciudadano de Caloto denuncia que desde
que ha sido vinculado a este proceso,
ha recibido permanentes hostigamientos
por parte de miembros del Ejército, algunos de los cuales se denunciaron en la
personería municipal de Caloto.
Por
ejemplo, en un día domingo del mes de marzo del 2013, personal que hace
presencia permanente en la base militar de Caloto, lo visitó un establecimiento
comercial de su propiedad, ubicado en el mismo lugar de vivienda, (frente a la cárcel municipal del pueblo) pidieron un
tinto y estuvieron casi 2 horas en el lugar. Todo el tiempo mostraban las
armas. Su actitud, además, fue siempre intimidante. Este personal nunca está
uniformado o identificado pero siempre está armado.
En
otra ocasión, el 20 de abril de 2013, más o menos a las 2:30 PM, entraron a la
tienda los mismos personajes que estuvieron en el mes de marzo. En el momento
solo se encontraban los hijos de Manuel Jesús. Su hija, Leydi Lorena Guetia, le
dio permiso a uno de los dos sujetos para que entrara al baño, por pedido de
este. Sin embargo, entraron los dos sujetos, hicieron sus necesidades
fisiológicas y salieron .
Uno
de los sujetos es descrito así: alto, blanco, cabello ondulado, entre los 25 y
los 28 años. El otro es de baja estatura,
160 o 163 centímetros de estatura
aproximadamente, de contextura gruesa, con sobrepeso, cabello ondulado, de una
edad aproximada de 30 años.
Manuel
Jesús denuncia además, que cada vez que pasan patrullas del Ejército por su casa,
lo señalan y le hacen gestos intimidantes.
- James Barona
Avirama, C.C. 76’142.867 de Caloto.
En
el mes de mayo de 2013, días antes de una
reunión de la ONU realizada en El Palo el 7 de mayo, un soldado
perteneciente al Ejército de Colombia llegó preguntando por James, haciendo
referencia a “el pelao del problema”. James había tenido un inconveniente con este
soldado el día de la jornada electoral del año 2011, donde el soldado había
amenazado de muerte a James, según afirman otros soldados, éste pertenecía a un grupo guerrillero y allí le
decían “Kfir”
James
denuncia además, que él y su familia han
recibido hostigamientos por parte personal militar presuntamente perteneciente al Ejército, pero
uniformados con camuflados de color
negro. Dichos uniformados, hacen presencia permanente en inmediaciones de su
lugar de vivienda, les hacen gestos
amenazantes e invaden su patio trasero. Situación que es cotidiana y
reiterativa.
- Gerardo Barona
Avirama, C.C. 1061’429.183 de Caloto
El mismo día en que Gerardo salió
en libertad condicional, los soldados
de El Palo llegaron a la casa a hacerle vigilancia; realizaron rondas en su vivienda e intentaron
ingresar al patio trasero.
En el mes de abril, cuando Gerardo se dirigía desde la ciudad de Cali hacia su vivienda en Caloto. Aproximadamente a las 7:30 de la noche, en el retén militar de Caloto ubicado en el cementerio, es detenido con el fin de verificar su identidad, no obstante ser bastante conocido por los militares del lugar.
La retención se prolongó por mas de 30 minutos sin ninguna justificación. Esto coincide con hechos de vigilancia y persecución realizada desde vehículos de alta gama que se ubican frente a su lugar de vivienda, desde ahí toman fotos y realizan gestos amenazantes.
Las personas anteriormente relacionadas denuncian además, que en diferentes ocasiones se han acercado a la fiscalía del municipio de Caloto a realizar denuncias de diferentes hechos delictivos ocurridos en la zona, en los que han sido víctimas o testigos, y en los que miembros de la fuerza pública y sus colaboradores se encuentran involucrados. Sin embargo, esta institución se ha negado a recibir dichas denuncias, bajo el argumento de que carecen de competencia.
Exigimos
A las fuerzas militares cesen los hostigamientos y la persecución contra los ciudadanos de Caloto y en especial contra aquellos involucrados en la investigación con expediente 2012-05079
A
la policía Nacional que brinde la protección suficiente a las personas
involucradas en la investigación con expediente 2012-05079, a sus familias y allegados,
en su calidad de víctimas de un montaje judicial orquestado por el Ejército de
Colombia en connivencia con conocidos delincuentes de la zona.
Exigimos tambien
a la Policia Nacional le regresen la contraseña de su documento de identidad al
señor Luis Edilvio Vítonás, el cual fue
ilegalmente retenido por miembros de la Policía de Carreteras ubicados en
Mondomo, Departamento del Cauca.
Al presidente de
la República, señor Juan Manuel Santos, en su calidad de comandante en jefe de
las fuerzas militares, que detenga inmediatamente todos los procedimientos de allanamiento y registro ilegalmente
realizados por miembros del Ejército de Colombia, y que explique claramente las razones que llevaron a realizar allanamientos
de forma irregular contra el ciudadano
Luis Alonso Bonilla.
A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN que cumpla
con su deber constitucional de recepcionar las denuncias interpuestas por los
pobladores del municipio de Caloto.
Solicitamos
AL
ESTADO COLOMBIANO cumplir con su deber constitucional de respetar el derecho a
la vida, a la tranquilidad y la honra de los ciudadanos de Caloto.
A
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: difundir la presente Denuncia
A organizaciones
como Las NACIONES UNIDAS, CRUZ ROJA INTERNACIONAL, DEFENSORÍA DEL PUEBLO
realicen un seguimiento a las denuncias del presente caso
A
LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E
INTERNACIONALES: Respaldar la presente Denuncia enviando sus cartas a las
siguientes direcciones:
Juan Manuel Santos
Presidente de la República
Cra. 8 # 7-26, Palacio de Nariño.
Santa Fe de Bogotá. Fax:+57.1.566.20.71
Angelino Garzón
Vicepresidente de la República
Tels. (+571) 334.45.07,(+573) 7720130,
E-mail: hernanulloa@presidencia.gov.co
Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional
Humanitario.
Calle 7 N° 5-54 Santafé de Bogotá
TEL: (+571) 336.03.11
FAX: (+57 1) 337.46.67
E- mail: cefranco@presidencia.gov.co
Eduardo Montealgre Lynett
Fiscal General de la Nación
E-mail: fibarra@presidencia.gov.co
Fiscalía General de la Nación
Diagonal 22 B No.52-01
Santa fe de Bogotá.
Fax: (+571) 570 20 00
E-mail: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co
Fernando Carrillo Flórez
Ministro del Interior
Carrera 9ªN. 14 -10 Bogotá D.C
e-mail ministro@minjusticia.gov.co
Presidente de la República
Cra. 8 # 7-26, Palacio de Nariño.
Santa Fe de Bogotá. Fax:+57.1.566.20.71
Angelino Garzón
Vicepresidente de la República
Tels. (+571) 334.45.07,(+573) 7720130,
E-mail: hernanulloa@presidencia.gov.co
Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional
Humanitario.
Calle 7 N° 5-54 Santafé de Bogotá
TEL: (+571) 336.03.11
FAX: (+57 1) 337.46.67
E- mail: cefranco@presidencia.gov.co
Eduardo Montealgre Lynett
Fiscal General de la Nación
E-mail: fibarra@presidencia.gov.co
Fiscalía General de la Nación
Diagonal 22 B No.52-01
Santa fe de Bogotá.
Fax: (+571) 570 20 00
E-mail: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co
Fernando Carrillo Flórez
Ministro del Interior
Carrera 9ªN. 14 -10 Bogotá D.C
e-mail ministro@minjusticia.gov.co
Ruth Stella Correa
Ministra de Justicia
Carrera 9 Nº 12c-10 Bogotá D.C
Fiscal General de la Nación
Diagonal 22b Nº 52-01 - Bogotá D.C
Teléfonos: 5702000 - 414 90 00
contacto@fiscalia.gov.co
Denuncia: Ejército y policía realizan capturas masivas en Puerto Tejada
2013/ Mayo 9/ Cauca/
Corporación Colectivo de Abogados Suyana/
 |
| Municipio de Puerto Tejada, Departamento del Cauca. |
DENUNCIA
Ante la comunidad nacional e internacional la
violación al Principio Constitucional de Debido Proceso en las capturas masivas
llevadas a cabo por el Ejército y la Policía, contra 17 jóvenes en
zona rural del municipio de PUERTO TEJADA, en el Norte del
departamento de CAUCA.
Familiares y abogados de personas detenidas
ponemos en conocimiento los siguientes:
HECHOS
Según autoridades del municipio de Puerto
Tejada, el día 21 de abril de 2013 un informante pone en su
conocimiento que en dos predios de esta ciudad presuntamente se estaban
preparando atentados por parte de la guerrilla de las FARC- EP.
El día 26 de abril se realiza un primer
allanamiento sin orden judicial a las 6.05 a.m., al predio denominado “La
Finca”, ubicado en la Calle 6 con Carrera 27 del barrio Santa Elena,
donde ingresa la policía de forma violenta en una volqueta tumbando
la cerca, estrellándose contra la casa y disparando gases lacrimógenos,
bombas de aturdimiento y disparando con armas de fuego a la vivienda donde se
encontraban 13 jóvenes entre los 19 y 24 años, quienes estaban allí
por el enlace de un agente de policía de Puerto Tejada, que los había convocado
para encuentros de futbol con jóvenes vecinos de varios municipios del norte
del Cauca. Los capturados son esposados, sacados en pantaloneta y camisetas de
la selección Colombia, fueron arrojados boca abajo al piso, golpeados, mientras
los amenazaban con dispararles si se resistían, resultando lesionados física y
sicológicamente. A las 11:00 a.m hace presencia la delegada de la
personería y se les permite dejarse las camisetas que tenían, puesto que
pretendían colocarles camuflados a la fuerza; los jóvenes además
estaban aturdidos por las bombas utilizadas en el operativo. Lo anterior pone
en evidencia que el operativo policial no tuvo control alguno al momento
de su inicio, ya que no estuvieron presentes los organismos de control del
Estado, llámese procuraduría o personería, cuyos delegados hicieron
presencia en el lugar cinco horas después de iniciado el operativo.
Un Segundo Allanamiento se realizó el mismo día 26 de
abril de 2013 a las 6.15 a.m., sin orden judicial, en el predio ubicado
en la carrera 27 N. 6-14, allí también ingresó la fuerza pública de forma
violenta tumbando la puerta, lanzando gases lacrimógenos y bombas de
aturdimiento, en la sala de la casa se encontraban cuatro personas: tres
hombres y una mujer, los cuales fueron reducidos y esposados con la cabeza boca
abajo y con la amenaza permanente de no mirar hacia las habitaciones o de
lo contrario les disparaban; en este operativo no hubo presencia de ninguno de
los entes de control existentes pues solo llegaron hasta las 9:00 a.m.,
permitiendo así que los militares actuaran sin control alguno. Los
capturados son trasladados en helicóptero, en un cinematográfico despliegue
militar ordenado por el Ministro de Justicia desde Puerto Tejada hasta la
ciudad de Cali.
La audiencia de legalización del allanamiento y la legalización de elementos materiales probatorios se inició a las 11:00 a.m. del día 27 de abril de 2013, terminando a las 8:00 p.m. y la audiencia de legalización de captura comenzó a las 8:15 p.m. del mismo día, 37 horas después, significando que se inicia por fuera del término legal establecido, es decir, dentro de las 36 horas a la lectura de los derechos del capturado, tal como lo indican los artículos 28 y 29 de la Constitución y el mismo artículo 2º y 302 del Código de Procedimiento Penal, situación que llevó a la defensa a exponer que la captura era ilegal por vencimiento de términos, sin embargo esto lo pasó por alto el juez de control de garantías.
Igualmente, el procedimiento del registro de
allanamiento fue irregular ya que no se leyó el Acta de Procedimiento de
Registro a los detenidos, la cual tampoco fue firmada, además
no se cumplió con el requisito de los formatos de actas de incautación,
lo que a su vez indica que los elementos materiales probatorios
encontrados en el procedimiento policial sobre el papel no se sabe con
certeza de quien son.
La audiencia de legalización de captura se inició a la
hora 37 y se decidió sobre la misma aproximadamente a la hora 42, pasando la
fiscalía y el juez de control de garantías por encima de la Constitución
y la ley, situación que fue expuesta por la defensa, violándose así
los derechos de los capturados, avalando los errores
jurídicos cometidos por la fuerza pública, dejando entrever su posición
política por encima de la posición jurídica.
El día 28 de abril a las 9:30 a.m. se inició la
audiencia de imputación de cargos, estos fueron: Concierto para
delinquir, uso de insignias y uniformes, falsedad marcaria, receptación, entre
otros; la fiscalía pasó por alto las recomendaciones del procurador
delegado y el mismo juez del control de garantías, quienes plantearon que
los elementos materiales probatorios arrimados a la audiencia se
circunscribían al delito de rebelión. La audiencia se termina a las 6:00 p.m.
con la negativa al recurso de apelación, a pesar de las reiteradas
irregularidades cometidas por la policía judicial y la misma fiscalía
dictando medida de aseguramiento.
A los detenidos se los llevó a las audiencias
preliminares al día siguiente de la captura violentándose el derecho a la
dignidad humana con la misma ropa, sin oportunidad de aseo personal, además uno
de ellos llevaba la camiseta ensangrentada, se le mostró al juez las
heridas en la cara y la espalda y la única respuesta de la fiscalía y del juez
de control de garantías es, que según los dictámenes de medicina legal los
golpes y escoriaciones de estos muchachos no eran de alarma, porque según una
jurisprudencia sacada a relucir por la fiscalía esto es producto de fuerza proporcional.
EXIGIMOS
Responsabilidad estatal frente a los derechos al
debido proceso, a la vida, la seguridad personal, la integridad física y
psicológica.
AL GOBIERNO NACIONAL, AL MINISTERIO DE DEFENSA Y LAS
AUTORIDADES POLICIALES Y MILITARES respetar el debido proceso, ya que los
iniciados no están vencidos en juicio, ya que se encuentra en la primera etapa
y el gobierno no cuenta con los elementos probatorios para condenarlos sin que
se hayan agotado la competencia de las autoridades judiciales.
AL ESTADO COLOMBIANO
Cumplir con su deber institucional de velar por
la garantía y el respeto a los derechos constitucionales del debido proceso, a
la vida y a la integridad física de los indiciados.
SOLICITAMOS
AL ESTADO COLOMBIANO cumplir con su deber constitucional
de respetar el debido proceso y respetar la vida y honra de los seres humanos
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: difundir la presente
Denuncia
A LAS ENTIDADES DE CONTROL COMO DEFENSORÍA Y
PROCURADURÍA: realizar acompañamiento en este preocupante caso que está
lleno de muchas irregularidades.
A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH) el cumplimiento de su mandato como
veedores de que el Estado colombiano cumpla con sus obligaciones
constitucionales y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y DEFENSORAS DE DERECHOS
HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES: Respaldar la presente Denuncia enviando
sus cartas a las siguientes direcciones:
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República
Carera 8 Nº 7-26 Palacio de Nariño Bogotá
/ Fax: (+57 1) 566 20 71
ANGELINO GARZÓN
Vicepresidencia de la República / Carrera 8 Nº
7-57 Bogotá D.C
JUAN CARLOS PINZÓN
Ministro de Defensa / Avenida el Dorado con
carrera 52 Can Bogotá D.C
FERNANDO CARRILLO FLOREZ
Ministro del Interior / Carrera 9ªN. 14 -10
Bogotá D.C
RUTH STELLA CORREA
Ministra de Justicia / Carrera 9 Nº 12c-10 Bogotá
D.C
Fiscal General de la Nación
Diagonal 22b Nº 52-01 – Bogotá D.C
/ Teléfonos: 5702000 – 414 90 00
E-mail: contacto@fiscalia.gov.co, denuncie@fiscalia.gov.co
