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75 Mineros Detenidos de Forma Irregular y un Número Aun No Precisado De Heridos Por Ataques De Fuerza Pública Durante Paro Minero en el Valle del Cauca



LA CORPORACIÓN SUYANA

LA RED DE DERECHOS HUMANOS DEL SUR OCCIDENTE COLOMBIANO
“Francisco Isaías Cifuentes”

  COMISIÓN NACIONAL  DE DERECHOS HUMANOS DEL MOVIMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL MARCHA PATRIÓTICA.

Comunican:

Suroccidente de Colombia, 25 de julio de 2013


La criminalización de los trabajadores que practican la minería a escala mediana, pequeña y artesanal, es uno de los puntos que motivó la realización del Paro Minero, mediante el cual se  exige la derogación de los decretos 2235 y 0933 que les trata como delincuentes, les quita el sustento para sus familias y los convierte en objeto de persecución estatal. Esta no es la única reivindicación que plantean los mineros, pues una de sus exigencias principales es la de frenar la entrega del territorio nacional a multinacionales como BHP Billiton, Xstrata, Gran Colombia Gold, Anglo American, Medoro Resources, Drummond, Eco Oro (antes conocida como Greystar Resources) y Anglo Gold Ashanti, –por mencionar solo algunas de estas empresas–; exigencia  de suma importancia del Paro Minero que actualmente se adelanta en el país, y que oficialmente inició el 17 de julio con movilizaciones en distintos lugares del país.



En el departamento del Valle del Cauca el punto de encuentro de miles de mineros fue  el Distrito Especial del Buenaventura.  El 17 de julio centenares de personas  provenientes de los departamentos del  Chocó y Valle del Cauca, salieron desde tempranas horas del corregimiento de Córdoba y la zona del Bajo Calima para realizar una marcha pacífica en apoyo al Pliego Nacional Minero.  Cuando los mineros concentrados en Córdoba se aproximaron a la carretera al mar que conduce al Puerto de Buenaventura, fueron atacados por efectivos del Esmad con gases lacrimógenos y balas de goma, situación que se prolongó  durante aproximadamente dos horas entre las cuatro y seis de la mañana del día 17 de julio, y posteriormente a las dos de la tarde de ese mismo día. En este hecho resultaron 11 personas heridas, tres de gravedad,  presentando diversos tipos de fracturas, y heridas en la cabeza.

El día 19 de julio a las 00:00 horas, se registraron nuevamente ataques indiscriminados contra los manifestantes que se encontraban concentrados en una bomba de gasolina ubicada entre Córdoba y el  Bajo Calima, en un operativo desmesurado efectivos del Ejército, el ESMAD, la Infanteria de Marina y grupos especiales de la Policía Nacional, quienes  atacaron a los manifestantes desde helicópteros y por via terrestre comenzaron a disparar gases, balas de goma y otros elementos con armas no convencionales.

Los mineros reportan uso indiscriminado de la fuerza, ataque y disparos contra la población en general. Ante los ataques y disparos, la gente corrió hacia la zona boscosa con el fin de buscar refugio. Como resultado de este ataque, fueron heridas decenas de personas, cuyo   número   aún no ha  podido precisarse y  fueron detenidas 75 más, entre las que se encuentran 72 adultos y 3 menores de edad. Uno de los detenidos, se encontraba JOHAN BLANDON, miembro de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes”.

Las personas que resultaron heridas  no contaron con el apoyo y la atención médica necesaria, pues se impidió  el ingreso de ambulancias a la zona. Solo hasta después de las 10:00 a.m del 19 de julio,  pudo ingresar la misión médica con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, para poder sacar a los heridos del  corregimiento de Córdoba y trasladarlos hacia la ciudad de Buenaventura. En la emisión de Noticias de las 6:30 a.m. de Caracol, El comandante de Policía de Tránsito, general Carlos Ramiro Mena, indicó que “la intervención coordinada con el Ejército para retomar la vía no duró más de 10 minutos y no hubo personas lesionadas”, afirmación totalmente falsa, dada la gran cantidad de heridos que ni siquiera a la fecha ha podido precisarse, en medio de un operativo en el que  participaron  más de mil efectivos de fuerzas especiales de la policía,  el ejército y la Marina, contra mineros inermes que en ese momento se encontraban concentrados en la bomba de gasolina.


Los 75 detenidos fueron trasladados a Buenaventura sin prestárseles atención médica, a pesar de que muchos de ellos tenían heridas y contusiones debido al ataque. Tal es el caso de  ELIECER MORENO, quien  tiene un brazo fracturado, así como   HARRISON QUIÑONES, que  tuvo que ser atendido de emergencia durante la audiencia por las heridas causadas por una bomba de gas lacrimógeno en su zona abdominal. LUIS ERMINIO RIVAS está entre los detenidos a pesar de que sufre  discapacidad cognitiva,  sin que fuera sometido a consulta médica perentoria.


Por más de 24 horas a los detenidos no les fue permitido establecer comunicación con los abogados.  La audiencia de legalización de captura se inicio 36 horas después de la captura. y con la presencia de 6 abogados quienes tuvieron que asumir el acompañamiento de las 75 personas detenidas, lo cual dificulta aun más el transcurso de las diligencias, algunos de ellos denunciaron que ni siquiera pudieron entrevistarse con los detenidos para conocer los hechos y aún así fueron llevados a audiencia y legalizada su captura.

El 21 de julio de 2013, a eso de las 9.15 p.m. mientras se realizaba la audiencia de imputación de cargos a los detenidos, luego del anuncio del juez de otorgar medida de aseguramiento en el lugar de residencia a 74 de los imputados,  entró un oficial con un grupo de 15 policias al juzgado, en claro acto de intimidación a los abogados y detenidos.

A una de las personas detenidas,  JUAN REYES VARGAS,  sin contar con ninguna prueba en su contra se le negó la detención domiciliaria y se llevó a la cárcel de Buenaventura, centro penitenciario con un alto nivel de hacinamiento, ya que  en los testimonios presentados por las fiscalia no existe ningún elemento que lo vinculen con los hechos atribuidos.

A pesar de habérsele otorgado detención domiciliaria a 74 de los 75 mineros detenidos, hasta el momento no ha sido posible el traslado a su lugar de origen en el departamento del Chocó, la mayoria de ellos esta en manos del gaula de Buenaventura, sin alimentación ni posibilidad de traslado alegando falta de recursos, en una clara violación de los derechos fundamentales, al negarse a cumplir una orden legal emitida por un juez de la república y mantenerlos en manos del gaula sin alimentacion ni traslado, cuando esto es responsabilidad del INPEC.

Mientras tanto otro grupo de detenidos permanece en un hogar de paso en Buenaventura, en condiciones de hacinamiento, la religiosa encargada de este sitio ha manifestado que estas personas no pueden permanecer alli por más tiempo, porque no hay posibilidad de garantizarles  techo y alimentación.

 RESPONSABILIZAMOS:

Al Estado Colombiano en cabeza del señor JUAN MANUEL SANTOS CALDERON, a la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca en Cabeza de UBEIMAR DELGADO, al alcalde de Buenaventura BARTOLO VAENCIA, y  al General  CARLOS RAMIRO MENA,  por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas por integrantes de las fuerzas regulares del Estado colombiano en la zona de operaciones de las unidades Policiales que dirigen.

EXIGIMOS

El cese inmediato de todo tipo de agresiones, intimidaciones, hostigamientos y represiones a los mineros del Valle del Cauca y Chocó, así como los miles de mineros de otras zonas del País que realicen cualquier tipo de actividad como medio de protesta legítima.

Garantías mínimas a las personas detenidas para retornar a sus viviendas y cesar  la  criminalización del derecho a la PROTESTA SOCIAL por las reivindicaciones de los trabajadores  en el sector minero.

El traslado y la alimentación de los detenidos es responsabilidad del INPEC, por lo cual es inexplicable que las personas judicializadas se encuentran a cargo  del GAULA. Se debe garantizar el traslado hacia sus lugares de origen lo antes posible para hacer efectiva la detención domiciliaria.

Se  debe solucionar  la situación de los detenidos que se encuentran en el hogar de paso en Buenaventura de manera urgente, ya que se encuentran en situación de hacinamiento  y las directivas que  manifiestan que no los pueden mantener más en este lugar.

Se garantice y respete los derechos fundamentales a los detenidos, ya que en todo el procedimiento fue violado el debido proceso.
Se respete el derecho a la igualdad del detenido JUAN REYES VARGAS para que sea al igual que los otros 74 detenidos devuelto a su lugar de origen.

INSTAMOS A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y ORGANIZACIONES POPULARES A MANTENERSE ATENTOS Y ALERTA LA CRITICA SITUACION DE DERECHOS HUMANOS QUE ESTAN AFRONTANDO LOS MINEROS DEL PAIS

CORPORACIÓN SUYANA
RED DE DERECHOS HUMANOS DE SUROCCIDENTE COLOMBIANO “FRANCISCO ISAIAS CIFUENTES”
                                                                     
COMISIÓN NACIONAL  DE DERECHOS HUMANOS DEL MOVIMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL MARCHA PATRIÓTICA.

 

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