75 Mineros Detenidos de Forma Irregular y un Número Aun No Precisado De Heridos Por Ataques De Fuerza Pública Durante Paro Minero en el Valle del Cauca
LA CORPORACIÓN SUYANA
LA RED DE DERECHOS
HUMANOS DEL SUR OCCIDENTE COLOMBIANO
“Francisco Isaías
Cifuentes”
COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS
HUMANOS DEL MOVIMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL MARCHA PATRIÓTICA.
Comunican:
Suroccidente de Colombia, 25 de julio de 2013
La criminalización de los trabajadores que practican la minería a escala
mediana, pequeña y artesanal, es uno de los puntos que motivó la realización del
Paro Minero, mediante el cual se exige
la derogación de los decretos 2235 y 0933 que les trata como delincuentes, les
quita el sustento para sus familias y los convierte en objeto de persecución
estatal. Esta no es la única reivindicación que plantean los mineros, pues una
de sus exigencias principales es la de frenar la entrega del territorio
nacional a multinacionales como BHP Billiton, Xstrata, Gran Colombia Gold,
Anglo American, Medoro Resources, Drummond, Eco Oro (antes conocida como
Greystar Resources) y Anglo Gold Ashanti, –por mencionar solo algunas de estas
empresas–; exigencia de suma importancia
del Paro Minero que actualmente se adelanta en el país, y que oficialmente
inició el 17 de julio con movilizaciones en distintos lugares del país.
En el departamento del Valle del Cauca el punto de encuentro de miles de
mineros fue el Distrito Especial del
Buenaventura. El 17 de julio centenares
de personas provenientes de los
departamentos del Chocó y Valle del
Cauca, salieron desde tempranas horas del corregimiento de Córdoba y la zona
del Bajo Calima para realizar una marcha pacífica en apoyo al Pliego Nacional Minero.
Cuando los mineros concentrados en Córdoba se aproximaron a la carretera
al mar que conduce al Puerto de Buenaventura, fueron atacados por efectivos del
Esmad con gases lacrimógenos y balas de goma, situación que se prolongó durante aproximadamente dos horas entre las
cuatro y seis de la mañana del día 17 de julio, y posteriormente a las dos de
la tarde de ese mismo día. En este hecho resultaron 11 personas heridas, tres
de gravedad, presentando diversos tipos
de fracturas, y heridas en la cabeza.
El día 19 de julio a las 00:00 horas, se registraron
nuevamente ataques indiscriminados contra los manifestantes que se encontraban
concentrados en una bomba de gasolina ubicada entre Córdoba y el Bajo Calima, en un operativo desmesurado efectivos
del Ejército, el ESMAD, la Infanteria de Marina y grupos especiales de la Policía
Nacional, quienes atacaron a los
manifestantes desde helicópteros y por via terrestre comenzaron a disparar
gases, balas de goma y otros elementos con armas no convencionales.
Los mineros reportan uso
indiscriminado de la fuerza, ataque y disparos contra la población en general.
Ante los ataques y disparos, la gente corrió hacia la zona boscosa con el fin
de buscar refugio. Como resultado de este ataque, fueron heridas decenas de
personas, cuyo número aún no
ha podido precisarse y fueron detenidas 75 más, entre las que se
encuentran 72 adultos y 3 menores de edad. Uno de los detenidos, se encontraba
JOHAN BLANDON, miembro de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente
Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes”.
Las personas que resultaron
heridas no contaron con el apoyo y la
atención médica necesaria, pues se impidió
el ingreso de ambulancias a la zona. Solo hasta después de las 10:00 a.m
del 19 de julio, pudo ingresar la misión
médica con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, para poder sacar a
los heridos del corregimiento de Córdoba
y trasladarlos hacia la ciudad de Buenaventura. En la emisión de Noticias de
las 6:30 a.m. de Caracol, El comandante de Policía de Tránsito, general Carlos
Ramiro Mena, indicó que “la intervención
coordinada con el Ejército para retomar la vía no duró más de 10 minutos y no
hubo personas lesionadas”, afirmación totalmente falsa, dada la gran cantidad
de heridos que ni siquiera a la fecha ha podido precisarse, en medio de un
operativo en el que participaron más de mil efectivos de fuerzas especiales de
la policía, el ejército y la Marina,
contra mineros inermes que en ese momento se encontraban concentrados en la
bomba de gasolina.
Los 75 detenidos fueron trasladados
a Buenaventura sin prestárseles atención médica, a pesar de que muchos de ellos
tenían heridas y contusiones debido al ataque. Tal es el caso de ELIECER MORENO, quien tiene un brazo fracturado, así como HARRISON QUIÑONES, que tuvo que ser atendido de emergencia durante la
audiencia por las heridas causadas por una bomba de gas lacrimógeno en su zona
abdominal. LUIS ERMINIO RIVAS está entre los detenidos a pesar de que
sufre discapacidad cognitiva, sin que fuera sometido a consulta médica
perentoria.
Por más de 24 horas a los
detenidos no les fue permitido establecer comunicación con los abogados. La audiencia de legalización de captura se
inicio 36 horas después de la captura. y con la presencia de 6 abogados quienes
tuvieron que asumir el acompañamiento de las 75 personas detenidas, lo cual
dificulta aun más el transcurso de las diligencias, algunos de ellos
denunciaron que ni siquiera pudieron entrevistarse con los detenidos para
conocer los hechos y aún así fueron llevados a audiencia y legalizada su
captura.
El 21 de julio de 2013, a eso de
las 9.15 p.m. mientras se realizaba la audiencia de imputación de cargos a los
detenidos, luego del anuncio del juez de otorgar medida de aseguramiento en el
lugar de residencia a 74 de los imputados,
entró un oficial con un grupo de 15 policias al juzgado, en claro acto
de intimidación a los abogados y detenidos.
A una de las personas detenidas, JUAN REYES VARGAS, sin contar con ninguna prueba en su contra se
le negó la detención domiciliaria y se llevó a la cárcel de Buenaventura,
centro penitenciario con un alto nivel de hacinamiento, ya que en los testimonios presentados por las
fiscalia no existe ningún elemento que lo vinculen con los hechos atribuidos.
A pesar de habérsele otorgado
detención domiciliaria a 74 de los 75 mineros detenidos, hasta el momento no ha
sido posible el traslado a su lugar de origen en el departamento del Chocó, la
mayoria de ellos esta en manos del gaula de Buenaventura, sin alimentación ni
posibilidad de traslado alegando falta de recursos, en una clara violación de
los derechos fundamentales, al negarse a cumplir una orden legal emitida por un
juez de la república y mantenerlos en manos del gaula sin alimentacion ni
traslado, cuando esto es responsabilidad del INPEC.
Mientras tanto otro grupo de
detenidos permanece en un hogar de paso en Buenaventura, en condiciones de
hacinamiento, la religiosa encargada de este sitio ha manifestado que estas
personas no pueden permanecer alli por más tiempo, porque no hay posibilidad de
garantizarles techo y alimentación.
RESPONSABILIZAMOS:
Al Estado
Colombiano en cabeza del señor JUAN MANUEL SANTOS CALDERON, a la Gobernación
del Departamento del Valle del Cauca en Cabeza de UBEIMAR DELGADO, al alcalde
de Buenaventura BARTOLO VAENCIA, y al General CARLOS RAMIRO MENA, por las violaciones al Derecho Internacional
de los Derechos Humanos (DIDH) e infracciones al Derecho Internacional
Humanitario (DIH) cometidas por integrantes de las fuerzas regulares del Estado
colombiano en la zona de operaciones de las unidades Policiales que dirigen.
EXIGIMOS
El cese
inmediato de todo tipo de agresiones, intimidaciones, hostigamientos y
represiones a los mineros del Valle del Cauca y Chocó, así como los miles de mineros
de otras zonas del País que realicen cualquier tipo de actividad como medio de
protesta legítima.
Garantías mínimas
a las personas detenidas para retornar a sus viviendas y cesar la criminalización del derecho a la PROTESTA
SOCIAL por las reivindicaciones de los trabajadores en el sector minero.
El traslado y la
alimentación de los detenidos es responsabilidad del INPEC, por lo cual es
inexplicable que las personas judicializadas se encuentran a cargo del GAULA. Se debe garantizar el traslado
hacia sus lugares de origen lo antes posible para hacer efectiva la detención domiciliaria.
Se debe solucionar la situación de los detenidos que se
encuentran en el hogar de paso en Buenaventura de manera urgente, ya que se
encuentran en situación de hacinamiento
y las directivas que manifiestan
que no los pueden mantener más en este lugar.
Se garantice y
respete los derechos fundamentales a los detenidos, ya que en todo el
procedimiento fue violado el debido proceso.
Se respete el
derecho a la igualdad del detenido JUAN REYES VARGAS para que sea al igual que los otros
74 detenidos devuelto a su lugar de origen.
INSTAMOS A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS
HUMANOS Y ORGANIZACIONES POPULARES A MANTENERSE ATENTOS Y ALERTA LA CRITICA
SITUACION DE DERECHOS HUMANOS QUE ESTAN AFRONTANDO LOS MINEROS DEL PAIS
CORPORACIÓN SUYANA
RED DE DERECHOS HUMANOS DE SUROCCIDENTE COLOMBIANO
“FRANCISCO ISAIAS CIFUENTES”
COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS
HUMANOS DEL MOVIMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL MARCHA PATRIÓTICA.
Etiquetas:
Derechos Humanos,
Valle del Cauca
Continúan Actos de Persecución Política Contra Prisioneros miembros de ASCAP filial de Fensuagro-CUT
San Juan de Pasto, 23 de
Julio de 2013
DENUNCIA
PÚBLICA
Continúan los actos de
persecución política contra miembros de
ASCAP filial de Fensuagro-CUT,
esta vez el prisionero de conciencia, compañero MANUEL ANTONIO MARQUEZ MEJIA, quien se encontraba recluido en el
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mocoa (P),donde lideraba el
Comité de DDHH, fue trasladado en condiciones infrahumanas al Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Pasto,
ANTECEDENTES
MANUEL
ANTONIO MARQUEZ MEJIA, fue vinculado a una investigación por la Fiscalía Única
Especializada de Puerto Asís (P), por los Delitos de Homicidio Agravado,
Terrorismo y Rebelión. Como Resultado de dicha investigación los campesinos
MANUEL ANTONIO MARQUEZ MEJIA, ALEXIS ANTONIO
ARROYO Y EULOGIO TAPIERO GALINDO,
fueron condenados a ocho años de prisión por el Delito de Rebelión,
condena que fue impuesta con fundamento en las versiones de un desmovilizado
que percibe beneficios de la Fiscalía a cambio de los testimonios mentirosos.
La providencia condenatoria fue impugnada por la Defensa quien radicó el
escrito de acusación el día 30 de Abril de 2012, es decir que a la fecha han
transcurrido más de catorce meses sin que se haya resuelto de fondo dicho
recurso por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Mocoa (P).
Durante el tiempo de
reclusión el interno, MANUEL ANTONIO MARQUEZ, se ha distinguido por su labor
como defensor de los Derechos Humanos y
adelantaba trabajo organizativo con los prisionerxs politicxs recluidos
en dicho penal, motivo por el cual se presume fue trasladado a la ciudad de
Pasto el día viernes 19 de julio de 2.013.
El traslado se realizó
contrariando lo dispuesto por la H. Corte Suprema de Justicia mediante sentencia T-232 de 2012, es
decir, el INPEC cuenta con la
discrecionalidad de decidir sobre los traslados que considere necesarios,
ateniendo a circunstancias de seguridad de los reclusos, siempre que estos se
encuentren debidamente sustentados. En el caso mencionado se desconoce los
motivos que llevaron al INPEC a tomar dicha determinación sometiendo al
compañero a estar alejado de su familia y demás seres queridos.
En las mismas
condiciones fue trasladado de la misma Penitenciaria a la Cárcel Judicial de
Pasto el señor CARLOS MARIO RESTREPO ARANGO, a quien desde el día 17 de Julio
del presente año no se le ha asignado celda, teniendo que soportar las
inclemencias del clima y sometido a condiciones
de trato infrahumano.
Exigimos al INPEC información sobre las razones que
motivaron dicho traslado y se observe respeto por los derechos humanos dentro
de los límites de la razonabilidad y del buen servicio de la administración.
A la DEFENSORÍA DEL PUEBLO que cumpla con su
deber constitucional de verificar el respeto de la vida digna, la tranquilidad
y los derechos humanos de los reclusos.
A NACIONES UNIDAS, CRUZ ROJA INTERNACIONAL, realizar seguimiento
constante a la situación denunciada sobre el presente caso.
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES
E INTERNACIONALES: Respaldar la presente Denuncia enviando sus cartas a las
siguientes direcciones:
Juan Manuel Santos
Presidente de la
República
Cra. 8 # 7-26, Palacio
de Nariño.
Santa Fe de Bogotá.
Fax:+57.1.566.20.71
Angelino Garzón
Vicepresidente de la
República
Tels. (+571)
334.45.07,(+573) 7720130,
E-mail:
hernanulloa@presidencia.gov.co
Programa Presidencial de
Derechos Humanos y de Derecho Internacional
Humanitario.
Calle 7 N° 5-54 Santafé
de Bogotá
TEL: (+571) 336.03.11
FAX: (+57 1) 337.46.67
E- mail:
cefranco@presidencia.gov.co
Eduardo Montealgre
Lynett
Fiscal General de la
Nación
E-mail:
fibarra@presidencia.gov.co
Fiscalía General de la
Nación
Diagonal 22 B No.52-01
Santa fe de Bogotá.
Fax: (+571) 570 20 00
E-mail:
contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co
Fernando Carrillo Flórez
Ministro del Interior
Carrera 9ªN. 14 -10
Bogotá D.C
e-mail
ministro@minjusticia.gov.co
Ruth Stella Correa
Ministra de Justicia
Carrera 9 Nº 12c-10
Bogotá D.C
Fiscal General de la
Nación
Diagonal 22b Nº 52-01 -
Bogotá D.C
Teléfonos: 5702000 - 414
90 00
contacto@fiscalia.gov.co
COALICION
POR LA LIBERTAD DE LOS PRISIONERXS POLITICXS “LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS”
Violación al Derecho a la Salud y a la Vida a Prisionero Político en la Cárcel de Villa Nueva de Cali
DENUNCIA PÚBLICA
LA CORPORACIÓN COLECTIVO DE ABOGADOS
SUYANA
DENUNCIA
Ante la comunidad nacional e internacional la violación al derecho
fundamental a las vida y a la salud de Jhon
García Rodríguez prisionero
político recluido en la cárcel de Villanueva.
Cali, 15 de julio de 2013
La siguiente
denuncia es realizada por Juana Banguera Quiñones, esposa del prisionero
político Jhon García Rodríguez y acompañada y respaldada por la Corporación
Colectivo de abogados Suyana.
HECHOS
Al prisionero
político Jhon García Rodríguez de 42 años de edad, identificado con c.c
94.429.759 recluido en el patio 4 de la cárcel de Villanueva de la ciudad de
Cali, se le está violando el derecho fundamental a la salud, poniendo en riesgo
su vida al negársele la atención médica que requiere su condición de
discapacidad que lo obliga a estar en silla de ruedas.
Jhon García
Rodríguez es discapacitado desde hace 17 años, cuando víctima de un robo en el
momento en que trabajaba como mensajero
recibió un impacto de bala en la columna, lo que lo dejo en silla de ruedas.
Su captura ocurrió hace dos años en su casa, donde se encontraba
debido a su discapacidad, durante el tiempo que lleva retenido nunca ha recibido la atención que su
condición requiere.
Además de su
discapacidad, sufre de otras enfermedades como hemorroides, taquicardia,
peladuras y hongos en los brazos, enfermedades que se agudizan por las
condiciones en las que se encuentra recluido.
Actividades
vitales como ir al baño, o salir de su habitación son imposibles de realizar
para Jhon García debido a su condición y a que el espacio donde está recluido
no es apto para una persona en silla de ruedas, por esto debe pagar para que lo
lleven al baño, lo movilicen, le laven la ropa, situación muy compleja para él
y su familia que carecen de recursos.
La silla de
ruedas que él tiene está en muy mal estado
es necesario remplazarla, pero no se cuenta con recursos para esto, sin embargo
esto no es suficiente, además se debe tener en cuenta que el espacio en el que
se encuentra no es adecuado para una persona que necesite silla de ruedas para
movilizarse.
La alimentación
que se recibe en la cárcel es de pésima
calidad y sobre todo en las condiciones de Jhon, esta alimentación no está acorde con lo que su grave condición
de salud necesita.
El INPEC se ha
negado a ofrecerle servicio médico bajo diferentes excusas, no ha permitido su
salida para practicarle exámenes o para acceder a tratamiento a pesar de la
gravedad de su situación en la que tiene hemorragias constantes, Un domingo hace siete meses aproximadamente
tuvo un desmallo, en esta ocasión se quedó sin respiración y no fue atendido
bajo la excusa de que era domingo.
Además, se debe
tener en cuenta que en las condiciones de discapacidad en que se encuentra Jhon
García Rodríguez debe tener un trato especial, el que el INPEC se ha negado a ofrecerle a pesar del evidente
deterioro que ha sufrido su salud
durante los dos años de reclusión.
En la actualidad
Jhon además de sus enfermedades sufre de hemorragias constantes muy fuertes, lo que pone en riesgo su vida,
por esto requiere que se le preste atención médica urgente.
EXIGIMOS
Se le garantice
el derecho a la salud, a la vida y a su dignidad por sus particulares
condiciones en que se encuentra el prisionero político JHON GRACÍA
RODRIGUEZ
A la dirección
carcelaria de Villanueva, a la dirección regional INPEC y a sanidad carcelaria se le brinde el
trato especial que las condiciones de salud y discapacidad del prisionero político Jhon García
Rodríguez requieren.
Que se le garantice el derecho a tener el
tratamiento médico que sus graves
condiciones de salud necesitan.
SOLICITAMOS
Con base en los
artículos: 23 4, 11, 49 y 83 de la
constitución nacional se le practique en
el menor tiempo posible el tratamiento médico que el prisionero político JHON
GRACÍA RODRIGUEZ requiere.
A LAS ENTIDADES
DE CONTROL COMO DEFENSORÍA Y PROCURADURÍA: realizar acompañamiento en este
preocupante caso que pone en riesgo la vida y la integridad física del
prisionero político Jhon García Rodríguez
A LA OFICINA DEL
ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH) el
cumplimiento de su mandato como veedores de que el Estado colombiano cumpla con
sus obligaciones constitucionales y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
AL COMITÉ
INTERNACIONAL DE LA CRUZA ROJA realice acompañamiento y seguimiento de este
preocupante caso y respalde la presente denuncia enviando sus cartas a las
direcciones que exponemos a continuación.
A LAS
ORGANIZACIONES SOCIALES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E
INTERNACIONALES: Respaldar la presente Denuncia enviando sus cartas a las
siguientes direcciones:
ANGELINO
GARZÓN
Vicepresidencia
de la República / Carrera 8 Nº 7-57 Bogotá D.C
FERNANDO
CARRILLO FLOREZ
Ministro
del Interior / Carrera 9ªN. 14 -10
Bogotá D.C
JORGE
ARMANDO OTÁLORA
Defensor
del Pueblo Colombia
Oficinas
en Bogotá: Calle 55 Nº 10 - 32 –
Código
Postal 110231 - PBX: [57 1] 3147300
CARLOS
HERNÁN RODRÍGUEZ BECERRA
Defensor
del Pueblo Regional Valle del Cauca
Dirección:
Calle 23 A No. 2N-75 - Barrio San Vicente (Cali - Valle del Cauca)
Teléfono:
(57) (2) 6615333 - 6608856 - 6609382 - Fax: (57) (2) 6683929
Correo
electrónico: valle@defensoria.org.co
ALEJANDRO
ORDOÑEZ
Procurador
General de la Nación
Carrera
5ª nro. 15 - 60 (Bogotá)
18000
910 315 - Línea reducida: 142 - PBX: (571) 5878750
JAVIER
FERNÁNDEZ BOTERO
Procurador
Regional Valle del Cauca
Dirección:
Carrera 9 No. 8-56 Tel: (2) 3908383 Ip: 21100-21102
MAYOR
MYRIAM AIDEE VARGAS GUTIERREZ
Direccion
Regional INPEC Occidente
Dirección:
Carrera 26 No.30-56 Barrio Prados
Teléfono:
(57 + 2) 3263445 / 3263651 / 3263957
Lanzamiento Campaña Europea de solidaridad con los prisionerxs politicxs de Colombia
El pasado 6 de julio se
realizó con éxito en la ciudad de Bruselas, el lanzamiento de la Campaña
Europea de solidaridad con los prisioner@spolític@s de Colombia por parte del
Encuentro Europeo de solidaridad con las luchas agrarias y populares y de apoyo
a los diálogos de paz con justicia social en Colombia, INTAL América Latina y
el Observatorio universitario de derechos humanos (DDHH) – Paz y conflicto –
Alfredo Correa de Andreis, entre otras organizaciones.
La campaña fue lanzada
con el propósito de solidarizarse con las víctimas de la criminalización social
en Colombia, quienes son privadas de la libertad por parte del régimen por su
compromiso con la transformación política del país. Con la presentación de 17
casos emblemáticos donde se encuentran el cantante colombiano Carlos Lugo, el
periodista de ANNCOL JoaquínPérez Becerra, el líder agrario Miguel Ángel
Bobadilla, el líder del extinto movimiento UniónPatriótica Carlos Parray el
defensor de DDHH David Ravelo, entre otros, se pretende sensibilizar a la
comunidad internacional, sobre la grave situación humanitaria de mas de 9000
prisioner@spolític@s en Colombia como producto del conflicto social y armado en
el país suramericano. 
En la presentación de
la campaña, André Crespin de INTAL, recordó como la solidaridad internacional
ha sido importante para obtener la liberación de prisioneros de conciencia como
los profesores universitarios Miguel Ángel Beltrán y Julián Cortes y los
activistas defensores de DDHH Liliany Obando y Martin Sandoval.
También en la actividad
político-cultural el artista colombiano exiliado en Bélgica, Gustavo Matíz,
realizó la presentación de una pintura donada por el Colectivo de Artistas
contra la guerra, la cual será rifada en varios países de Europa y los recursos
obtenidos de la venta de este bono, serán entregados a los prisioneros
políticos a través de las organizaciones que los defienden.
El artista también
presentó la escultura que representa la solidaridad entre los pueblos, la cual
será entregada al pueblo Irlandése instalada próximamente en la ciudad de
Dublín como agradecimiento a su apoyo a los actuales diálogos de paz en la
Habana, entre la insurgencia de las FARC-EP y el gobierno colombiano.
En sentido discurso, el
artista explicó como la escultura representa la mano caída del luchador
popular, de la víctima del conflicto colombiano, la cual es sostenida por una
mano similar que la levanta desde abajo como representación de que la
solidaridad en las reivindicaciones de los pueblos, solo puede ser brindada por
los de abajo. Así mismo, en efecto luminoso producido por una lámpara frente a
la escultura, se obsérvala imagen del águila imperial, el verdadero responsable
del desangre de la patria colombiana, mostrando así la faceta antiimperialista
de la obra.
Así mismo, recordó en
emotivas palabras, como la imagen de la mano izquierda solidaria que sostiene
otra mano izquierda, fue la misma que vimos los colombianos, en el reciente
video donde se podía apreciar las conmovedoras imágenes del cobarde asesinato
de un campesino del Catatumbo por parte de soldados del ejército oficial.
Al finalizar la
jornada, se ofreció una cena por parte de los organizadores del evento
ambientada por los acordes de la canción protesta del prisionero político
Carlos Lugo.
La campaña fue lanzada
en cuatro idiomas y se presentótambién el decálogo para apadrinar un prisioner@
polític@, con el cual se pretende obtener la solidaridad moral y económica por
parte de voluntarios europeos.
Organizaciones que
impulsan la campaña:
• Encuentro europeo de solidaridad con las
luchas agrarias y populares y de apoyo a los diálogos de paz con justicia
social en Colombia
• INTAL, América Latina
• Observatorio universitario de DDHH, paz
y conflicto Alfredo Correa de Andreis, capítulo Europa
• Corporación Colectivo de abogados Suyana
• Brigada jurídica Eduardo Umaña Mendoza
• ON Y Va Globalizando la solidaridad
Suiza
• Grupo Raíces, Dublín
• MOVICE, capítulo Valencia España
Bruselas, Bélgica.
Por: Julián Cortes.
Taller de Orientación y medidas de Protección Jurídicas y en Derechos Humanos.
Con el
fin de brindar Información y orientación jurídica y en Derechos Humanos frente
a la importante Jornada de el 19 y 20 de julio,
la Coalición Por El Trato Digno Y La Libertad De Las Y Los Prisioneros
Políticos “Larga Vida a las Mariposas” Suroccidente; invita a participar del Taller que sobre
esta temática se dictará el próximo
Sábado 6 De Julio de 3:00 a 5:00 p.m en
la Casa de los Derechos Humanos ( Carrera 6 Nro. 7-38 ) en la ciudad de Cali
En el
contexto actual es fundamental contar con elementos básicos de Derechos Humanos
y Jurídicos que permitan realizar con éxito esta movilización.
Recordemos
que estamos en un Estado en el que las fuerzas militares tienen cada día un
poder más prepondernate, Elementos como
el fuero militar y la ley de seguridad ciudadana están encaminadas a
criminalizar la protesta popular, sólo los podremos enfrentar a através de la
movilización, la lucha y el estudio.
Los
esperamos.
Coalición Larga Vida a las Mariposas, Suroccidente
colombiano
Informes:
mariposasuroccidente@gmail.com
tel:
3173530640
Etiquetas:
Actividades,
Derechos Humanos,
Larga vida a las mariposas,
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