En Libertad Francisco Toloza, Vocero de Marcha Patriótica
2014/Marzo
28/ Prisioneros Políticos/Marcha Patriótica
Juez de control de
garantías le otorga libertad inmediata al coordinador internacional del
Movimiento Político y Social Marcha Patriótica
Tras comprobarse que estaba privado de la libertad sin haberse iniciado las audiencias de rigor que confirmarán su supuesta vinculación con la insurgencia, el proceso continuará, no obstante Francisco Toloza podrá defenderse en libertad con los recursos y garantías que aseguren el derecho a un juicio justo y el debido proceso donde podrá desmentir el montaje judicial del cual es víctima y que ha sido orquestado por organismos de seguridad del Estado.
Libertad para todos los prisionerxs políticxs ya!
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Derechos Humanos,
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Prisioneros políticos
Violación De Derechos Humanos Fundamentales Llevaron Al Fallecimiento De La Niña Gretchen Yuliana Echeverry Estit, Hija De Los Prisioneros Políticos Yenny Estit Patiño Y Héctor Fabio Echeverry
DENUNCIA
PÚBLICA
La Corporación
colectivo de abogados Suyana denuncia ante la comunidad nacional e internacional la violación de
derechos humanos fundamentales que llevaron al fallecimiento de la niña Gretchen Yuliana Echeverry Estit, hija de los
prisioneros políticos Yenny Estit Patiño y Héctor Fabio Echeverry, recluidos en
la cárcel de Jamundí.
HECHOS:
Los
prisioneros políticos Yenny Estit Patiño y Héctor Fabio Echeverry fueron capturados en enero del año 2011; para esa fecha la niña Gretchen Yuliana
Echeverry Estit contaba con 8 meses de vida, dependiendo para su alimentación
de la leche de su madre, a esa edad aun
no asimilaba el tetero.
Hasta
el momento de la captura de sus padres la niña gozaba de un perfecto estado de
salud, que comenzó a deteriorarse a partir del día en que se realizó el
operativo de captura, del cual la niña fue víctima, al tener que padecer en su
pequeño ser la brutalidad de los agentes del estado, es de suponer el impacto y
las secuelas sicológicas dejados en la temprana infancia cuando ella en brazos
de su madre vive los malos tratos, la agresión física y sicológica en contra de
sus padres, ya que en todo momento fueron golpeados e intimidados con arma de
fuego
Ante
la grave situación de peligro para los allí presentes especialmente para la
niña, la abuela pidió permiso para sacarla del lugar mientras se desarrollaba
el operativo, finalmente fue concedido el retiro sin posibilitarle ningún
abrigo a pesar de las bajas temperaturas
de las 5:30 de la madrugada.
A
partir de ese momento el estado de salud
de la niña comenzó a deteriorarse notablemente, disminuye su apetito, se adelgaza, el estado de ánimo cambia, hasta el
punto que sus familiares tuvieron que someterla a un tratamiento sicológico.
Los
primeros exámenes médicos diagnostican una infección urinaria, mas adelante los
análisis comienzan a mostrar un grave problema en los pulmones hasta cerrársele la caja torácica.
Al
cumplir tres años se detecta en la niña un estancamiento en su desarrollo corporal, ni
siquiera gatea, su sistema respiratorio se complica, esto se
puede certificar en la historia clínica del Valle del lilí, donde la niña pasó
la mayor parte de su tratamiento con respiración artificial, reclamando
permanentemente la presencia de sus padres.
A
pesar del delicado estado de salud de la niña, ni el Inpec, ni el juzgado primero especializado de Cali, ni la dirección de la cárcel posibilitaron el permiso para que la niña
pudiera estar acompañada transitoriamente de sus padres; No surtieron efecto
las solicitudes permanentes de su madre en su condición de sindicada para
acompañar a su hija en su padecimiento, solamente cuando la niña falleció el
juzgado otorgó dicho permiso.
Después
de más dos años de padecimiento, el 16 de abril del año 2013 a los murió la niña Gretchen Yuliana
Echeverry Estit en la clínica Valle del Lilí de la ciudad de Cali, en compañía
de familiares distintos a sus padres.
No
fue suficiente el dolor ocasionado a esta familia por funcionarios indolentes
del estado, el INPEC y la dirección de la cárcel de Jamundí, además se negaron a permitir la entrada del féretro
al establecimiento penitenciario para que su madre y su padre se despidieran de ella, fue con la presión de organizaciones defensoras
de derechos humanos y abogados que finalmente se permitió la entrada de su
féretro.
Estos
hechos demuestran una clara violación a derechos fundamentales, entre ellos el
derecho a la vida, en el que los niños tienen lugar preferente, no así para el
caso que nos ocupa, ya que finalmente se tuvo como desenlace el fallecimiento
de la niña Gretchen Yuliana Echeverry Estit, única hija de los prisioneros
políticos Héctor Fabio Echeverry y Yenny
Estit Patiño.
Exigimos
se investiguen por sus comportamientos inapropiados y por su falta del más
elemental sentido de humanidad a instituciones
como el Inpec, La dirección de la Cárcel de Jamundí y la juez primero
especializado de Cali.
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Denuncia Pública,
Derechos Humanos,
Prisioneros políticos,
Suyana,
Valle del Cauca
Condenan Injustamente A 693 Meses a Tres Campesinos Integrantes De La Asociación Campesina Agrícola Del Putumayo Ascap, Filial A Fensuagro
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San Juan de Pasto, 27
de septiembre de 2013
COMUNICADO PÚBLICO
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE
DISTRITO JUDICIAL DE MOCOA, SALA PENAL DE ESE DEPARTAMENTO CONDENA INJUSTAMENTE
A 693 MESES A TRES CAMPESINOS
INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN CAMPESINA
AGRÍCOLA DEL PUTUMAYO ASCAP, FILIAL A FENSUAGRO
Antecedentes:
Los campesinos MANUEL
ANTONIO MARQUEZ MEJIA, ALEXI ANTONIO ARROYO MORENO y EULOGIO TAPIERO GALINDO,
desde el año 2011, fueron privados de su libertad y vinculados a una
investigación llevada a cabo por la Fiscalía Única Especializada de Puerto Asís
(P), por los Delitos de Homicidio Agravado en concurso homogéneo y heterogéneo
con el delito de terrorismo derivado de una supuesta instalación y explosión de
cilindros bomba a los buques de la Armada Nacional en la que perdieron la vida
funcionarios de esa institución del Estado.
Como resultado del proceso de investigación y defensa en el año
2012, el Juzgado Único de Puerto Asís (P), condenó a los campesinos a ocho (8)
años de prisión por el delito de Rebelión, con fundamento en los testimonios
falsos suministrados por un testigo al servicio del Estado, ALVARO RAMOS ESTUPIÑAN, mientras que los elementos probatorios aportados por
la Defensa no fueron tenidos en cuenta.
El día 25 de Septiembre de 2013 el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Mocoa (P), al resolver el recurso antes mencionado CONDENÒ A 693 meses de prisión a los tres campesinos MANUEL ANTONIO MARQUEZ
MEJIA, ALEXI ANTONIO ARROYO MORENO y EULOGIO TAPIERO GALINDO, dejando de lado
las graves contradicciones en que incurrió el testigo RAMOS ESTUPIÑAN, mediante
sus versiones prefabricadas las que se tuvieron en cuenta pese a que se trataba
de un testigo de referencia.
Posterior a la fecha de condena y ante el Despacho de la Fiscalía
Especializada con sede en Puerto Asís, se obtuvo una declaración de un
desmovilizado de la guerrilla de las FARC -EP que perteneció a sus filas por
espacio de nueve años como explosivista, este desmovilizado, informa que era el
encargado de armar los explosivos y entregarlos a los guerrilleros para que los
instalaran, señala el desmovilizado en su declaración que el 14 de febrero de
2011, personalmente él hizo ramplas, bombas para minados, que hizo seis
cilindros de seis arrobas cada una y que tres de ellas se usaron en
Piñuña Negro en el Guardacostas y una piraña y las otras tres fueron para
Puerto Ospina. Sostiene además que quienes las enterraron fueron alias MARIHUANO,
PEDRO y JHON FREDY. Esta declaración fue allegada al ad quem sin embargo no fue
tenida en cuenta al momento de resolver.
Este fallo es uno más de los atropellos del Estado en contra de
comunidades campesinas organizadas que sientan una posición política diferente,
frente a la imposición de un modelo neoliberal inequitativo para miles de
colombianos, culpable de las políticas criminales que solo buscan acallar la
verdad por medio de la violencia física e institucional.
Las organizaciones campesinas y defensoras de derechos humanos exigimos
respeto por los derechos a la libre asociación, el desarrollo de un juicio con
cumplimiento del principio de imparcialidad y el cese inmediato de los señalamientos,
persecuciones y montajes judiciales que han sido sistemáticos durante los
últimos años.
La Organización Y Lucha Social Son El Camino Hacia La Paz
Con Justicia Social
COALICION POR LA LIBERTAD
DE LOS PRISIONERXS POLITICXS “LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS”
Persecución Y Hostigamiento Contra Familiares Del Prisionero Político Oliver Jascue Calambas, Recluido En La Cárcel De Santander De Quilichao.
DENUNCIA
PÚBLICA
LA
CORPORACIÓN COLECTIVO DE ABOGADOS SUYANA
DENUNCIA
Ante
la comunidad nacional e internacional
Persecución Y
Hostigamiento Contra Familiares Del Prisionero Político Oliver Jascue Calambas,
Recluido En La Cárcel De Santander De Quilichao.
La señora Nancy Secue
esposa del prisionero político Oliver
Jascue Calambas recluido desde el 20 de
marzo de 2013 en la cárcel de Santander de Quilichao, campesino víctima de montaje judicial,
denuncia persecución y hostigamiento en contra de ella y de sus hijas menores
de edad.
La corporación Colectivo
de abogados Suyana presenta a continuación la denuncia expuesta por la señora
Nancy Secúe identificada con c.c 1061428605 del municipio de Caloto,
a la que la corporación le está
realizando acompañamiento.
HECHOS
Desde el momento de la
captura de Oliver Jascue, mis hijas y yo nos
fuimos a vivir al corregimiento de Toes, municipio de Caloto,
departamento del Cauca, allí hemos tenido que padecer la persecución y
hostigamiento por parte de agentes del
Estado, así como visitas intimidatorias de
manera constante de desconocidos
en nuestra casa.
Los hechos mas recientes
ocurrieron la semana pasada, el día martes 20 de agosto, cuando un desconocido
llegó a preguntar en varias ocasiones por alguien a quien no conocemos, ese mismo día en horas de la
noche llegaron dos personas a la casa e intentaron abrir la puerta,
aprovechando que las niñas se encontraban solas.
El pasado sábado 24 de agosto aproximadamente a las 10:00 p.m
en el marco de un evento que se estaba realizando en el caserío, desconocidos
llegaron al vecindario preguntando a
varias personas por mi, pidieron
información sobre donde vivía y que hacía.
Este ya es un hecho
repetitivo, constantemente hay personas rondando la casa de civil, generalmente
en moto de alto cilindraje y sin placa. En este momento siento mucho temor por
mi integridad física, pero sobre todo por la de mis tres hijas menores de edad,
ya que la mayor parte del tiempo ellas permanecen solas porque yo tengo que
salir a rebuscarme para sobrevivir.
CONTEXTO:
Es importante resaltar,
que el corregimiento en el que habita doña Nancy esta ubicado en una zona
fuertemente militarizada y enmarcada dentro de la estrategia militar denominada
“zona de consolidación”, estrategia caracterizada por un importante incremento
de la fuerza pública, así como por el
señalamiento de sus habitantes como miembros o auxiliadores de grupos
insurgentes y cuyos resultados han sido el incremento de falsos positivos
y capturas sustentadas en montajes judiciales.
ANTECEDENTES
Mi esposo Oliver Jascue
Calambas fue capturado el pasado 20 de marzo de 2013 a las 5:30 de la mañana,
cuando un grupo de uniformados llegó a
nuestra casa tumbando la puerta y causando destrozos en la propiedad. Sin
importar la presencia de menores de edad, golpean, insultan y destrozan todo lo
que encuentran en la casa.
En el allanamiento que
se realiza de forma arbitraria y en el que no nos permiten verificar el
procedimiento, llegan a revisar solo algunas habitaciones, es de anotar que los
cuartos estaban a oscuras, nos advirtieron que no fuéramos a prender luces,
para nuestra sorpresa uno de los integrantes de la policía le dijo a su
superior que había encontrado unas
bolsas.
Como mi familia es
numerosa mis otros niños estaban durmiendo en habitaciones de la casa contigua,
allí llegaron azotando la puerta y tumbaron una de ellas, gritando hijueputas
hijos de guerrilleros, apuntándole con armas a los niños en la cabeza y
preguntando por munición, armas y cosas que no teníamos. Mi bebe de seis meses dormía en una
colchoneta en el suelo, sin ninguna consideración la levantaron con violencia y
lo arrojaron contra la pared golpeándolo.
Mi esposo es detenido y
llevado a la cárcel de Santander acusándolo de un delito en el que nada tiene
que ver, él es un campesino, que lo único que hace es trabajar la tierra para
lograr el sustento de su familia, de eso puede dar fe mucha gente de los sitios
en los que hemos vivido, esto no es más que otro falso positivo.
EXIGIMOS
Al Estado Colombiano, en
cabeza del presidente Juan Manuel Santos, se garantice la vida y la integridad
de la Señora Nacy Secue, así como de su familia
SOLICITAMOS
A la DEFENSORÍA DEL PUEBLO que cumpla con su deber constitucional
de verificar el respeto de la vida, la integridad física y la tranquilidad de doña Nancy Secué y su familia.
A NACIONES UNIDAS, CRUZ ROJA INTERNACIONAL, realizar seguimiento
constante a la situación denunciada sobre el presente caso.
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS
NACIONALES E INTERNACIONALES: Respaldar la presente Denuncia enviando sus
cartas a las siguientes direcciones:
Juan Manuel Santos
Presidente de la República
Cra. 8 # 7-26, Palacio de Nariño.
Santa Fe de Bogotá. Fax:+57.1.566.20.71
Angelino Garzón
Vicepresidente de la República
Tels. (+571) 334.45.07,(+573) 7720130,
E-mail: hernanulloa@presidencia.gov.co
Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional
Humanitario.
Calle 7 N° 5-54 Santafé de Bogotá
TEL: (+571) 336.03.11
FAX: (+57 1) 337.46.67
E- mail: cefranco@presidencia.gov.co
Eduardo Montealgre Lynett
Fiscal General de la Nación
E-mail: fibarra@presidencia.gov.co
Fiscalía General de la Nación
Diagonal 22 B No.52-01
Santa fe de Bogotá.
Fax: (+571) 570 20 00
E-mail: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co
Fernando Carrillo Flórez
Ministro del Interior
Carrera 9ªN. 14 -10 Bogotá D.C
e-mail ministro@minjusticia.gov.co
Ruth Stella Correa
Ministra de Justicia
Carrera 9 Nº 12c-10 Bogotá D.C
Fiscal General de la Nación
Diagonal 22b Nº 52-01 - Bogotá D.C
Teléfonos: 5702000 - 414 90 00
contacto@fiscalia.gov.co
Violacion De Derechos Humanos Contra Integrantes De La Asociación De Juntas Comunitarias De Los Ríos Mira, Nulpe Y Mataje– Asominuma
El día
30 de Julio del presente año, siendo aproximadamente las 9:00 a.m. cerca de 20 unidades militares
adscritas a la Brigada Nº35 pertenecientes a la Fuerza de Tarea Conjunta
Pegaso, del Ejercito Nacional de Colombia, de manera arbitraria ingresaron y
allanaron la vivienda de los campesinos KENEY RADA OYOLA y SELGIE
ZAMBRANO, ubicada en la vereda El Playón
sector del Rio Mira, del Corregimiento de Llorente (Tumaco- Nariño).
En desarrollo de la acción irregular y según
informa la comunidad, “los uniformados recogieron un cilindro viejo que se
encontraba vacío y abandonado cerca del caserío, lo llevaron hasta la
residencia de los campesinos antes nombrados, integrantes de la Junta de Acción
Comunal de la vereda el Playón, registraron cada una de las pertenencias y
demás objetos y detuvieron temporalmente a los campesinos KENEY RADA OYOLA y
SELGIE ZAMBRANO, bajo el argumento que serían conducidos a la Fiscalía para su
judicialización”, todo esto sin que mediara orden de allanamiento, ni de
captura alguna.
Al percatarse de lo ocurrido los presidentes de
las diferentes Juntas de Acción Comunal, pertenecientes a la Asociación de
Juntas Comunitarias de los Ríos Nulpe, Mira y Mataje – ASOMINUMA- se reunieron para reclamar a los uniformados
el respeto por los derechos humanos, al debido proceso y la libertad de los
campesinos a quienes se pretendía judicializar.
Según testimonio de las comunidades: “las unidades militares armaron un artefacto
explosivo con el cilindro que ellos mismos llevaron hacia la vivienda,
amarrando alrededor de este, un cable, un paquete pequeño y finalmente lo
sellaron con cinta adhesiva, tomaron luego registros fotográficos aduciendo que
esta era una bomba que los campesinos tenían lista para explotar.”
Ante los reclamos de la comunidad hacia los
uniformados, estos exigieron a los presidentes de las juntas de acción comunal
de las veredas El Playón, Vallenato, Jardín, Aduana, Cañaveral, Tandíl, Azúcar,
Montañitas, entre otras, a figurar en un video filmado por los uniformados,
obligándoles a garantizar en el término de 15 días la comparecencia ante la
Fiscalía General de la Nación con sede en Tumaco de los campesinos KENEY RADA
OYOLA y SELGIE ZAMBRANO, sin mediar citación alguna de autoridad competente,
todo esto a cambio de dejarlos en libertad, a lo cual los integrantes de
ASOMINUMA accedieron. Siendo aproximadamente las 5:30 de la tarde y después de un largo día de señalamientos e
intimidaciones los militares destruyeron
el artefacto explosivo que ellos mismos armaron.
Antecedentes
La Asociación de Juntas Comunitarias de los
Ríos Mira, Nulpe y Mataje ASOMINUMA, de la Coordinación Departamental Nariño
del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano - PUPSOC y del
Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, al igual que varias
organizaciones sociales que hacen presencia en el departamento de Nariño desde
hace varios años ha sido señalados, amenazados, estigmatizados y varios de sus
miembros han sido víctimas de violaciones de derechos humanos como lo muestran
los antecedentes:
·
El día 26 de Abril de 2013, en medio de enfrentamientos entre un grupo
armado ilegal y el Ejército Nacional resultó muerto el campesino ALVARO
FERNANDO QUENGUAN, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de Mugui y
fueron detenidos de manera arbitraria señalados de ser guerrilleros los
campesinos ELIDERMAN GUTIERREZ RAMOS, YEHIMI JOHANA BONILLA TRUJILLO, ALVARO DE
JESUS ZAMBRANO, LIBARDO ROSERO URBANO, ALBEIRO CASTAÑO, JOSE ARMANDO SANCHEZ
BALDERRAMA, JOSE ERNEY ARCINIEGAS, OSCAR ALBEIRO MORALES, HECTOR ALIRIO TORO
ROMO, ARGELINO OCORO ARBOLEDA, LUIS DAVID MOLINA CAIBIDO, JUAN CARLOS QUENGUAN,
VICTOR JULIO SANCHEZ PINZÓN y BLAS FRANCISCO RAMIREZ HERRERA, quienes
posteriormente fueron dejados en libertad por irregularidades en la captura.
Estas acciones sin observar respeto por el DIH en lo que se refiere al
principio de distinción.
·
El día 20 de Mayo de 2013, en la vereda Corosala, integrantes de la
Fuerza de Tarea Conjunta Pegaso del Ejército Nacional ingresan a la casa de
habitación de los campesinos CRISTIAN BURBANO y la señora ESMEDA PRECIADO y posteriormente a la casa de LUIS JUATIN y de la señora
JENIFER GARCIA, viviendas en las que se realizaron allanamientos ilegales,
registro de las pertenencias, señalando
a los campesinos de ser guerrilleros
y llevándose los alimentos de las
familias antes mencionadas. Además se profirieron amenazas contra las familias
advirtiéndoles que “los tenían entre ojos y que les prohibían salir de la
vereda.”
·
A mediados del mes de Julio de 2013 miembros de la Brigada N° 35 del
Ejercito Nacional de Colombia, detuvieron de manera arbitraria a un campesino
que por razones de seguridad se reserva su identificación, quien labora en una
de las fincas ubicadas en la Vereda el Azúcar, sobre el Rio Mira. El campesino
fue amarrado de pies y manos con cordones, torturado, atado a un árbol, su
cabeza fue atada con una capa perteneciente al Ejercito Nacional, golpeado y señalado de ser guerrillero. Fue
dejado en libertad por exigencia de varios integrantes de ASOMINUMA quienes se
percataron de los hechos y acudieron rápidamente en su auxilio.
Las Unidades militares, en desconocimiento de
la Constitución Política de Colombia, han usurpado funciones de policía
judicial, en las acciones ilegales
procediendo a indagar personas, filmar sus rostros, proferir señalamientos
y someter a tratos crueles, inhumanos y degradantes a la comunidad. Tal
proceder constituye una violación al debido proceso constitucional y pone en
riego a la comunidad frente a los diferentes actores armados que existen en el
territorio.Es evidente el contenido intimidatorio de este proceder, por cuanto,
hechos como estos en Colombia comúnmente han precedido a las ejecuciones
extrajudiciales y montajes judiciales.
Las organizaciones que suscribimos el presente
comunicado repudiamos las acciones arbitrarias adelantadas por miembros del
Ejército Nacional de Colombia quienes actúan en representación del Estado y
vienen ocasionando afectaciones sobre la
población civil, estigmatizando y poniendo en riesgo a las personas, procesos
sociales que se gestan, y ante todo a la vida comunitaria que se teje en los
territorios.
Responsabilizamos al Estado y a las Fuerzas
Militares presentes en la zona por los perjuicios físicos, psicológicos y
materiales que se ocasionen a la comunidad y a los integrantes de ASOMINUMA
como resultado del proceso de militarización que se lleva a cabo en la zona.
Solicitamos a las autoridades competentes que
en la menor brevedad procedan a excluir de cualquier archivo de inteligencia
militar la información recaudada, con verificación de las Entidades encargadas.
(Defensoría- Procuraduría)
Solicitamos a la Fiscalía y a la Procuraduría
General de la Nación iniciar las correspondientes investigaciones de los
militares adscritos a la Fuerza de Tarea Pegaso del Ejército Nacional de
Colombia, que hacen presencia en la zona para que se esclarezcan los hechos y
se adopten las sanciones que correspondan.
Solicitamos al Ejercito Nacional de Colombia,
Fuerza de Tarea Conjunta Pegaso que explique su accionar arbitrario y se
comprometa de manera seria con el respeto a los Derechos Humanos y el Derecho
Internacional Humanitario.
Solicitamos a
La Gobernación Del Nariño, adelantar las medidas necesarias para lograr
garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física
y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y
reputación de los integrantes de las diferentes organizaciones sociales y
políticas que existen en el territorio nariñense.
Solicitamos a La Oficina Del Alto Comisionado
De Las Naciones Unidas Para Los Derechos
Humanos, pronunciarse sobre estos hechos y a realizar seguimiento constante a
las investigaciones hasta que se culmine y sancione estos hechos.
MOVIMIENTO
DE VICTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO – NARIÑO -MOVICENAR
COMUNIQUESE:
JUAN
MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá
Fax. 5662071
Fax: (+57 1) 566.20.71
E-mail: comunicacionesvp@presidencia.gov.co
ANGELINO
GARZÓN
Vicepresidente de la República
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.
JUAN
CARLOS PINZÓN
Ministro de la Defensa
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá
D.C.
siden@mindefensa.gov.co,
infprotocol@mindefensa.gov.co, mdn@cable.net.co
FERNANDO
CARRILLO.
Ministro del Interior
Carrera 9a. No. 14-10 - Bogotá, D.C.
e-mail: german.vargas@mij.gov.co,
ministro@minjusticia.gov.co
PBX (+57) 444 31 00 Ext. 1820
RUTH
STELLA CORREA PALACIO
Ministro de Justicia y del Derecho
LUIS
EDUARDO MONTEALEGRE
Fiscal General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01 - Bogotá, D.C.
Teléfonos: 570 20 00 - 414 90 00
contacto@fiscalia.gov.co,
denuncie@fiscalia.gov.co
JORGE
ARMANDO OTALORA
Defensor del Pueblo
Calle 55 # 10-32, Bogotá
Fax: (+571) 640.04.91
E-mail: secretaria_privada@hotmail.com,
agenda@agenda.gov.co,
defensoria@defensoria.org.co
ALEJANDRO
ORDOÑEZ MALDONADO
Procurador General de la Nación
Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.
anticorrupción@presidencia.gov.co,
reygon@procuraduría.gov.co
OFICINA
EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE
NACIONES
UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS
Calle 114 No. 9-45 Torre B Oficina 1101
Edificio TeleportBussines Park – Bogotá,
Colombia
Teléfono PBX (57-1) 629 3636 (57-1) 629 3636
Fax (57-1) 629 3637
E-mail: oacnudh@hchr.org.co
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Derechos Humanos,
Larga vida a las mariposas,
Putumayo
75 Mineros Detenidos de Forma Irregular y un Número Aun No Precisado De Heridos Por Ataques De Fuerza Pública Durante Paro Minero en el Valle del Cauca
LA CORPORACIÓN SUYANA
LA RED DE DERECHOS
HUMANOS DEL SUR OCCIDENTE COLOMBIANO
“Francisco Isaías
Cifuentes”
COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS
HUMANOS DEL MOVIMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL MARCHA PATRIÓTICA.
Comunican:
Suroccidente de Colombia, 25 de julio de 2013
La criminalización de los trabajadores que practican la minería a escala
mediana, pequeña y artesanal, es uno de los puntos que motivó la realización del
Paro Minero, mediante el cual se exige
la derogación de los decretos 2235 y 0933 que les trata como delincuentes, les
quita el sustento para sus familias y los convierte en objeto de persecución
estatal. Esta no es la única reivindicación que plantean los mineros, pues una
de sus exigencias principales es la de frenar la entrega del territorio
nacional a multinacionales como BHP Billiton, Xstrata, Gran Colombia Gold,
Anglo American, Medoro Resources, Drummond, Eco Oro (antes conocida como
Greystar Resources) y Anglo Gold Ashanti, –por mencionar solo algunas de estas
empresas–; exigencia de suma importancia
del Paro Minero que actualmente se adelanta en el país, y que oficialmente
inició el 17 de julio con movilizaciones en distintos lugares del país.
En el departamento del Valle del Cauca el punto de encuentro de miles de
mineros fue el Distrito Especial del
Buenaventura. El 17 de julio centenares
de personas provenientes de los
departamentos del Chocó y Valle del
Cauca, salieron desde tempranas horas del corregimiento de Córdoba y la zona
del Bajo Calima para realizar una marcha pacífica en apoyo al Pliego Nacional Minero.
Cuando los mineros concentrados en Córdoba se aproximaron a la carretera
al mar que conduce al Puerto de Buenaventura, fueron atacados por efectivos del
Esmad con gases lacrimógenos y balas de goma, situación que se prolongó durante aproximadamente dos horas entre las
cuatro y seis de la mañana del día 17 de julio, y posteriormente a las dos de
la tarde de ese mismo día. En este hecho resultaron 11 personas heridas, tres
de gravedad, presentando diversos tipos
de fracturas, y heridas en la cabeza.
El día 19 de julio a las 00:00 horas, se registraron
nuevamente ataques indiscriminados contra los manifestantes que se encontraban
concentrados en una bomba de gasolina ubicada entre Córdoba y el Bajo Calima, en un operativo desmesurado efectivos
del Ejército, el ESMAD, la Infanteria de Marina y grupos especiales de la Policía
Nacional, quienes atacaron a los
manifestantes desde helicópteros y por via terrestre comenzaron a disparar
gases, balas de goma y otros elementos con armas no convencionales.
Los mineros reportan uso
indiscriminado de la fuerza, ataque y disparos contra la población en general.
Ante los ataques y disparos, la gente corrió hacia la zona boscosa con el fin
de buscar refugio. Como resultado de este ataque, fueron heridas decenas de
personas, cuyo número aún no
ha podido precisarse y fueron detenidas 75 más, entre las que se
encuentran 72 adultos y 3 menores de edad. Uno de los detenidos, se encontraba
JOHAN BLANDON, miembro de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente
Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes”.
Las personas que resultaron
heridas no contaron con el apoyo y la
atención médica necesaria, pues se impidió
el ingreso de ambulancias a la zona. Solo hasta después de las 10:00 a.m
del 19 de julio, pudo ingresar la misión
médica con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, para poder sacar a
los heridos del corregimiento de Córdoba
y trasladarlos hacia la ciudad de Buenaventura. En la emisión de Noticias de
las 6:30 a.m. de Caracol, El comandante de Policía de Tránsito, general Carlos
Ramiro Mena, indicó que “la intervención
coordinada con el Ejército para retomar la vía no duró más de 10 minutos y no
hubo personas lesionadas”, afirmación totalmente falsa, dada la gran cantidad
de heridos que ni siquiera a la fecha ha podido precisarse, en medio de un
operativo en el que participaron más de mil efectivos de fuerzas especiales de
la policía, el ejército y la Marina,
contra mineros inermes que en ese momento se encontraban concentrados en la
bomba de gasolina.
Los 75 detenidos fueron trasladados
a Buenaventura sin prestárseles atención médica, a pesar de que muchos de ellos
tenían heridas y contusiones debido al ataque. Tal es el caso de ELIECER MORENO, quien tiene un brazo fracturado, así como HARRISON QUIÑONES, que tuvo que ser atendido de emergencia durante la
audiencia por las heridas causadas por una bomba de gas lacrimógeno en su zona
abdominal. LUIS ERMINIO RIVAS está entre los detenidos a pesar de que
sufre discapacidad cognitiva, sin que fuera sometido a consulta médica
perentoria.
Por más de 24 horas a los
detenidos no les fue permitido establecer comunicación con los abogados. La audiencia de legalización de captura se
inicio 36 horas después de la captura. y con la presencia de 6 abogados quienes
tuvieron que asumir el acompañamiento de las 75 personas detenidas, lo cual
dificulta aun más el transcurso de las diligencias, algunos de ellos
denunciaron que ni siquiera pudieron entrevistarse con los detenidos para
conocer los hechos y aún así fueron llevados a audiencia y legalizada su
captura.
El 21 de julio de 2013, a eso de
las 9.15 p.m. mientras se realizaba la audiencia de imputación de cargos a los
detenidos, luego del anuncio del juez de otorgar medida de aseguramiento en el
lugar de residencia a 74 de los imputados,
entró un oficial con un grupo de 15 policias al juzgado, en claro acto
de intimidación a los abogados y detenidos.
A una de las personas detenidas, JUAN REYES VARGAS, sin contar con ninguna prueba en su contra se
le negó la detención domiciliaria y se llevó a la cárcel de Buenaventura,
centro penitenciario con un alto nivel de hacinamiento, ya que en los testimonios presentados por las
fiscalia no existe ningún elemento que lo vinculen con los hechos atribuidos.
A pesar de habérsele otorgado
detención domiciliaria a 74 de los 75 mineros detenidos, hasta el momento no ha
sido posible el traslado a su lugar de origen en el departamento del Chocó, la
mayoria de ellos esta en manos del gaula de Buenaventura, sin alimentación ni
posibilidad de traslado alegando falta de recursos, en una clara violación de
los derechos fundamentales, al negarse a cumplir una orden legal emitida por un
juez de la república y mantenerlos en manos del gaula sin alimentacion ni
traslado, cuando esto es responsabilidad del INPEC.
Mientras tanto otro grupo de
detenidos permanece en un hogar de paso en Buenaventura, en condiciones de
hacinamiento, la religiosa encargada de este sitio ha manifestado que estas
personas no pueden permanecer alli por más tiempo, porque no hay posibilidad de
garantizarles techo y alimentación.
RESPONSABILIZAMOS:
Al Estado
Colombiano en cabeza del señor JUAN MANUEL SANTOS CALDERON, a la Gobernación
del Departamento del Valle del Cauca en Cabeza de UBEIMAR DELGADO, al alcalde
de Buenaventura BARTOLO VAENCIA, y al General CARLOS RAMIRO MENA, por las violaciones al Derecho Internacional
de los Derechos Humanos (DIDH) e infracciones al Derecho Internacional
Humanitario (DIH) cometidas por integrantes de las fuerzas regulares del Estado
colombiano en la zona de operaciones de las unidades Policiales que dirigen.
EXIGIMOS
El cese
inmediato de todo tipo de agresiones, intimidaciones, hostigamientos y
represiones a los mineros del Valle del Cauca y Chocó, así como los miles de mineros
de otras zonas del País que realicen cualquier tipo de actividad como medio de
protesta legítima.
Garantías mínimas
a las personas detenidas para retornar a sus viviendas y cesar la criminalización del derecho a la PROTESTA
SOCIAL por las reivindicaciones de los trabajadores en el sector minero.
El traslado y la
alimentación de los detenidos es responsabilidad del INPEC, por lo cual es
inexplicable que las personas judicializadas se encuentran a cargo del GAULA. Se debe garantizar el traslado
hacia sus lugares de origen lo antes posible para hacer efectiva la detención domiciliaria.
Se debe solucionar la situación de los detenidos que se
encuentran en el hogar de paso en Buenaventura de manera urgente, ya que se
encuentran en situación de hacinamiento
y las directivas que manifiestan
que no los pueden mantener más en este lugar.
Se garantice y
respete los derechos fundamentales a los detenidos, ya que en todo el
procedimiento fue violado el debido proceso.
Se respete el
derecho a la igualdad del detenido JUAN REYES VARGAS para que sea al igual que los otros
74 detenidos devuelto a su lugar de origen.
INSTAMOS A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS
HUMANOS Y ORGANIZACIONES POPULARES A MANTENERSE ATENTOS Y ALERTA LA CRITICA
SITUACION DE DERECHOS HUMANOS QUE ESTAN AFRONTANDO LOS MINEROS DEL PAIS
CORPORACIÓN SUYANA
RED DE DERECHOS HUMANOS DE SUROCCIDENTE COLOMBIANO
“FRANCISCO ISAIAS CIFUENTES”
COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS
HUMANOS DEL MOVIMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL MARCHA PATRIÓTICA.
Etiquetas:
Derechos Humanos,
Valle del Cauca
