Persecución Y Hostigamiento Contra Familiares Del Prisionero Político Oliver Jascue Calambas, Recluido En La Cárcel De Santander De Quilichao.
DENUNCIA
PÚBLICA
LA
CORPORACIÓN COLECTIVO DE ABOGADOS SUYANA
DENUNCIA
Ante
la comunidad nacional e internacional
Persecución Y
Hostigamiento Contra Familiares Del Prisionero Político Oliver Jascue Calambas,
Recluido En La Cárcel De Santander De Quilichao.
La señora Nancy Secue
esposa del prisionero político Oliver
Jascue Calambas recluido desde el 20 de
marzo de 2013 en la cárcel de Santander de Quilichao, campesino víctima de montaje judicial,
denuncia persecución y hostigamiento en contra de ella y de sus hijas menores
de edad.
La corporación Colectivo
de abogados Suyana presenta a continuación la denuncia expuesta por la señora
Nancy Secúe identificada con c.c 1061428605 del municipio de Caloto,
a la que la corporación le está
realizando acompañamiento.
HECHOS
Desde el momento de la
captura de Oliver Jascue, mis hijas y yo nos
fuimos a vivir al corregimiento de Toes, municipio de Caloto,
departamento del Cauca, allí hemos tenido que padecer la persecución y
hostigamiento por parte de agentes del
Estado, así como visitas intimidatorias de
manera constante de desconocidos
en nuestra casa.
Los hechos mas recientes
ocurrieron la semana pasada, el día martes 20 de agosto, cuando un desconocido
llegó a preguntar en varias ocasiones por alguien a quien no conocemos, ese mismo día en horas de la
noche llegaron dos personas a la casa e intentaron abrir la puerta,
aprovechando que las niñas se encontraban solas.
El pasado sábado 24 de agosto aproximadamente a las 10:00 p.m
en el marco de un evento que se estaba realizando en el caserío, desconocidos
llegaron al vecindario preguntando a
varias personas por mi, pidieron
información sobre donde vivía y que hacía.
Este ya es un hecho
repetitivo, constantemente hay personas rondando la casa de civil, generalmente
en moto de alto cilindraje y sin placa. En este momento siento mucho temor por
mi integridad física, pero sobre todo por la de mis tres hijas menores de edad,
ya que la mayor parte del tiempo ellas permanecen solas porque yo tengo que
salir a rebuscarme para sobrevivir.
CONTEXTO:
Es importante resaltar,
que el corregimiento en el que habita doña Nancy esta ubicado en una zona
fuertemente militarizada y enmarcada dentro de la estrategia militar denominada
“zona de consolidación”, estrategia caracterizada por un importante incremento
de la fuerza pública, así como por el
señalamiento de sus habitantes como miembros o auxiliadores de grupos
insurgentes y cuyos resultados han sido el incremento de falsos positivos
y capturas sustentadas en montajes judiciales.
ANTECEDENTES
Mi esposo Oliver Jascue
Calambas fue capturado el pasado 20 de marzo de 2013 a las 5:30 de la mañana,
cuando un grupo de uniformados llegó a
nuestra casa tumbando la puerta y causando destrozos en la propiedad. Sin
importar la presencia de menores de edad, golpean, insultan y destrozan todo lo
que encuentran en la casa.
En el allanamiento que
se realiza de forma arbitraria y en el que no nos permiten verificar el
procedimiento, llegan a revisar solo algunas habitaciones, es de anotar que los
cuartos estaban a oscuras, nos advirtieron que no fuéramos a prender luces,
para nuestra sorpresa uno de los integrantes de la policía le dijo a su
superior que había encontrado unas
bolsas.
Como mi familia es
numerosa mis otros niños estaban durmiendo en habitaciones de la casa contigua,
allí llegaron azotando la puerta y tumbaron una de ellas, gritando hijueputas
hijos de guerrilleros, apuntándole con armas a los niños en la cabeza y
preguntando por munición, armas y cosas que no teníamos. Mi bebe de seis meses dormía en una
colchoneta en el suelo, sin ninguna consideración la levantaron con violencia y
lo arrojaron contra la pared golpeándolo.
Mi esposo es detenido y
llevado a la cárcel de Santander acusándolo de un delito en el que nada tiene
que ver, él es un campesino, que lo único que hace es trabajar la tierra para
lograr el sustento de su familia, de eso puede dar fe mucha gente de los sitios
en los que hemos vivido, esto no es más que otro falso positivo.
EXIGIMOS
Al Estado Colombiano, en
cabeza del presidente Juan Manuel Santos, se garantice la vida y la integridad
de la Señora Nacy Secue, así como de su familia
SOLICITAMOS
A la DEFENSORÍA DEL PUEBLO que cumpla con su deber constitucional
de verificar el respeto de la vida, la integridad física y la tranquilidad de doña Nancy Secué y su familia.
A NACIONES UNIDAS, CRUZ ROJA INTERNACIONAL, realizar seguimiento
constante a la situación denunciada sobre el presente caso.
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS
NACIONALES E INTERNACIONALES: Respaldar la presente Denuncia enviando sus
cartas a las siguientes direcciones:
Juan Manuel Santos
Presidente de la República
Cra. 8 # 7-26, Palacio de Nariño.
Santa Fe de Bogotá. Fax:+57.1.566.20.71
Angelino Garzón
Vicepresidente de la República
Tels. (+571) 334.45.07,(+573) 7720130,
E-mail: hernanulloa@presidencia.gov.co
Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional
Humanitario.
Calle 7 N° 5-54 Santafé de Bogotá
TEL: (+571) 336.03.11
FAX: (+57 1) 337.46.67
E- mail: cefranco@presidencia.gov.co
Eduardo Montealgre Lynett
Fiscal General de la Nación
E-mail: fibarra@presidencia.gov.co
Fiscalía General de la Nación
Diagonal 22 B No.52-01
Santa fe de Bogotá.
Fax: (+571) 570 20 00
E-mail: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co
Fernando Carrillo Flórez
Ministro del Interior
Carrera 9ªN. 14 -10 Bogotá D.C
e-mail ministro@minjusticia.gov.co
Ruth Stella Correa
Ministra de Justicia
Carrera 9 Nº 12c-10 Bogotá D.C
Fiscal General de la Nación
Diagonal 22b Nº 52-01 - Bogotá D.C
Teléfonos: 5702000 - 414 90 00
contacto@fiscalia.gov.co
Seguridad Ciudadana Y Justicia: En El Marco Del Paro Nacional Agrario Y Popular
Por: Lucas Restrepo Orrego
Agosto de 2013
Que el tridente represivo constituido por
la ley 1453 de 2011, el fuero militar y la propaganda militarista generara una respuesta
bárbara contra las movilizaciones de agosto no es extraño. Tampoco lo es que
fiscales y jueces se plieguen a las necesidades y exigencias de las fuerzas
militares y de policía. Pero la complicidad de funcionarios de la Fiscalía y de
jueces de control de garantías con la represión y el militarismo en la
judicialización ilegal de líderes campesinos, periodistas alternativos y grupos
solidarios con el paro nacional agrario y popular, es la bancarrota de la
justicia.
Todos hemos sido testigos de la violencia
oficial e ilegal que se ha ensañado contra los manifestantes en las carreteras
de Antioquia, Boyacá, Cauca y Valle: robo de comida, golpes injustificados,
exceso de la fuerza, ataques con arma de fuego, privación de garantías
judiciales, etc. Hemos sido testigos también del servilismo judicial con la
injusticia: judicialización de los líderes campesinos al tiempo que se
desangraban algunos manifestantes por heridas de bala y golpes de macana.
Empero, ni un solo policía ha sido
investigado por los excesos de fuerza con que se ha respondido a las justas
exigencias del movimiento campesino colombiano. Es así de sencillo: el abandono
y el engaño oficial ha criado un monstruo llamado indignación, inconformismo,
rabia que se despliega en las carreteras nacionales exigiendo justicia. Y la
respuesta de la justicia ha estado al nivel del engaño: reprimir al más débil,
congraciarse con el poder ilegal y mentiroso. ¿Cuántos estímulos esperan
recibir estos fiscales y estos jueces de garantías por la judicialización de
líderes sociales y periodistas alternativos? De seguro ninguno proveniente de
una política de protección al campo o de un esfuerzo por incrementar la renta
personal del campesino. Al final, el contraste es aberrante: mientras jueces
civiles y agrarios brillan por su eficiencia ejecutando a ciudadanos
empobrecidos para satisfacer el hambre del capital financiero, pequeños
agricultores aún esperan retornar a sus tierras invadidas por empresas
multinacionales, esperan ser atendidos para mejorar sus condiciones de trabajo
o esperan ser valorados como productores del 70% del mercado de alimentos en
Colombia.
Lo
que ocurrió con la justicia en Buga este 22 de agosto supera los límites de la
indignación: como en los tiempos de la colonia, los manifestantes detenidos por
protestar, fueron aislados, privados de agua y alimentos, amenazados y
expuestos en la picota como terroristas. No importó que el robo a sus
pertenencias superara los 20 millones de pesos, no importó que algunos
estuvieran heridos o hubieran sido amenazados por la Policía. Solo importaba
cumplir el triste papel del juez municipal que, ciego frente a los hechos, solo
escucha al verdugo a través de la manipulada visión del fiscal del caso para
darle término sin dilación a la legalización de todas las injusticias cometidas
en el campo.
Triste papel de un juez que puede ser
grande cuando aplica su función de garantías. Triste papel la del funcionario
judicial de menor rango que se hace grande justo en el momento en que puede
hacer grande a la justicia enfrentando la violación flagrante de la
Constitución. Pero la pequeñez y la insignificancia es el papel asignado que
gustoso ha decidido aceptar, a costa de la justicia.
Etiquetas:
Valle del Cauca
Violacion De Derechos Humanos Contra Integrantes De La Asociación De Juntas Comunitarias De Los Ríos Mira, Nulpe Y Mataje– Asominuma
El día
30 de Julio del presente año, siendo aproximadamente las 9:00 a.m. cerca de 20 unidades militares
adscritas a la Brigada Nº35 pertenecientes a la Fuerza de Tarea Conjunta
Pegaso, del Ejercito Nacional de Colombia, de manera arbitraria ingresaron y
allanaron la vivienda de los campesinos KENEY RADA OYOLA y SELGIE
ZAMBRANO, ubicada en la vereda El Playón
sector del Rio Mira, del Corregimiento de Llorente (Tumaco- Nariño).
En desarrollo de la acción irregular y según
informa la comunidad, “los uniformados recogieron un cilindro viejo que se
encontraba vacío y abandonado cerca del caserío, lo llevaron hasta la
residencia de los campesinos antes nombrados, integrantes de la Junta de Acción
Comunal de la vereda el Playón, registraron cada una de las pertenencias y
demás objetos y detuvieron temporalmente a los campesinos KENEY RADA OYOLA y
SELGIE ZAMBRANO, bajo el argumento que serían conducidos a la Fiscalía para su
judicialización”, todo esto sin que mediara orden de allanamiento, ni de
captura alguna.
Al percatarse de lo ocurrido los presidentes de
las diferentes Juntas de Acción Comunal, pertenecientes a la Asociación de
Juntas Comunitarias de los Ríos Nulpe, Mira y Mataje – ASOMINUMA- se reunieron para reclamar a los uniformados
el respeto por los derechos humanos, al debido proceso y la libertad de los
campesinos a quienes se pretendía judicializar.
Según testimonio de las comunidades: “las unidades militares armaron un artefacto
explosivo con el cilindro que ellos mismos llevaron hacia la vivienda,
amarrando alrededor de este, un cable, un paquete pequeño y finalmente lo
sellaron con cinta adhesiva, tomaron luego registros fotográficos aduciendo que
esta era una bomba que los campesinos tenían lista para explotar.”
Ante los reclamos de la comunidad hacia los
uniformados, estos exigieron a los presidentes de las juntas de acción comunal
de las veredas El Playón, Vallenato, Jardín, Aduana, Cañaveral, Tandíl, Azúcar,
Montañitas, entre otras, a figurar en un video filmado por los uniformados,
obligándoles a garantizar en el término de 15 días la comparecencia ante la
Fiscalía General de la Nación con sede en Tumaco de los campesinos KENEY RADA
OYOLA y SELGIE ZAMBRANO, sin mediar citación alguna de autoridad competente,
todo esto a cambio de dejarlos en libertad, a lo cual los integrantes de
ASOMINUMA accedieron. Siendo aproximadamente las 5:30 de la tarde y después de un largo día de señalamientos e
intimidaciones los militares destruyeron
el artefacto explosivo que ellos mismos armaron.
Antecedentes
La Asociación de Juntas Comunitarias de los
Ríos Mira, Nulpe y Mataje ASOMINUMA, de la Coordinación Departamental Nariño
del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano - PUPSOC y del
Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, al igual que varias
organizaciones sociales que hacen presencia en el departamento de Nariño desde
hace varios años ha sido señalados, amenazados, estigmatizados y varios de sus
miembros han sido víctimas de violaciones de derechos humanos como lo muestran
los antecedentes:
·
El día 26 de Abril de 2013, en medio de enfrentamientos entre un grupo
armado ilegal y el Ejército Nacional resultó muerto el campesino ALVARO
FERNANDO QUENGUAN, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de Mugui y
fueron detenidos de manera arbitraria señalados de ser guerrilleros los
campesinos ELIDERMAN GUTIERREZ RAMOS, YEHIMI JOHANA BONILLA TRUJILLO, ALVARO DE
JESUS ZAMBRANO, LIBARDO ROSERO URBANO, ALBEIRO CASTAÑO, JOSE ARMANDO SANCHEZ
BALDERRAMA, JOSE ERNEY ARCINIEGAS, OSCAR ALBEIRO MORALES, HECTOR ALIRIO TORO
ROMO, ARGELINO OCORO ARBOLEDA, LUIS DAVID MOLINA CAIBIDO, JUAN CARLOS QUENGUAN,
VICTOR JULIO SANCHEZ PINZÓN y BLAS FRANCISCO RAMIREZ HERRERA, quienes
posteriormente fueron dejados en libertad por irregularidades en la captura.
Estas acciones sin observar respeto por el DIH en lo que se refiere al
principio de distinción.
·
El día 20 de Mayo de 2013, en la vereda Corosala, integrantes de la
Fuerza de Tarea Conjunta Pegaso del Ejército Nacional ingresan a la casa de
habitación de los campesinos CRISTIAN BURBANO y la señora ESMEDA PRECIADO y posteriormente a la casa de LUIS JUATIN y de la señora
JENIFER GARCIA, viviendas en las que se realizaron allanamientos ilegales,
registro de las pertenencias, señalando
a los campesinos de ser guerrilleros
y llevándose los alimentos de las
familias antes mencionadas. Además se profirieron amenazas contra las familias
advirtiéndoles que “los tenían entre ojos y que les prohibían salir de la
vereda.”
·
A mediados del mes de Julio de 2013 miembros de la Brigada N° 35 del
Ejercito Nacional de Colombia, detuvieron de manera arbitraria a un campesino
que por razones de seguridad se reserva su identificación, quien labora en una
de las fincas ubicadas en la Vereda el Azúcar, sobre el Rio Mira. El campesino
fue amarrado de pies y manos con cordones, torturado, atado a un árbol, su
cabeza fue atada con una capa perteneciente al Ejercito Nacional, golpeado y señalado de ser guerrillero. Fue
dejado en libertad por exigencia de varios integrantes de ASOMINUMA quienes se
percataron de los hechos y acudieron rápidamente en su auxilio.
Las Unidades militares, en desconocimiento de
la Constitución Política de Colombia, han usurpado funciones de policía
judicial, en las acciones ilegales
procediendo a indagar personas, filmar sus rostros, proferir señalamientos
y someter a tratos crueles, inhumanos y degradantes a la comunidad. Tal
proceder constituye una violación al debido proceso constitucional y pone en
riego a la comunidad frente a los diferentes actores armados que existen en el
territorio.Es evidente el contenido intimidatorio de este proceder, por cuanto,
hechos como estos en Colombia comúnmente han precedido a las ejecuciones
extrajudiciales y montajes judiciales.
Las organizaciones que suscribimos el presente
comunicado repudiamos las acciones arbitrarias adelantadas por miembros del
Ejército Nacional de Colombia quienes actúan en representación del Estado y
vienen ocasionando afectaciones sobre la
población civil, estigmatizando y poniendo en riesgo a las personas, procesos
sociales que se gestan, y ante todo a la vida comunitaria que se teje en los
territorios.
Responsabilizamos al Estado y a las Fuerzas
Militares presentes en la zona por los perjuicios físicos, psicológicos y
materiales que se ocasionen a la comunidad y a los integrantes de ASOMINUMA
como resultado del proceso de militarización que se lleva a cabo en la zona.
Solicitamos a las autoridades competentes que
en la menor brevedad procedan a excluir de cualquier archivo de inteligencia
militar la información recaudada, con verificación de las Entidades encargadas.
(Defensoría- Procuraduría)
Solicitamos a la Fiscalía y a la Procuraduría
General de la Nación iniciar las correspondientes investigaciones de los
militares adscritos a la Fuerza de Tarea Pegaso del Ejército Nacional de
Colombia, que hacen presencia en la zona para que se esclarezcan los hechos y
se adopten las sanciones que correspondan.
Solicitamos al Ejercito Nacional de Colombia,
Fuerza de Tarea Conjunta Pegaso que explique su accionar arbitrario y se
comprometa de manera seria con el respeto a los Derechos Humanos y el Derecho
Internacional Humanitario.
Solicitamos a
La Gobernación Del Nariño, adelantar las medidas necesarias para lograr
garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física
y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y
reputación de los integrantes de las diferentes organizaciones sociales y
políticas que existen en el territorio nariñense.
Solicitamos a La Oficina Del Alto Comisionado
De Las Naciones Unidas Para Los Derechos
Humanos, pronunciarse sobre estos hechos y a realizar seguimiento constante a
las investigaciones hasta que se culmine y sancione estos hechos.
MOVIMIENTO
DE VICTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO – NARIÑO -MOVICENAR
COMUNIQUESE:
JUAN
MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá
Fax. 5662071
Fax: (+57 1) 566.20.71
E-mail: comunicacionesvp@presidencia.gov.co
ANGELINO
GARZÓN
Vicepresidente de la República
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.
JUAN
CARLOS PINZÓN
Ministro de la Defensa
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá
D.C.
siden@mindefensa.gov.co,
infprotocol@mindefensa.gov.co, mdn@cable.net.co
FERNANDO
CARRILLO.
Ministro del Interior
Carrera 9a. No. 14-10 - Bogotá, D.C.
e-mail: german.vargas@mij.gov.co,
ministro@minjusticia.gov.co
PBX (+57) 444 31 00 Ext. 1820
RUTH
STELLA CORREA PALACIO
Ministro de Justicia y del Derecho
LUIS
EDUARDO MONTEALEGRE
Fiscal General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01 - Bogotá, D.C.
Teléfonos: 570 20 00 - 414 90 00
contacto@fiscalia.gov.co,
denuncie@fiscalia.gov.co
JORGE
ARMANDO OTALORA
Defensor del Pueblo
Calle 55 # 10-32, Bogotá
Fax: (+571) 640.04.91
E-mail: secretaria_privada@hotmail.com,
agenda@agenda.gov.co,
defensoria@defensoria.org.co
ALEJANDRO
ORDOÑEZ MALDONADO
Procurador General de la Nación
Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.
anticorrupción@presidencia.gov.co,
reygon@procuraduría.gov.co
OFICINA
EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE
NACIONES
UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS
Calle 114 No. 9-45 Torre B Oficina 1101
Edificio TeleportBussines Park – Bogotá,
Colombia
Teléfono PBX (57-1) 629 3636 (57-1) 629 3636
Fax (57-1) 629 3637
E-mail: oacnudh@hchr.org.co
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Derechos Humanos,
Larga vida a las mariposas,
Putumayo
Rechazo por asesinato del Profesor Francisco Javier Ocampo
PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO
El pasado lunes 5
de Agosto como es nuestra costumbre sintonizamos los noticieros de radio en
horas de la mañana, en estos difundieron la noticia que había sido abatido un delincuente
en el barrio Brisas del Limonar de Santiago de Cali, la noticia decía que dicho delincuente portaba un arma de fuego y panfletos de los rastrojos
para extorsionar a los comerciantes del sector.
¡OH sorpresa!
cuando en el transcurso del día nos enteramos que la persona asesinada en este
sector era el profesor FRANCISCO JAVIER
OCAMPO CEPEDA, profesor del colegio Antonio José Camacho de esta ciudad.
Pacho como le
decía todo el mundo, era respetado por toda la comunidad educativa, sus amigos
y todos aquellos que de una y otra forma conocimos al profesor Pacho, reconocemos
en él su capacidad intelectual, su don de persona solidaria su fraternidad y
sobre todo su compromiso indeclinable con los derechos humanos.
En las acciones
de represión de la policía contra los estudiantes, siempre encontramos en Pacho
un apoyo para conjuntamente realizar acompañamiento a los estudiantes. Pacho
siempre estuvo preocupado por las desigualdades sociales de nuestro país,
sabíamos de su respeto y compromiso con las luchas sindicales.
Recordamos a
Pacho como incondicional en temas como
el de Resolución de conflictos, entre los estudiantes, por ello se ideo
el proyecto CALIBRA, para mediar entré los estudiantes de los colegios Camacho
y Santa Librada; en resumen siempre nos encontramos con Pacho en los espacios
de Derechos Humanos. ¿Nos preguntamos y nos resistimos a creer como una persona
con una trayectoria intachable y de tantas
calidades humanas, siempre rodeado y querido por sus estudiantes, su
familia, amigos y comunidad educativa
sea tratado como un delincuente.
Rechazamos con
vehemencia el asesinato de Pacho, repudiamos la forma apresurada e
irresponsable como desde diferentes
medios de comunicación se enlodó la imagen del profesor, exigimos se rectifique
públicamente, se dignifique el buen nombre del profesor.
Exigimos que se
castigue a los perpetradores de la muerte del profe. Llamamos a los estudiantes
del Camacho que a pesar de ya no contar con la presencia física y su cuerpo haya sido sepultado ayer, sus
ideas y preceptos ustedes los lleven siempre.
Santiago de
Cali, Agosto 8 de 2013
JUNTA DIRECTIVA
DEPARTAMENTAL
La Marcha de los Condenados
Por: Lucas Restrepo Orrego [1]
Artículo publicado en el periódico Voz
del 31 de julio de 2013, página 9
En tiempos de virreyes y del derecho
indiano, la marcha de los condenados constituía una parte muy importante del
ritual punitivo colonial: la exposición pública del cuerpo del desgraciado, a
veces a pie, a veces a caballo, vestido con el sambenito, en compañía de una
guardia modesta y el pregonero de la falta cometida. El destino final: la horca
en un lugar apartado o la quema del cuerpo del inmoral. La “fiesta punitiva”
estaba integrada tanto por los suplicios como por la gran marcha que
escenificaba de forma sangrienta, pero perfectamente racionalizada, la culpa
del condenado y en la que todo el pueblo participaba con su mirada, su
desprecio o su tímida simpatía.
Los tiempos cambiaron: de una parte, el
humanismo liberal se impuso en los discursos jurídico-penales y, de otra, el
suplicio fue paulatinamente abandonado por un castigo privado y exhaustivamente
reglamentado en miras a retomar el nuevo objeto del castigo: el alma y ya no el
cuerpo. Sin embargo, apareció de forma extraña a este movimiento liberal la
estrategia de la prisión: una rehabilitación sin rehabilitación que terminó ocultando
y aislado el suplicio, integrándolo a los pequeños mecanismos de control que
constituyen las instituciones de encierro. Mientras que, ya bien entrado el
siglo XIX, el mundo rechazaba los castigos físicos a través de los códigos
penales clásicos, en las nuevas cárceles de Francia, Bélgica y Estados Unidos
se implementaban pequeños rituales de tortura
como una parte esencial de la imposición de la disciplina interna.
Desapareció la humillación pública pero emergió, en su lugar, un sinnúmero de
humillaciones privadas operadas ya no por autoridades judiciales sino por agentes
administradores de la prisión.
Es así como, en nuestra sociedad, la cárcel
no puede funcionar si no es a condición de hacer recaer sobre el cuerpo del
prisionero un sinnúmero de castigos adicionales a la sola privación de la
libertad. “Intercambio” de tiempo de libertad por rehabilitación que viene
acompañado de un largo suplicio y que, en Colombia, adquirió ya dimensiones
brutales. Ahora bien, las importantes conquistas de los pueblos en las
declaraciones de derechos contenidas en el texto constitucional de 1991 son,
más que abstracciones humanistas, verdaderas reivindicaciones frente a los
estados de dominación y explotación presentes en nuestra sociedad.
Especialmente los prisioneros saben que el contenido de la dignidad humana
trasciende cualquier discusión teórica entre un profesor de derecho
constitucional y su alumno: ellos piden el control sobre sus cuerpos.
Pero ahora la brutalidad oculta ha empezado
a superar la privacidad de los muros de las cárceles colombianas, especialmente
de esas cárceles ilegales que son los ERON. Brutalidad perfectamente racionalizada
y acompañada de una mentalidad colonial degradante. Algo así como que “si lo
hacen en Estados Unidos, entonces es bueno”. Pues bien, a la insoportable
situación que están viviendo los presos en todas las cárceles del país, se suma
ahora una renovada “marcha de los condenados”, como en los tiempos de Carlos
III. Presos que llegan a las audiencias encadenados de pies y manos, rodeados
de un pequeño ejército de guardianes del INPEC, trasladados desde las jaulas de
los juzgados hasta las diminutas salas de audiencias de nuestro sistema
acusatorio, expuestos al escarnio y a la humillación pública.
En la ciudad de Cali, por ejemplo, con una
intensidad hasta paradójica vivimos esa humillación. La nueva obra pública, el
“Boulevard del rio” construido sobre la avenida Colombia, se convirtió en la
ruta de nuestra contemporánea marcha de los condenados: dos cuadras de este
hermoso sendero peatonal paralelo al Rio Cali
y que circunda el centro de la ciudad, son el nuevo callejón de las
humillaciones: personas encadenadas de pies y manos transitan difícilmente la
imponente obra, flanqueados por su azul escolta y observados no sin sorpresa
por algunos transeúntes. El contraste es sorprendente: un símbolo del “renacer
caleño” pareciera verse momentáneamente manchado por el lento y hasta ridículo
caminar de esos sucios “malandros”. No obstante, podemos lanzar otra mirada: aquel
progreso gris no puede venir si no está acompañado de la sangre y el sufrimiento.
El feo espectáculo que se ofrece en tan inmaculado lugar es un recordatorio:
caminarás por este boulevard libre o encadenado. Es tu decisión.
¿Y a semejante brutalidad que contestará el
INPEC o la Ministra de Justicia? Que se han presentado fugas, que la guardia no
tiene capacidad logística para responder a los pedidos de la justicia, que no
hay recursos para ofrecer un tratamiento humanitario, que algunos presos son de
alta peligrosidad. Y más allá de las respuestas obvias que cualquiera podría
ofrecer (que las fugas no son responsabilidad de los presos sino del INPEC
mismo, que no tienen por qué sufrir las consecuencias de la ineficiente
justicia colombiana, que la peligrosidad marcada por una acusación no autoriza
un tratamiento indigno, que la inocencia y la buena fe se presumen, etc.) lo
cierto es que a la Ministra no le interesa seguir escarbando las minucias de la
brutalidad punitiva y que al INPEC no le interesa más mala propaganda.
El caso de Cali es, pues, una incomodidad
porque es inevitablemente público y, sin embargo, es el modelo que se
implementará de manera generalizada. En un país donde la palabra “dignidad
humana” abunda en las sentencias judiciales pero escasea en la vida real, nada
mejor que hacer efectiva la función preventiva del castigo haciéndolo brutal,
público y desplegando con toda intensidad esa brutalidad en los escenarios más
simbólicos. Los tiempos de las masacres en la plaza pública no han terminado,
solo que ahora la sutileza es el signo de la barbarie.
Este escrito es un homenaje a las
prisioneras políticas de la Cárcel de Jamundí, quienes de forma valiente y
arriesgándose a castigos insoportables, han decidido denunciar la nueva “marcha
de los condenados”. En nombre de todos los presos del país, nos han pedido a la
sociedad colombiana que acabemos con esta ignominia. Que rechacemos estos
brutales encadenamientos y estas humillaciones públicas a que son sometidas.
Nos han pedido también que denunciemos y exijamos el fin de la tortura llamada
disciplina, porque no es solo carencia de recursos para atender a los presos
sino también estrategia para someter sus deseos y sus ideas.
[1] Abogado penalista y defensor de derechos humanos, egresado de la
Pontificia Universidad Javeriana Cali y Especialista en derecho público de la
Universidad Externado de Colombia. Miembro de la Corporación Colectivo de
Abogados Suyana y afiliado de ACADEHUM. Docente en derecho constitucional.
En Riesgo Inminente La Vida E Integridad Personal De Líder Social Integrante De La Asociación De Trabajadores Campesinos Del Valle Del Cauca-ASTRACAVA
URGENTE
A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
LA RED DE DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO
“Francisco Isaías Cifuentes”
CORPORACIÓN SUYANA
COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DEL MOVIMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL MARCHA PATRIÓTICA.
ACCIÓN URGENTE
En
riesgo inminente la vida e integridad personal de líder social integrante
de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca-ASTRACAVA, de
la Coordinación Departamental Valle del Proceso de Unidad Popular del
Suroccidente Colombiano y del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica, privado de su libertad en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelaria
Cali –Villahermosa.
DE ACUERDO A DENUNCIAS RECIBIDAS RECIENTEMENTE:
HECHOS
Valle del Cauca,
Municipio de Santiago de Cali.
Domingo 28 de
Julio de 2013
Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelaria Cali –Villahermosa, Cerca de las 10 de la mañana, cuando la señora ROSA
CAMPO, hija del Señor FÉLIX CAMPO, ingresa al centro de reclusión encuentra que
su padre se encuentra muy delicado de salud, presenta síntomas como fiebre, vómito,
diarrea, cefalea y demasiado dolor abdominal lo cual le ha impedido ingerir
alimentos llegando a un punto de deshidratación.
Adicional a éstos síntomas el señor FELIX
OCAMPO presenta desde el 2005 Osteomielitis crónica debido a una operación en
su pierna derecha, la cual está presentándole un dolor intenso, solamente le
fue suministrado un medicamento llamado “Dipirona” para el dolor, el cual le causo alergia.
Al ver la grave situación que presenta su
padre la señora ROSA CAMPO pide al guarda del INPEC el favor de llevarlo a
enfermería ante lo cual el guarda contesta: “allá no le van a hacer nada, no
hay ni medicamentos”.
Hasta el día de hoy 05 de Agosto de 2013 al
señor FÉLIX OCAMPO aun no lo llevan a enfermería, ni le prestan la atención que
su delicado estado de salud requiere, el alto estado de deshidratación en el
que se encuentra pone en claro riesgo su vida
Señalando que:
FELIX OCAMPO es prisionero político del
Movimiento campesino en el VALLE DEL CAUCA, hace parte de la Asociación de
Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca, de la Coordinación Departamental
Valle del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano y del
Movimiento Social y Político Marcha Patriótica.
FRENTE AL FUNDADO
TEMOR DEL CIUDADANO AFECTADO
RESPONSABILIZAMOS
Al Estado Colombiano en cabeza del señor JUAN MANUEL SANTOS CALDERON, a la
Gobernación del Departamento del Valle del Cauca en Cabeza de UBEIMAR DELGADO, y en particular a la Mayor MYRIAM AIDEE VARGAS GUTIERREZ Directora Regional INPEC Occidente, por las violaciones al Derecho a la vida y a la
salud.
EXIGIMOS
Responsabilidad estatal
frente a los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y
psicológica y a su dignidad por sus particulares condiciones en que se encuentra el
prisionero políticoFELIX
OCAMPO.
SOLICITAMOS
AL ESTADO COLOMBIANO
· El inmediato cumplimiento de
las reiteradas recomendaciones que sobre el respeto y acatamiento del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos ha formulado la Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, La comisión Interamericana de Derechos
Humanos de la OEA y demás organismos internacionales.
· Con base en los
artículos: 23 4, 11, 49 y 83 de la constitución nacional se le
practique en el menor tiempo posible el tratamiento médico que el prisionero
político FELIX OCAMPO requiere.
· Adelantar las medidas
necesarias para lograr garantizar los derechos a la vida, la seguridad
personal, la integridad física y psicológica, y la dignidad del prisionero
político FELIX OCAMPO
· Desarrollar las acciones
legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e
individuales por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, consagrados en los hechos de esta Acción Urgente.
A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
· Cumplir con su papel
institucional de velar por la garantía y el respeto a los derechos
constitucionales a la vida, la seguridad personal, la integridad física y
psicológica y su dignidad a FELIX OCAMPO
· Realizar acompañamiento en este
preocupante caso que pone en riesgo la vida y la integridad física del
prisionero político FELIX OCAMPO.
SOLICITAMOS
A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS
DERECHOS HUMANOS (OACNUDH)
En el marco del cumplimiento
de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del Estado
Colombiano se apeguen a las Normas internas y externas que se ha comprometido a
respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento
de las mismas.
INSTAMOS
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y ORGANIZACIONES POPULARES A MANTENERSE
ATENTOS Y ALERTA LA CRITICA SITUACION DE DERECHOS HUMANOS QUE ESTAN AFRONTANDO
EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
RED DE DERECHOS HUMANOS DEL
SUROCCIDENTE COLOMBIANO
“FRANCISCO ISAIAS CIFUENTES”
CORPORACIÓN SUYANA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL MOVIMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL MARCHA PATRIÓTICA.
5 DE AGOSTO DE 2013
INSTITUCIONES A DONDE SE
DEBEN DIRIGIR
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio
de Nariño Bogotá
Fax. 5662071
Fax: (+57 1) 566.20.71
ANGELINO GARZÓN
Vicepresidente de la
República
Carrera 8 No.7-57 Bogotá
D.C.
JUAN CARLOS PINZÓN
Ministro de la Defensa
Avenida El dorado con
carrera 52 CAN Bogotá D.C.
FERNANDO CARRILLO.
Ministro del Interior
Carrera 9a. No. 14-10 -
Bogotá, D.C.
PBX (+57) 444 31 00 Ext.
1820
RUTH STELLA CORREA PALACIO
Ministro de Justicia y del
Derecho
LUIS EDUARDO MONTEALEGRE
Fiscal General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01
- Bogotá, D.C.
Teléfonos: 570 20 00 - 414
90 00
JORGE ARMANDO OTALORA
Defensor del Pueblo
Calle 55 # 10-32, Bogotá
Fax: (+571) 640.04.91
CARLOS HERNÁN RODRÍGUEZ BECERRA
Defensor del Pueblo
Regional Valle del Cauca
Calle 23 A No. 2N-75 -
Barrio San Vicente (Cali - Valle del Cauca)
Teléfono: (57) (2)
6615333 - 6608856 - 6609382 - Fax: (57) (2) 6683929
E-mail: valle@defensoria.org.co
MAYOR MYRIAM AIDEE VARGAS GUTIERREZ
Dirección Regional INPEC
Occidente
Carrera 26 No.30-56
Barrio Prados
Teléfono: (57 + 2) 3263445
/ 3263651 / 3263957
ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO
Procurador General de la
Nación
Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá
D.C.
anticorrupció n@presidencia.gov.co,
reygon@procuraduría.gov.co
OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE
NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS
Calle 114 No. 9-45 Torre B
Oficina 1101
Edificio Teleport Bussines
Park – Bogotá, Colombia
Teléfono PBX (57-1) 629 3636
(57-1) 62
9 3636 Fax (57-1) 629 3637
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