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| Foto archivo: La Prensa Latina. |
DENUNCIA PÚBLICA
La Corporación
Colectivo de Abogados Suyana denuncia ante la comunidad Nacional e Internacional diferentes actos de persecución y hostigamiento a que están
siendo sometidos los habitantes de corregimiento El Palo, municipio de Caloto departamento del Cauca, víctimas de un montaje judicial orquestado por el
Ejército de Colombia y la Fiscalía
General de la Nación
Antecedentes:
Las locomotoras
minera y agraria (prioridad a empresas agrícolas y sector energético), en la
región que comprende el valle geográfico del rio cauca y las respectivas secciones
de las cordilleras central y occidental que lo rodean (región que abarca el
centro y sur del departamento del Valle del Cauca y el norte del departamento
del Cauca) en el suroccidente de Colombia, han venido acompañadas de una
estrategia juridico militar que ha tenido como consecuencia la destrucción de
las organizaciones sociales y la persecusión de sus líderes. De igual
forma, esta estrategia ha generado un
despojo de parcelas a gran escala, una violación de la autonomía de los pueblos
indígenas y afrodescendientes.
Dicha estrategia
se ha denominado plan “consolidación”, utilizando para ello los diversos
aparatos del poder entre ellos del aparato Judicial y al Ejército, que actuando
de manera conjunta, han radicalizado la persecución contra los campesinos, sus
organizaciones y líderes. Plan, implementado por el Ejército y en el que juega
un papel determinante el aparato judicial, para hacer aparecer a las
comunidades organizadas del campo, a sus hombres, y mujeres como delincuentes
al servicio de grupos políticos- rebeldes, y por tanto perseguirlos y judicializarlos, legitimando por la fuerza de
las armas, la bendición de Jueces y fiscales.
Como
consecuencia de la implementación de estas Políticas Estatales, se utiliza un
aparato Judicial reforzado por la mal llamada ley 1453 de 2011 de seguridad
ciudadana, apoyados por los medios de comunicación; se comenzó a mostrar a
nuestros campesinos, labriegos, sus organizaciones, como delincuentes,
auxiliadores o integrantes de los grupos políticos alzados en armas contra el Estado, para así
justificar el traslado masivo de tropas, con el fin de capturarlos y judicializarlos.
Los procesos
judiciales contra estos habitantes se caracterizan por las siguientes circunstancias: todos los judicializados son
labriegos, en su mayoría personas adultos mayores, trabajadores, parceleros, de
las zonas de las cuales el Estado los pretende desterrar y son agricultores
que logran su sustento en áreas de tierra no mayores a tres hectáreas en
promedio.
Finalmente, la gran
mayoría se caracteriza por poseer algún tipo de liderazgo dentro de su
comunidad: miembros de organizaciones campesinas o indígenas, comuneros,
defensores de derechos humanos, o simplemente personas con un nivel importante
de reconocimiento social.
Antecedentes del Expediente 2012-05079
El día 17 de
agosto de 2012 en las horas de la madrugada se presenta la detensión masiva y
violenta de once habitantes del municipio de Caloto. Se trata de personas
ampliamente reconocidas por la comunidad por su condición de labriegos y
trabajadores de la tierra entre ellos se encuentran lideres y defensores de
DD.HH que pertenecen también a la Asociación Campesina de Caloto: GERARDO BARONA, JAMES BARONA, WILSON
CASTRILLON CANDELA, FRANCY ELENA VALENCIA GARCES, DANIEL
SECUE, JOHN ALONSO BONILLA, MARTHA LUCIA PIÑIMUE CRUZ, LUIS IDILVIO VITONAS MESTIZO, GUILLERMO
URREA, MANUEL JESUS GUETIA ACUE
Y LUIS ENRRIQUE BEDOYA.
El expediente
contra estos ciudadanos fue construido con los testimonios de tres presuntos
“ex-guerrilleros”; testimonios que permanecieron ocultos e inmunes al control
constitucional. Sin que los organismos de control se hayan manifestado contundentemente, en la
diligencia judicial de imputación de cargos; se le ocultó a la defensa los
elementos de conocimiento que motivaron las judicializaciones. Así, con este
procedimiento irregular, todos estas personas
fueron sometidos a medida de aseguramiento en la cárcel de Santander de
Quilichao por una sospecha que se fundó en testimonios secretos organizados por
el ejército.
Actualmente
libres por vencimiento de términos aunque el proceso en su contra sigue en pie.
Hostigamientos
A
continuación se relacionaran las denuncias de diferentes hechos reprochables
ocurridos contra estas personas, protagonizados por miembros de la fuerza
Pública.
- Jhon Alonso
Bonilla Velazco, cc. 76’141.848 de Caloto.
El
1 de mayo de 2013 en las horas de la noche, un artefacto explosivo hizo
ignición en el alto de El Palo, corregimiento de Caloto, lugar donde se
encuentran dispuestas unas torres de telefonía celular. Al día siguiente el
ciudadano Jhon Alonso Bonilla madrugó a
trabajar al alto del Palo en una finca de propiedad de don Olmedo Caro.
Aproximadamente
a las 8 am su esposa, la señora Nori Carmenza Villa llegó a la finca y le
informó que el Ejército se encontraba allanando la casa sin orden judicial. El
Ejército llegó preguntando por Jhon Alonso, afirmando que, según fuente
anónima, él era el responsable de haber lanzado los explosivos de la noche
anterior. El Ejército se retiró a medio día aproximadamente.
Luis Edilvio
Vitonás Mestizo, C.C. 76’143.073 de Caloto
El
día 2 mayo de 2013 a las 10 de la mañana aproximadamente, se Luis Edilvio Vitonás se dirigía del
corregimiento de Mondomo hacia Santander en la moto de su hermano. A la altura
de Mandivá, dos patrullas motorizada de la Policía Nacional le ordenaron detenerse. Allí lo requisaron y
lo indagaron, sin informarle las razones de dicha detención. De igual forma, lo
trasladaron del lugar hacia un taller de
mecánica, allí desinflaron las llantas
de la moto e hicieron desarmar el tanque de combustible. Este procedimiento
abusivo lo justificaron afirmando que trasportaba droga. Después le pidieron su
documento de identidad. Luis Edilvio solo portaba la contraseña de la cédula
puesto que el documento principal esta en trámite. Seguidamente, bajo la
afirmación de que Luis Edilvio presentaba antecedentes, retuvieron ilegalmente
el documento, y hasta esta fecha, la Policía no ha efectuado la debida
devolución. Luis Edilvio solo espera que su documento de identidad no termine
involucrado en algún montaje como el que esta viviendo hoy ante el juzgado de
Caloto. La descripción de los policías
es la siguiente: el comandante de las dos patrullas no era muy alto (tal vez
1,70) acuerpado, y de origen nariñense. Había otro de tez morena, delgado y la
misma estatura de su comandante.
- Manuel Jesús
Guetia, C.C. 4’653.970 de Caloto
Este
ciudadano de Caloto denuncia que desde
que ha sido vinculado a este proceso,
ha recibido permanentes hostigamientos
por parte de miembros del Ejército, algunos de los cuales se denunciaron en la
personería municipal de Caloto.
Por
ejemplo, en un día domingo del mes de marzo del 2013, personal que hace
presencia permanente en la base militar de Caloto, lo visitó un establecimiento
comercial de su propiedad, ubicado en el mismo lugar de vivienda, (frente a la cárcel municipal del pueblo) pidieron un
tinto y estuvieron casi 2 horas en el lugar. Todo el tiempo mostraban las
armas. Su actitud, además, fue siempre intimidante. Este personal nunca está
uniformado o identificado pero siempre está armado.
En
otra ocasión, el 20 de abril de 2013, más o menos a las 2:30 PM, entraron a la
tienda los mismos personajes que estuvieron en el mes de marzo. En el momento
solo se encontraban los hijos de Manuel Jesús. Su hija, Leydi Lorena Guetia, le
dio permiso a uno de los dos sujetos para que entrara al baño, por pedido de
este. Sin embargo, entraron los dos sujetos, hicieron sus necesidades
fisiológicas y salieron .
Uno
de los sujetos es descrito así: alto, blanco, cabello ondulado, entre los 25 y
los 28 años. El otro es de baja estatura,
160 o 163 centímetros de estatura
aproximadamente, de contextura gruesa, con sobrepeso, cabello ondulado, de una
edad aproximada de 30 años.
Manuel
Jesús denuncia además, que cada vez que pasan patrullas del Ejército por su casa,
lo señalan y le hacen gestos intimidantes.
- James Barona
Avirama, C.C. 76’142.867 de Caloto.
En
el mes de mayo de 2013, días antes de una
reunión de la ONU realizada en El Palo el 7 de mayo, un soldado
perteneciente al Ejército de Colombia llegó preguntando por James, haciendo
referencia a “el pelao del problema”. James había tenido un inconveniente con este
soldado el día de la jornada electoral del año 2011, donde el soldado había
amenazado de muerte a James, según afirman otros soldados, éste pertenecía a un grupo guerrillero y allí le
decían “Kfir”
James
denuncia además, que él y su familia han
recibido hostigamientos por parte personal militar presuntamente perteneciente al Ejército, pero
uniformados con camuflados de color
negro. Dichos uniformados, hacen presencia permanente en inmediaciones de su
lugar de vivienda, les hacen gestos
amenazantes e invaden su patio trasero. Situación que es cotidiana y
reiterativa.
- Gerardo Barona
Avirama, C.C. 1061’429.183 de Caloto
El mismo día en que Gerardo salió
en libertad condicional, los soldados
de El Palo llegaron a la casa a hacerle vigilancia; realizaron rondas en su vivienda e intentaron
ingresar al patio trasero.
En
el mes de abril, cuando Gerardo se dirigía desde la ciudad de Cali hacia su
vivienda en Caloto. Aproximadamente a las 7:30 de la noche, en el retén militar
de Caloto ubicado en el cementerio, es detenido con el fin de verificar su
identidad, no obstante ser bastante conocido por los militares del lugar.
La
retención se prolongó por mas de 30
minutos sin ninguna justificación. Esto coincide con hechos de vigilancia y
persecución realizada desde vehículos de alta gama que se ubican frente a su
lugar de vivienda, desde ahí toman fotos y realizan gestos amenazantes.
Las
personas anteriormente relacionadas denuncian además, que en diferentes
ocasiones se han acercado a la fiscalía del municipio de Caloto a realizar denuncias de diferentes hechos delictivos
ocurridos en la zona, en los que han
sido víctimas o testigos, y en los que miembros de la fuerza pública y sus colaboradores se
encuentran involucrados. Sin embargo,
esta institución se ha negado a recibir dichas denuncias, bajo el argumento de que carecen de competencia.
Exigimos
A
las fuerzas militares cesen los hostigamientos y la persecución contra los
ciudadanos de Caloto y en especial contra aquellos involucrados en la
investigación con expediente 2012-05079
A
la policía Nacional que brinde la protección suficiente a las personas
involucradas en la investigación con expediente 2012-05079, a sus familias y allegados,
en su calidad de víctimas de un montaje judicial orquestado por el Ejército de
Colombia en connivencia con conocidos delincuentes de la zona.
Exigimos tambien
a la Policia Nacional le regresen la contraseña de su documento de identidad al
señor Luis Edilvio Vítonás, el cual fue
ilegalmente retenido por miembros de la Policía de Carreteras ubicados en
Mondomo, Departamento del Cauca.
Al presidente de
la República, señor Juan Manuel Santos, en su calidad de comandante en jefe de
las fuerzas militares, que detenga inmediatamente todos los procedimientos de allanamiento y registro ilegalmente
realizados por miembros del Ejército de Colombia, y que explique claramente las razones que llevaron a realizar allanamientos
de forma irregular contra el ciudadano
Luis Alonso Bonilla.
A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN que cumpla
con su deber constitucional de recepcionar las denuncias interpuestas por los
pobladores del municipio de Caloto.
Solicitamos
AL
ESTADO COLOMBIANO cumplir con su deber constitucional de respetar el derecho a
la vida, a la tranquilidad y la honra de los ciudadanos de Caloto.
A
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: difundir la presente Denuncia
A organizaciones
como Las NACIONES UNIDAS, CRUZ ROJA INTERNACIONAL, DEFENSORÍA DEL PUEBLO
realicen un seguimiento a las denuncias del presente caso
A
LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E
INTERNACIONALES: Respaldar la presente Denuncia enviando sus cartas a las
siguientes direcciones:
Juan Manuel Santos
Presidente de la República
Cra. 8 # 7-26, Palacio de Nariño.
Santa Fe de Bogotá. Fax:+57.1.566.20.71
Angelino Garzón
Vicepresidente de la República
Tels. (+571) 334.45.07,(+573) 7720130,
E-mail: hernanulloa@presidencia.gov.co
Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional
Humanitario.
Calle 7 N° 5-54 Santafé de Bogotá
TEL: (+571) 336.03.11
FAX: (+57 1) 337.46.67
E- mail: cefranco@presidencia.gov.co
Eduardo Montealgre Lynett
Fiscal General de la Nación
E-mail: fibarra@presidencia.gov.co
Fiscalía General de la Nación
Diagonal 22 B No.52-01
Santa fe de Bogotá.
Fax: (+571) 570 20 00
E-mail: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co
Fernando Carrillo Flórez
Ministro del Interior
Carrera 9ªN. 14 -10 Bogotá D.C
e-mail ministro@minjusticia.gov.co
Ruth Stella Correa
Ministra de Justicia
Carrera 9 Nº 12c-10 Bogotá D.C
Fiscal General de la Nación
Diagonal 22b Nº 52-01 - Bogotá D.C
Teléfonos: 5702000 - 414 90 00
contacto@fiscalia.gov.co
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